El Gobierno del cordobés Juan Schiaretti informó el pasado
viernes que, tras recibir la certificación de rigor, “el porcentaje de
consentimientos recibidos de los tenedores de los títulos de deuda
internacional asciende al 96,29% promedio”.
Por esas horas, y vía un breve comunicado, el Ministerio de
Finanzas que conduce Osvaldo Giordano señaló que ese resultado “refleja el
éxito del proceso de reestructuración de la Provincia”, en referencia a una
operatoria que involucra unos u$s 1.700 millones.
El acuerdo -anticipado el pasado 11 de enero por el
Ejecutivo provincial- incluye una reducción de un punto en la tasa de interés
(que pasa del 7,23% al 6,08 promedio, lo que representa un ahorro de u$s 200
millones en los próximos ocho años) y posterga el primer vencimiento para 2023
y el último para 2029 (lo que se traducirá en un ahorro temporario de u$s 700).
No incluye una quita de capital.
“Lo que se está proponiendo es algo muy razonable con
relación a la capacidad de ahorro de la Provincia”, aseguró Giordano, en
declaraciones al diario Puntal.
Días atrás, el ministro de Economía nacional, Martín Guzmán,
había afirmado que “algunas provincias miran el corto plazo” y que, “en cambio,
otras actúan con más paciencia, de una forma más sensata y tomándose más tiempo
para que la propuesta sea sostenible, y eso es lo que Nación fomenta”. Y a la hora de destacar a distritos que
avanzan en base a lineamientos nacionales citó a Entre Ríos, Buenos Aires y
Chaco, y no a Córdoba. El pasado viernes, desde Chaco, Guzmán volvió a insistir
en bregar por la sostenibilidad de la deuda en las negociaciones que encaran
las provincias.
“Lo que entiendo es que es un planteo razonable el que
hacen: acordemos con los acreedores un plan que sea factible, que pueda ser
afrontado por cada jurisdicción; con ese marco teórico es que hablamos con
ellos desde mediados del año pasado y lo de Córdoba encuadra en eso”, dijo
Giordano al diario cordobés.
Resta ahora que el Gobierno de Alberto Fernández avale la
nueva emisión de bonos del canje local.
“Ahora nos queda un tema formal: ya enviamos toda la
documentación y esperamos que la semana que viene se apruebe para la emisión de
los nuevos bonos”, sostuvo Giordano.
Con ese telón de fondo, la Coalición de Bonistas de
Provincias Argentinas salió ayer a marcar la cancha, con tono de advertencia. A
través de Twitter, aseguraron: “96% de los bonistas aprueba reestructuración de
Córdoba. Muestra que tienen principios pero son pragmáticos. Lamentablemente la
“victoria simbólica” exigida por la Nación al recortar el cupón en 0,25% le
costará cuando vuelva a los mercados. Los prestamistas tienen larga memoria”.
En paralelo al capítulo cordobés, corre una cuenta regresiva
para la administración de Axel Kicillof: el viernes vence el plazo de la última
prórroga para adherir a la propuesta de reestructuración de deuda por u$s 7.148
millones.
“La Provincia planea continuar el diálogo de buena fe con
los acreedores privados externos con el objetivo de alcanzar un acuerdo que
respete su capacidad de pago y el marco de sostenibilidad de la deuda pública
provincial en el mediano y largo plazo”, indicó la gestión de Kicillof días
atrás.
La propuesta bonaerense original incluye un período de gracia de 3 años, una quita de intereses de 55% y de 7% de capital y una extensión de los plazos de vencimientos, con la mirada puesta en reducir en $ 5 mil millones la carga total de la deuda en el período 2020-2030. Pero luego desde la cartera de Pablo López se mostraron dispuestos a consensuar enmiendas, aunque siempre bajo la premisa de la sostenibilidad de la deuda.