Una combinación de presión política y de concesiones del Poder Ejecutivo para algunas provincias le garantizaría al Gobierno los números para sancionar el proyecto de ley de legalización del aborto, que el Senado tiene previsto debatir en el recinto mañana en una sesión que, se espera, podría alcanzar las doce horas de duración.

En un escenario de voluntades volátiles en el que las convicciones de hace dos años parecen haber dejado lugar a la conveniencia política, menos de 48 horas antes del debate el tablero marca una paridad en 34 votos, con cuatro senadores en el rubro de los indecisos o de posibles abstenciones.

Sin embargo, entre los 34 legisladores que rechazan la posibilidad de legalizar la interrupción voluntaria del embarazo figuran dos que difícilmente puedan votar. Ellos son los oficialistas Carlos Menem (La Rioja), que se encuentra internado tras sufrir un problema cardíaco, y José Alperovich (Tucumán), de licencia hasta el primero de enero por las denuncias de violación que pesan en su contra.

En medio de "verdes" y "celestes" se ubican cuatro senadores que podrían inclinar la balanza para cualquiera de las dos posiciones, en una lista en la que conviven legisladores que ocultan sus votos para evitar las presiones y los escraches de ambos sectores con aquellos que no terminan de convencerse con la letra del proyecto.

En la primera de esas categorías se inscriben las senadoras Lucila Crexell (Movimiento Neuquino) y la entrerriana Stella Olalla (UCR), quienes mantienen guardada bajo sietes llaves su decisión.

"Se van a enterar de mi voto cuando apriete el botón", afirmó Crexell a LA NACION. Algo similar expresó la senadora radical, cuyo domicilio se convirtió en meca de peregrinación para los "celestes" entrerrianos el pasado 28 de noviembre, cuando los que rechazan el aborto se movilizaron a nivel nacional en contra de su legalización.

En la segunda categoría revistan el oficialista Edgardo Kueider (Entre Ríos) y el provincial Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro).

Kueider fue clave para que el proyecto consiguiera dictamen en el Senado. Sin su rúbrica no hubiese alcanzado la mayoría necesaria en Justicia, una de las tres comisiones que discutieron la iniciativa. Eso sí, firmó en "disidencia parcial", postura que justificó por la necesidad de introducirle cambios al proyecto.

Por su parte, Weretilneck, a quien todos contaban a favor del proyecto, se plantó en el último plenario de comisiones reclamando que se introduzcan cambios. Además de cuestionar la amplitud de la frase "salud integral", establecida como una de las causales que justificarían un aborto después de las 14 semanas, también pidió establecer la obligatoriedad de formular la denuncia penal para los casos por violación.

Entre los "verdes" del oficialismo confiaban en que el rionegrino finalmente terminaría votando a favor y conformándose con las promesas de que sus reclamos serían contemplados en la reglamentación de la eventual ley.

Sin embargo, el panorama pudo haberse modificado luego de que la ministra de Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, rompiera el frágil equilibrio alcanzado por los senadores oficialistas con el rionegrino cuando dijo que el Gobierno no pensaba introducirle cambios al proyecto. Después de esa irrupción, Weretilneck analiza abstenerse.

Cambios clave

La todavía frágil mayoría que tiene la legalización del aborto se logró no sin arduas negociaciones para reducir el fuerte rechazo al aborto que existe en la tropa oficialista con la intención de darle al Gobierno al menos un logro político antes de fin de año.

Uno de esos casos es el de la rionegrina Silvina García Larraburu, que en 2018 votó en contra y ahora firmó el dictamen y apoyará el proyecto. Las convicciones de la legisladora parecen haber mutado luego de un persistente trabajo de "presión política" de sus compañeras de bancada que la llevó a declarar que ahora las condiciones han cambiado, que hay un gobierno que se preocupa por la salud y que lo votará porque no se trata de una jugada del "duranbarbismo", como en 2018.

La Casa Rosada, en tanto, tuvo que apelar a su poder de persuasión con el salteño José Leavy, que hace dos años votó en contra cuando era diputado nacional.

Luego de reunirse con Alberto Fernández y de que este anunciara la concreción de un plan de viviendas en su provincia, "el Oso" Leavy aseguró que estaba "repensando" su postura. No es el único. Si hace falta, otros podrían seguir su camino.