Tras haber anunciado un principio de acuerdo con sus bonistas en febrero, el Gobierno entrerriano de Gustavo Bordet informó que la solicitud de consentimiento que venció el lunes recibió un 97,15% de adhesión y así dio por concluido el canje del bono ER25 por u$s500 millones.

De esta manera, Entre Ríos se suma a la lista de provincias que reestructuraron su deuda bajo legislación extranjera, junto con Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut, Córdoba y Salta. En tanto, Jujuy anunció la semana pasada un principio de acuerdo, y avanzan las negociaciones en Buenos Aires, Chaco, Tierra del Fuego y La Rioja.

El ministro de Economía provincial, Hugo Ballay, destacó: “La sostenibilidad de la deuda era uno de los objetivos principales que teníamos; y en la proyección que hacemos de esta reestructuración, la provincia podrá afrontar sin inconvenientes todos los compromisos futuros”. Y remarcó: “Nos da la previsión absoluta de poder afrontar otros compromisos, porque hasta ahora veníamos haciendo especulaciones de los vencimientos, ahora ya sabemos lo que tenemos que pagar en febrero y en agosto”.

La deuda entrerriana había encendido luces de alarma en Nación y en la provincia cuando un comité de tenedores Ad Hoc inició los primeros días de enero un proceso judicial en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York por el incumplimiento de pago de un cupón con vencimiento el 8 de agosto de 2020. El camino judicial llevó a que en el Ministerio de Economía nacional que comanda Martín Guzmán se convocara a los titulares de las carteras económicas con procesos de negociación abierto para analizar una estrategia conjunta.

Finalmente, el mismo grupo Ad Hoc que concentra el 58% de los títulos de Entre Ríos alcanzó un acuerdo en febrero, que terminó allanando el camino al reperfilamiento del bono emitido en 2017.

Ballay señaló que el proceso de renegociación se originó “cuando la situación fiscal de la provincia no permitió pagar ese bono de intereses en agosto del año pasado”. “En el medio hubo una reacción negativa, que fue la judicialización, con lo cual la provincia entró en una situación de cesación de pago, de default”, agregó.

En cuanto al arreglo con los acreedores, el ministro aclaró que de la tasa original del 8,75% se acordó comenzar en 5% y terminar con 8,15%, lo que hace que la tasa promedio esté por debajo del 7%. También hay un cambio en el esquema de amortización o de evolución del capital, que originalmente era en los años 2023, 2024 y 2025 y ahora se inicia en el 2023 y termina en el 2028. “Esto es, en resumen, lo que veníamos ofreciendo a los tenedores”, subrayó Ballay; al tiempo que destacó que los mismos beneficios que obtuvo la provincia va a ser ofrecido a los municipios que tomaron deuda.

En cuanto a lo que debe pagar la provincia en las próximas horas, el funcionario de Bordet informó que son “u$s26 millones de dólares, que se componen del 60% de los intereses vencidos a la fecha; y el otro 40% se capitaliza, o sea se vuelca a pagar con los vencimientos futuros”.