El oficialismo aprovechará que todos los focos de la atención pública estarán puestos en el Senado -donde hoy se debatirá la legalización del aborto- para avanzar en la Cámara de Diputados en la sanción de una ley tan polémica como prioritaria para el Gobierno: la que establecerá una nueva fórmula de movilidad jubilatoria que afectará los ingresos de casi 18 millones de personas entre jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones sociales.

La sesión está convocada para las 11 y el oficialismo, en minoría, confía en que con el aporte de los bloques aliados -entre los que se cuentan los cordobeses que responden al gobernador Juan Schiaretti y el interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, que preside el mendocino José Ramón, entre otros- alcanzará el quorum y luego los votos suficientes para aprobar el proyecto, que ya tiene media sanción del Senado. Se anticipa una votación ajustada, pero aún así el oficialismo apostará a sancionar la ley sin cambios.

En la vereda contraria, el interbloque de diputados de Juntos por el Cambio, que preside Mario Negri, anticipó su rechazo al proyecto del Gobierno, al igual que los tres diputados de Consenso Federal -Graciela Camaño, Jorge Sarghini y Alejandro "Topo" Rodríguez-, los diputados santafecinos Enrique Estévez (Socialismo) y Luis Contigiani (Frente Progresista), al igual que la diputada tucumana Beatriz Ávila y los diputados de izquierda Nicolás del Caño y Carlos Giordano.

Todos ellos coinciden en un mismo argumento: con la nueva fórmula de actualización de los haberes, los jubilados perderán poder adquisitivo pues la inflación no fue incorporada como componente para la actualización de los ingresos.

La fórmula propuesta por el Gobierno establece que los aumentos se calcularán en un 50% según la variación de los salarios Indec y Ripte -de ambos el mejor-, y el otro 50% según la variación de la recaudación tributaria que va a la Anses, por beneficiarios. El aumento resultante tendría un tope dado por la variación interanual de la recaudación total del sistema previsional, por beneficiario, aumentada en un 3%.

Según el oficialismo, con esta fórmula los jubilados y beneficiarios de asignaciones sociales no perderán poder adquisitivo pues, estiman, el año próximo se prevé un crecimiento de la economía de al menos un 5% y, con él, un aumento en los salarios y de la recaudación. "Volvemos a la fórmula de 2008 con la que los jubilados ganaron un 26% por encima de la inflación, y salimos de la fórmula de Mauricio Macri de 2017 con la que los jubilados perdieron un 19%", exaltó el diputado Marcelo Casaretto, presidente de la Comisión de Previsión Social.

La oposición sostiene lo contrario: pronostica que si bien la economía tendrá un crecimiento rebote tras el desplome sufrido este año por la pandemia, advierten que la inflación podría orillar el 50% según los pronósticos de consultoras privadas y del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central.

"Han propuesto una fórmula muy parecida a la que aplicó el Gobierno de Cristina. Lo que más nos preocupa es que quitan a la inflación como variable del cálculo de la movilidad. Incorporar la evolución del Índice de Precios al Consumidor es la forma de proteger a los jubilados. Con lo que propone el Gobierno, la caída de las jubilaciones ya no tendrá piso. No hay garantías para que los jubilados no pierdan contra la inflación", alertó el diputado Luis Pastori, de Juntos por el Cambio. Según el diputado Alejandro Cacace, si se confirman los pronósticos sobre la inflación, los jubilados perderán entre 18 y 19 puntos en sus haberes.

El legislador advirtió que con esta fórmula de movilidad el Gobierno pretende ajustar el gasto público el año próximo, una de las exigencias planteadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en la renegociación de la deuda con nuestro país. De hecho, con la suspensión de la fórmula de movilidad antes vigente -que incluía la inflación como variable para actualizar los haberes- permitió un ahorro previsional de cerca de $100 mil millones en 2020, equivalente a 0,4% del PIB, según precisó un informe de Ieral, de la Fundación Mediterránea.

"La estrategia previsional durante 2020 se habría basado en tratar de mantener constante el poder adquisitivo de los adultos mayores que cobran un haber mínimo, mientras que para el resto de beneficiario se previó una caída deliberada de haberes, en términos reales, de modo que hubiera un ahorro neto para el fisco, con relación a lo que hubiera ocurrido con la aplicación de la fórmula de movilidad antes vigente", indica el informe.