Los ministros de Economía de seis provincias con conflictos de deuda asistieron a una cumbre convocada por el gobierno de Axel Kicillof en La Plata con el objetivo de coordinar procesos de reestructuración de sus deudas en dólares con acreedores privados bajo legislación extranjera de forma coordinada y responsable.

Además de Pablo López, ministro de Economía bonaerense, asistieron los titulares de las carteras de economía y finanzas de las provincias de Chaco, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja y Tierra del Fuego, seis provincias con sus procesos de renegociación abiertos. De las asistentes, Buenos Aires es la más complicada en términos de montos: este viernes vence la undécima extensión del plazo para la reestructuración de bonos por 7.000 millones de dólares. Entre Ríos, en tanto, enfrenta una demanda en Nueva York por el incumplimiento del pago de intereses semestrales correspondientes a agosto del año pasado por un bono con vencimiento en 2025 que la administración de Bordet busca reestructurar.

En la reunión, los ministros destacaron la labor realizada por el gobierno nacional en la reestructuración de la deuda argentina, marcando la necesidad de avanzar en acuerdos de deudas provinciales alineados con los principios trazados a nivel país.

Continuando con el trabajo desarrollado a principios de enero en el Ministerio de Economía junto con el titular de la Unidad de Apoyo de Sostenibilidad de la Deuda Pública de las provincias, Rafael Brigo y los secretarios de Hacienda, Raúl Rigo, y de Finanzas, Mariano Sardi, resaltaron la relevancia de mantener un adecuado flujo de comunicación y coordinación sobre los avances en los distintos procesos individuales. Situación que no sucedió con Córdoba que, luego de pasar un mes en default técnico, logró un acuerdo con los tenedores de bonos el pasado 13 de enero que fue criticado por distintos funcionarios provinciales por no reparar en la famosa sostenibilidad con la que insiste el ministro de Economía, Martín Guzmán.

En línea con la coyuntura, como fue mencionado anteriormente en el caso de Entre Ríos y con una amenaza latente para la Provincia de Buenos Aires, cuyo plazo vence este viernes y cuenta con 48 horas para informar a los bonistas la decisión del gobierno de seguir prorrogando o presentar una nueva oferta;  rechazaron el uso de herramientas de presión de carácter judicial para forzar soluciones insostenibles, afectando los principios de buena fe que deberían primar en toda negociación, al tiempo que confían en que los procesos consensuales permitirán reestablecer la sostenibilidad de la deuda a partir de negociaciones constructivas entre las partes, basadas en las realidades provinciales y sus respectivas capacidades de pago.

En un comunicado, los ministros acordaron trabajar coordinadamente implementando los siguientes lineamientos:

1. Restaurar la sostenibilidad de la deuda en el marco de procesos ordenados, promoviendo acuerdos que resulten sostenibles en el mediano y largo plazo

2. Trabajar cooperativamente, brindándose apoyo mutuo según las necesidades de cada provincia.

3. Sostener un diálogo transparente y de buena fe con los distintos grupos de bonistas.

4. Alcanzar compromisos adecuados que brinden tratamiento equitativo entre acreedores, en función de las particularidades de cada provincia.

5. Evitar acuerdos que puedan acarrear beneficios individuales de corto plazo poniendo en riesgo la sostenibilidad del agregado provincial y con ello el interés del conjunto de los acreedores.

6. Incorporar en el análisis de sostenibilidad las implicancias del contexto macroeconómico y la disponibilidad de divisas para evaluar las posibilidades de pago de los servicios de deuda resultantes.

7. Avanzar en propuestas que permitan obtener flujos de pagos compatibles con senderos de resultado fiscal consistentes con una recuperación económica sostenida.

Ordenar el endeudamiento de 12.299,50 millones en dólares tomado durante el gobierno de Macri, y agravado por la devaluación de 2018 es un fantasma que acecha a la mayoría de las provincias. "El endeudamiento provincial se incrementó 258 por ciento entre 2004 y 2015, con nueve años de crecimiento de PBI y tres de caída, mientras que entre 2016 y 2019, en sólo cuatro años, el incremento de deuda fue de 542 por ciento con un PBI comportándose de manera recesiva: tres años de caída y uno sólo de crecimiento", aclara un informe del CEPA al respecto.