CORDOBA.- De la docena de provincias que, en el inicio del año, renegociaban sus deudas en dólares sólo quedan cuatro por arreglar; el resto ya cerró acuerdos con los bonistas. La última fue Entre Ríos, que alcanzó un 97% de adhesión a la propuesta. De las que siguen en proceso, Buenos Aires, La Rioja y Chaco están en default (en total son US$7.698 millones), mientras que Tierra del Fuego negocia por US$200 millones a la vez que cumple con los pagos. Hace un año, el total en discusión era de US$13.225 millones.

Buenos Aires es la que registra la deuda más grande, US$7.148 millones, que involucra 23 títulos y ya lleva casi un año de negociaciones y una docena de postergaciones del plazo original para presentar propuestas. A fines de enero los acreedores emitieron un comunicado en el que indicaron que “la Provincia no siente urgencia en resolver su default” y calificaron de “inaceptable” esa situación.

No fue la primera vez que tenedores de bonos provinciales usaban esa vía para presionar. A Entre Ríos, incluso un grupo la demandó en Nueva York, presentación que ahora se retirará. Horas después del comunicado contra Buenos Aires hubo una respuesta conjunta de los distritos que seguían negociando (Chaco, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja y Tierra del Fuego además del distrito bonaerense): rechazaban “el uso de herramientas de presión de carácter judicial para forzar soluciones insostenibles, afectando los principios de buena fe que deberían primar en toda negociación”.

Para Diego Saravia Tamayo, director de Proficio, los acreedores, en todos los casos en los que hubo acuerdo, se mostraron dispuestos al diálogo, pero “sin ofrecer quitas sustantivas en el capital adeudado, pero sí a dar un alivio financiero por la baja temporal de tasas y el alargamiento de plazos”. En ese marco, las provincias lograron oxígeno financiero para los “próximos dos o tres años, tiempo en el que deben instrumentar una política fiscal responsable”.

Desde la consultora Quantum, el economista Fernando Baer define como “importante” que se hayan alcanzado reestructuraciones de deuda en el contexto de “restricciones y tensiones” que la Argentina vive desde el año pasado, en especial, desde setiembre. “Muestra voluntad de cooperar y despejar horizonte; las negociaciones fueron dentro de carriles razonables, con mayor o menor presión, típica de todo proceso como este, pero en general bien encaminadas y buscando el objetivo común principal”.

Después del acuerdo de Córdoba por US$1685 millones -lo alcanzó cuando faltaban horas para el default-, el ministro Martín Guzmán hizo una crítica indirecta. “De poco sirve anunciar un acuerdo que, tiempo después, no se va a poder cumplir. Eso deja un marco de incertidumbre que afecta a toda la dinámica económica de la región e implica quitarles espacio a los gobiernos, a los sectores públicos, para implementar políticas públicas en pos del desarrollo”, dijo.

Después del cierre de la reestructuración de la deuda nacional, se aceleraron los procesos de reperfilamiento en las provincias, aunque con estrategias heterogéneas. Tamayo Saravia plantea que, en comparación con la dinámica de los bonos nacionales reestructurados, que es “mala”, los acuerdos provinciales “lucen positivos”. “Arrancan, en promedio, con tasas de salidas de alrededor del 5% en el primer año hasta converger en casi 9%, similares a los valores que tenían antes. Son niveles lógicos”, dice.

Córdoba, Mendoza, Salta, Chubut, Neuquén, Río Negro y Entre Ríos son las que lograron acordar y cerrar los procesos; Jujuy debe convalidar el principio de acuerdo logrado con el grupo Ad Hoc de bonistas que tiene la mitad del bono por US$210 millones que se renegoció.