En sintonía con el discurso del Gobierno, que atravesó semanas de alta tensión con el sector agropecuario, los últimos movimientos del organismo encargado de prevenir y perseguir el lavado de dinero, bajo la conducción del abogado penalista Carlos Cruz, tuvieron un destinatario común: el campo.

La mira del organismo antilavado apunta a las grandes operaciones del campo, alrededor de las cuales la Unidad de Información Financiera (UIF) promovió querellas penales con delegaciones de distintos puntos del país, según reconstruyó LA NACION.

En el organismo conducido por Cruz, según dijeron a este medio, consideran que las grandes empresas agroexportadoras deberían ser investigadas por retención injustificada de granos en silo, sobrefacturaciones, subfacturaciones y contrabando.

Antes de iniciar su gestión, Cruz había dicho que la evasión y el contrabando causan un perjuicio mayor a la sociedad que los delitos de corrupción. Las querellas de la UIF en casos de corrupción redujeron su actividad. De hecho, se cerró una causa por lavado de dinero que había sido iniciada por una denuncia de la propia UIF y este organismo no apeló. Ahora se pone el acento sobre unas aproximadamente diez cerealeras exportadoras. Vincetin y Bunge son dos de ellas y ya fueron querelladas por la UIF.

Tanto en las últimas semanas como durante el año pasado -cuando el organismo intervino en el expediente judicial del caso Vicentin-, el foco de la UIF se ubicó sobre el corredor Litoral, por donde pasan las exportaciones argentinas.

La Unidad de Información Financiera pidió constituirse como querellante en una causa que involucra a directores de la empresa Bunge y al exministro de Agroindustria del macrismo Luis Miguel Etchevere, para acusarlos por presuntas maniobras de fraude cometido contra la administración pública, delito de evasión agravada y el potencial lavado de activos.

La jueza federal María Eugenia Capuchetti, a cargo de ese expediente junto al fiscal Carlos Stornelli, rechazó dos veces la intervención de la UIF en la causa, al argumentar que no se investiga el delito de lavado. La UIF presentó un recurso de reposición y la Cámara de Casación deberá definir si acepta que el organismo intervenga en la causa o no.

El caso Vicentin

El organismo también es querellante en la causa Vicentin, donde solicitó no solo ir detrás de las presuntas maniobras de lavado de los directivos de la empresa, sino que también pidió la inhibición de bienes del expresidente Mauricio Macri.

Otro de los expedientes en los que ya fue tenida como querellante la UIF se tramita en Misiones, donde se investiga el contrabando de cereales y soja con relación a mercaderías que fueron secuestradas mientras eran transportadas en camiones en algunas localidades limítrofes con Brasil.

Sin embargo, cuando a Cruz le preguntan por la impronta de su gestión en la UIF, responde que "nadie habla del campo". En este sentido, afirma: "Gran parte de las exportaciones se encuentran concentradas en un tradicional núcleo oligopólico de empresas transnacionales que operan a lo largo del corredor litoral fluvial y terrestre. Ello en un contexto donde por sobre el trabajo leal de los empresarios interesados en el crecimiento del país, algunos sectores voraces vienen desarrollando e impulsado históricamente distintas prácticas para manipular las ventas de productos y la oportuna liquidación de divisas".

Y agrega: "Estas prácticas, a través artimañas como la retención injustificada de granos en silo, sobrefacturaciones, subfacturaciones o el contrabando, presionan sobre el ingreso de divisas, fomentan devaluaciones de la moneda, acarrean evasión tributaria, inciden sobre los precios de productos de la canasta básica de alimentos y, también, conforme indica la experiencia, son utilizadas por políticos inescrupulosos para generar desabastecimiento, mercado negro e inestabilidad social y política".

La Argentina será evaluada este año por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), para medir el nivel de efectividad de su régimen contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Se evaluarán la efectividad de las políticas de prevención y el nivel de cumplimiento técnico del sistema antilavado.