“Desde un principio sabíamos que estábamos por lo menos dos
votos arriba, pero había que estar calladas para ver si podíamos generar
mayores consensos”. Así definió a este diario una asesora de uno de los equipos
del gobierno nacional que participó más activamente por la legalización del
aborto, la cautelosa estrategia de las verdes para lograr la histórica sanción
de la Interrupción Voluntaria del Embarazo. La táctica, en efecto, dio
resultado y lo que en un principio parecía un empate técnico reveló ser un
triunfo claro y concreto con nueve votos de diferencia a favor de la Ley. “Fue
un trabajo de hormiga, yendo de uno en uno. No paramos hasta que supimos que
contábamos con una mayoría contundente por si alguno se daba vuelta”, confesó,
entre risas, una senadora cuyo rol fue clave en la sanción.
Una vez sancionado el derecho a la Interrupción Voluntaria
del Embarazo, los senadores y senadoras que se involucraron en cuerpo y alma
para sacar adelante el proyecto reconocieron que sabían ya hace varios días,
incluso semanas, que muchos de los legisladores y legisladoras ubicados en el
lote de “indecisos” se pronunciarían a favor. La frenética actividad que empezó
el día que Alberto Fernández pronunció su discurso en la apertura de las
sesiones ordinarias –y que luego fue detenida de manera intempestiva por culpa
de la pandemia– tuvo un cierre prudente y sigiloso, marcado por un bajo perfil
mediático y declaraciones reservadas. La estrategia “precisa, silenciosa y de
hormiga” que pasaron a adoptar les funcionaries del Poder Legislativo y
Ejecutivo respondía en gran parte al miedo a las presiones que les senadores
podían sufrir en sus terruños si manifestaban su apoyo a la legalización del
aborto.
“Hace días que nosotros teníamos el número exacto, 38 a
favor. Pero cualquier cosa podía pasar. Hubo mucha presión. Lucila Crexel,
Sergio Leavy, Rodríguez Machado, sufrieron presiones y amenazas. A algunos
senadores les empapelaron las calles y le pusieron pasacalles en las puertas de
su casa. Nuestro objetivo era proteger la integridad de los legisladores y
legisladoras”, explicó la senadora a Página/12. La neuquina Crexell y el
salteño Leavy fueron protagonistas claves en el poroteo previo a la sanción: la
primera se había abstenido en el 2018, mientras que el segundo siendo diputado
había votado en contra, y sus votos terminaron inclinando la balanza a favor de
la aprobación. Otra integrante del “club de los indecisos” era la senadora
rionegrina muy cercana a Cristina Fernández, Silvina García Larraburu, quien
había votado en contra en el 2018 pero que se especulaba que este año votaría a
favor. Larraburu fue la primera “celeste” que, en el recinto, confirmó que
votaría a favor de la legalización –con un emocionante discurso en el que
sostuvo “No es fácil deconstruirse, tambalean las estructuras”–, y la respuesta
disciplinadora de los grupos anti derechos fue rápida: unas horas después de
anunciar su voto, le construyeron un “cementerio de bebes” en la entrada de su
domicilio.
Una de las espadas principales del proyecto de IVE, además
de secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra y la ministra de las Mujeres,
Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, fue Anabel Fernández Sagasti,
mano derecha de Cristina Fernández y principal armadora en la Cámara Alta a
favor de la legalización. El presidente Alberto Fernández estaba decidido a impulsar
el proyecto, que era una promesa de campaña, pero el Gobierno debatía, pandemia
por medio, cuándo era el momento de presentarlo. Hubo un ecuentro clave y
discreto a mediados de octubre en el que solo participaron Cristina Kirchner,
Fernández Sagasti y la ministra Gómez Alcorta. Reunidas en un despacho del
Congreso de la Nación, las tres referentas políticas evaluaron el escenario
dejado por la pandemia. “Cristina estaba convencida, pero la clave para tomar
la decisión de enviarlo fue el dato de cómo desestresaría el sistema de salud
la legalización del aborto. El año pasado hubo unas 39 mil hospitalizaciones
por abortos clandestinos, y plantear que la legalización desetresaría el
sistema de Salud terminó por convencerla”, sostuvo una vocera legislativa, que
agregó que, a partir de entonces, Cristina “designó a Anabel como su
interlocutora y la puso como principal armadora del Senado”.
A partir de entonces, comenzaron las reuniones con el
presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, así como con varios
diputadas y diputadas del Frente de Todos, especialmente con Mónica Macha,
Cecilia Moreau, Pablo Yedlin y Carolina
Gaillard. A su vez, empezaron también los primeros encuentros con los
referentes “verdes” de Juntos Por el Cambio, centralmente Silvia Lospenatto,
Brenda Austin, Martín Lousteau, Guadalupe Tagliaferri y Carla Carrizo. “La
situación era complicada porque había algunas figuras de la oposición que, como
el proyecto era del Ejecutivo, sostenían que no le podían dar el triunfo a
Alberto. Y presionaban. Pero la verdad que el trabajo realizado entre el Frente
de Todos y Cambiemos tiene que servir como base para empezar a debatir otras
políticas públicas que necesita la Argentina”, indicó Fernández Sagasti a
Página/12.
Finalmente, luego de este extenso trabajo de hormiga, el
aborto es Ley. Ahora, sin embargo, se abren diferentes desafíos para lograr
garantizar la aplicación en todo el territorio nacional. “Vamos a tener que
trabajar mucho. Todavía no pudimos aplicar de manera uniforme y contundente la
ESI, ni hablar el protocolo de ILE. Pero de a poco lo vamos a lograr”, se
mostró confiada Fernández Sagasti.