La Mesa de Enlace de Entre Ríos consideró que es un "mamarracho escrito desde la ciudad" el proyecto aprobado en la Cámara de Diputados de la Nación, promovido por Máximo Kirchner, que prohíbe el cambio de uso de las tierras, según la zona de 30 a 60 años, que hayan registrado incendios sean intencionales o no.

La iniciativa, que ahora deberá ser debatida en el Senado, fue duramente cuestionada por la oposición durante su tratamiento como un avance sobre la propiedad privada. Desde que se conoció el proyecto, además, entidades del agro lo criticaron.

En esta línea, la Mesa de Enlace de Entre Ríos -que integran Sociedad Rural Argentina (SRA), la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (Farer), Federación Agraria y la Federación Entrerriana de Cooperativas (Fedeco)- fustigó con dureza el proyecto.

"Se trata, sencillamente, de un mamarracho escrito desde la ciudad, sin entender la problemática rural, con un alto nivel de injusticia y con severas fisuras jurídicas", dijo la agrupación de entidades de la producción.

Para la Mesa de Enlace de Entre Ríos, la iniciativa nació "desde la desinformación, el prejuicio y la irresponsabilidad". Criticó que "no separa un incendio intencional de uno accidental, transformando la norma en un literal despropósito".

"Si el Senado confirma este dislate, quien haya tenido fuego en su campo, haya sido deliberado o no, queda imposibilitado de cambiar de actividad o de venderlo por hasta 60 años", alertó.

Para las entidades del agro de esa provincia, quien registró un incendio en su establecimiento queda sin posibilidades de defensa, además de sujeto a un castigo.

"Considerar de antemano que existe una presunción de intencionalidad (de cometer el incendio) es arbitrario y condena a quien sufrió un accidente en su campo, sin tener derecho alguno a la defensa. De este modo, el damnificado sufre el daño del fuego y la sanción del Estado por varias décadas", expresó la agrupación.

Para la Mesa de Enlace entrerriana el proyecto aprobado en Diputados no solo es "inconstitucional", sino que puede implicar otras graves consecuencias. Al respecto, ejemplificó con "el caso de un campo que esté en proceso de sucesión o en plena de división de bienes y que se incendia accidentalmente. En ambos casos la acción quedará inmovilizada por hasta 60 años. Un disparate".

Tras la aprobación en Diputados, Daniel Pelegrina, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), había considerado como un "ataque directo al campo" el proyecto, "casi suena a una venganza, ya que limitar o restringir a alguien su derecho de propiedad por hasta 60 años es una medida extrema, especialmente cuando ni siquiera se probó la intencionalidad o la culpa".

"Para empezar, hay que entender cómo se inició un fuego, quiénes son sus verdaderos causantes, porque en la inmensa mayoría de los casos los dueños de los campos o los productores no tienen ninguna responsabilidad en los incendios Por eso, lo vemos como un ataque de alguien que no entiende mucho de campo", precisó.