Ramón Antonio María Ojeda es un ex militar y ex agente de Inteligencia del Batallón 601, carapintada y “asesor” de agencias de seguridad privada. En 2016 fue designado director de Seguridad y Tránsito en la ciudad bonaerense de Capitán Sarmiento y desde 2019 integra el gabinete del intendente de San Antonio de Areco, el macrista Francisco Ratto. Desde la semana pasada está un paso más cerca de sumar una condición más a ese derrotero: la de represor. Así lo deberá determinar el Juzgado Federal número 1 de Córdoba, luego de que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación solicitara que se investigue la responsabilidad de Ojeda en violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura cívico militar en base a la recolección de una serie de testimonios que lo comprometen.

Desde el organismo a cargo de Horacio Pietragalla reunieron una serie de relatos de víctimas de delitos de lesa humanidad que señalaron a Ojeda como el teniente que los “recibió” en la Unidad Penitenciaria número 1, provenientes de otros centros clandestinos de la provincia o los “trasladó” hacia destinos en donde fueron torturados. Con esa información, más el legajo del ex militar, el área dirigida por Pietragalla solicitó al Juzgado a cargo de Ricardo Bustos Fierro que dé aviso a la Fiscalía especializada en delitos de lesa humanidad y lo investigue. 

Son tres los testimonios que reunió la representación de la Secretaría nacional, a cargo en Córdoba del abogado Claudio Ororz, y presentó en el marco de una causa que ese juzgado instruye contra más de 80 acusados provenientes del Ejército, la Policía de Córdoba y el Departamento de Informaciones de esa fuerza, en la que el área es querellante desde el pasado agosto.

La causa en la que Ojeda va a ser investigado está caratulada como “Gómez, Miguel Angel y otros” y repasa violaciones a los derechos humanos que tuvieron lugar durante el terrorismo de Estado en la UP1. Los tres testimonios que consiguió la secretaría de Derechos Gumanos y lo identifican como parte del aparato represivo integran el informe de Comisión Nacional Sobre la Desaparición de Personas (Conadep). 

Todos están vinculados a la UP1. Por un lado, el legajo número 4210 de Pablo Rubén Chabrol, en el que quedó registrado que las víctimas Jorge De Breuil y Jorge Oscar García habrían sido recibidos en esa prisión por Ojeda y llevados al CCD La Perla, donde fueron torturados brutalmente. 

Por otro, el testimonio de Oscar Samamé, quien declaró que el 18 de noviembre del ‘76 había sido trasladado de La Ribera junto con otras personas en un camión militar desde el D2 por “un oficial del Ejército de apellido Ojeda, quien era teniente”. Los testimonios integraron la causa y juicio contra Jorge Rafael Videla y otros 29 represores por el fusilamiento de 31 presos políticos detenidos en aquel penal desde antes del golpe.

Las víctimas fueron trasladadas desde la cárcel hacia el D2, en donde fueron fusiladas. Las muertes fueron tamizadas a través de un mentiroso intento de fuga y fusilados. Aquel debate culminó con condenas para todos en 2010. El 11 de octubre de 1976 se produjo el traslado de parte de las personas que meses más tarde sería fusilados en aquella fuga fraguada: Pablo Alberto Balustra, Jorge Oscar García, Oscar Hugo Hubert, Miguel Ángel Ceballos, Florencio Esteban Díaz y Marta Juana González de Baronetto. 

Según resumieron desde la Secretaría de Derechos Humanos, la orden de ese traslado la había dado el general de Brigada Juan Bautista Sasiaiñ, en su carácter de jefe de Estado Mayor del Área de Defensa 311, y concretada entre personal de la UP1 y un oficial del Ejército que se habría identificado como “teniente primero Nicolás Neme”, al que les prisioneros fueron entregades. Se les llevaron amordazades, atades y encapuchades. Aquel “Neme” dejó su firma en el registro de la UP1.

En el escrito presentado ante el Juzgado, Oroz (en nombre de la Secretaría nacional) solicitó que “urgentemente y como medida probatoria se debe ordenar una pericia caligráfica con material indubitado de la época (el legajo de Ojeda) y la firma estampada como ‘Neme’ en el registro de la cárcel del barrio San Martín”.

Ojeda lleva cuatro años de carrera política en la superficie: en 2016 fue director de Seguridad y Tránsito en la ciudad bonaerense de Capitán Sarmiento y desde 2019 integra el gabinete del intendente de San Antonio de Areco, el macrista Francisco Ratto. Su prontuario en las sombras, sin embargo, es bastante más basto.

De acuerdo a su legajo, Ojeda ingresó a la Compañía de Ingenieros Paracaidistas IV de la IV Brigada Aerotransportada de Córdoba en 1975. Nació y se formó en Villaguay, Entre Ríos. Permaneció allí hasta 1979, cuando pasó a la Escuela de Inteligencia.

Ojeda se retiró del Ejército con el cargo de mayor, en 1994, no sin antes integrar el movimiento Carapintada en donde compartió andanzas con genocidas de la calaña de Eduardo “Nabo” Barreiro. Regresó a la fuerza como integrante del Batallón 601 como “personal civil de Inteligencia”. Desde su rol de agente de inteligencia prestó servicios para Gendarmería. También trabajó en agencias de seguridad.