En una decisión histórica, solo equiparable con la
consagración del divorcio vincular, el matrimonio igualitario y la derogación
de las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida, el Senado sancionó la ley
que legaliza el aborto sin causa hasta la semana 14 de gestación.
Tras más de doce horas de duración, el proyecto enviado por
el Poder Ejecutivo y aprobado por la Cámara de Diputados el 11 de diciembre
último fue sancionado por 38 votos a favor y 29 en contra, una abstención, con
cuatro senadores ausentes.
El voto fue transversal, ya que de los 38 votos a favor 26
fueron aportados por oficialista Frente de Todos mientas que 12 llegaron desde
la oposición.
El resultado fue casi un calco del que, en sentido
contrario, se registró hace poco más de dos años atrás, cuando Mauricio Macri
permitió que el Congreso debatiera por primera vez un proyecto de legalización
del aborto. En aquella oportunidad, el texto fue rechazado por 38 votos en
contra y 31 a favor.
Después de la sanción de la legalización del aborto, siguió
el mismo camino la Ley Nacional de Atención y Cuidado Integral de la Salud
durante el Embarazo y la Primera Infancia, conocido como el Plan de los mil
días, que establece el pago de una Asignación Universal por Hijo a concretarse
una vez por año para ayudar al cuidado de cada niño menor de tres años.
La certeza de que el proyecto se encaminaba hacia su sanción
se produjo antes de la medianoche, cuando Stella
Maris Olalla (UCR-Entre Ríos), la provincial Lucila Crexell (Movimiento
Neuquino) y el peronista tucumano Sergio "Oso" Leavy dejaron de jugar
a la escondidas y revelaron que apoyarían el proyecto.
Crexell fue una de las senadoras que cambió su voto con
relación al debate del aborto en el Senado de 2018. En aquella oportunidad, la
patagónica había optado por la abstención. Más radical aún fue el giro de la
oficialista Silvina García Larraburu (Río Negro), que confirmó en el inicio de
la sesión que su voto "celeste" de hace dos años había girado a uno
"verde". También cambió su voto Leavy, quien pasó a apoyar la
iniciativa, pese a que en 2018, como diputado, había rechazado la legalización.
Apenas iniciado el debate, y para garantizarse los votos que
lo acercaran de manera definitiva a la sanción de la norma, el Gobierno había
anunciado su disposición a modificar el texto de la eventual ley al momento de
su promulgación. El objetivo era evitar que el proyecto volviera modificado a
Diputados, lo que hubiese demorado su sanción.
Con esa modificación apostó a garantizar el voto de dos
legisladores que en las últimas horas habían coqueteado con la posibilidad de
abstenerse: el provincial Alberto Weretilneck (Río Negro) y Edgardo Kueider (Entre Ríos). La
efectividad de la jugada quedó confirmada durante la madrugada. Ambos votaron a
favor.
Además de la puja dialéctica de posturas irreconciliables
entre la defensa de la vida, que esgrimieron los "celestes", y el
derecho de la mujer a disponer de su cuerpo, que sostuvieron los
"verdes", durante el debate se escucharon fuertes cuestionamientos
políticos por el "oportunismo" del Gobierno de usar el debate del
aborto para tapar el fracaso de sus políticas en otras áreas.
"Todos están siguiendo lo que sucede acá mientras en la
Cámara de Diputados se está perpetrando el ajuste a nuestros jubilados",
denunció la radical María Belén Tapia (Santa Cruz), para quien el debate
simultáneo en ambas cámaras legislativas formó parte de un plan del
oficialismo.
Aunque menos virulentas, desde el sector "celeste"
del Frente de Todos también se escucharon reproches al Gobierno. El chaqueño
Antonio Rodas aseguró que el proyecto viola la Constitución Nacional y se quejó
porque no se realizó una consulta popular. "Estamos dejando de lado la opinión
del pueblo argentino en su totalidad", protestó.
Más quejas
Otro oficialista "celeste", el misionero Maurice
Closs, criticó la jugada del Gobierno de modificar la ley al momento de su
promulgación ("no parece la técnica legislativa más acertada", dijo"),
al tiempo que confrontó el "centralismo" del discurso
"progresista" de los sectores proaborto con la opinión mayoritaria
contraria que, dijo, existe en amplias regiones del país.
"Nos vienen a correr con que esto es ampliación de
derechos, que esto es progresismo. Podrá ser la visión del paradigma de un
momento y en un lugar de la historia, pero no del país profundo", protestó
Closs.
"La única forma de contar los porotos hubiera sido un
plebiscito", agregó, coincidiendo con Rodas. La defensa del proyecto
estuvo cargo de la oficialista Norma Durango (La Pampa). "Si hay derecho a
querer ser madre también tiene que haber derecho a no querer serlo",
afirmó la presidenta de la Banca de la Mujer.
Por su parte, María de los Ángeles Sacnun (Frente de
Todos-Santa Fe) rechazó la idea de que la Constitución defiende la vida desde
el momento de la concepción, al afirmar que ese derecho es "gradual e
incremental".
"Si seguimos en estas condiciones, las criminalizadas
son las mujeres pobres, porque hay una política penal selectiva en el país que
avanza contra las mujeres pobres; las otras se lo practican (el aborto) en una
clínica privada, pagando costosos honorarios", completó la presidenta de
la Comisión de Asuntos Constitucionales.