La Unidad de Información Financiera (UIF) se presentó como
querellante en la causa que investiga a la
compañía “El Carmen S.A.”, fabricante del jugo Citric, por contaminación
ambiental en la ciudad entrerriana de Chajarí.
Tras cinco años de amparos, acusaciones y denuncias contra
la empresa fabricante de jugos, el organismo nacional solicitó que se designe
un interventor en la causa y sostuvo que "la contaminación de tierras y
cursos de agua mediante efluentes volcados por parte de la empresa en el arroyo “Las Alpargatas” de Entre Ríos, podría
tratarse de un caso de lavado de activos a partir de un delito ambiental, del
cual se obtendrían ganancias de manera ilícita como resultado de su actividad
formal". Es que con el volcado de residuos tóxicos al arroyo, sostiene la
denuncia, la institución no sólo omite la obligación legal de tratarlos sino
que además se ahorra una importante suma de dinero que pasaría a engrosar sus
ganancias. Por este motivo, desde la UIF sugieren que se realice una
investigación patrimonial sobre los flujos económicos que genera la producción
de El Carmen para conocer la magnitud de los activos.
La empresa se encuentra en la mira desde el 2015 cuando
Néstor Masilli, un vecino dueño de una chacra cercana a la rivera, presentó un
recurso de amparo por contaminación ambiental. Recién dos años más tarde, una
intervención del Consejo Regulador del
Uso de Fuentes de Agua (Corufa), dependiente del Ministerio de Producción de la
provincia de Entre Ríos, incitó sin éxito a la empresa a disminuir sus
descargas tóxicas. En esa ocasión la compañía manifestó contar con un sistema
moderno y efectivo para cuidar el medioambiente. Asimismo, aseguró ante el ente
regulador que había puesto en marcha nuevas obras en su planta con la intención
de disminuir los tóxicos y mejorar los procesos a favor del medio ambiente.
Al no ver ningún cambio en la actitud de la empresa, Masilli insistió nuevamente y presentó en
mayo del 2019 una denuncia ante el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay
por contaminación ambiental. Esta denuncia fue acompañada por pruebas técnicas
que demuestran de qué manera los desechos industriales de la fábrica han
derivado en altos índices de contaminación y las consecuencias que tuvieron en
el arroyo: produjo la extinción de todo
tipo de vida, imposibilitando la utilización del agua como recurso tanto para
el riego de cosecha o como líquido para el ganado.
Entre las pruebas que lograron que la causa avanzara figura
el resultado del estudio solicitado por la Escuela Manuel Belgrano ubicada
cerca del arroyo, para conocer las condiciones en las que se encontraban las
napas de donde extraían agua para consumo. Los resultados de los exámenes
fueron concluyentes y demostraron que el agua no es bacteriológicamente potable
para el consumo humano. El estudio aportó otro dato: el agua dejó de ser
potable al menos desde 2017.
Hacia principios del año anterior y ante la insistencia de las denuncias, El Carmen SA difundió un comunicado en el que aseguró que “sí cuenta con un proceso previo de tratamiento de efluentes. Actualmente los efluentes no son químicos tóxicos sino orgánicos y biodegradables y cuentan con el mencionado proceso previo. Desconocemos el origen del resto de efluentes que recibe el cauce”, ya que “en los últimos tres años la compañía ha disminuido sus efluentes en un 60 por ciento“, aclaró.