Esta semana avanzó en el Congreso el debate en comisiones en torno al proyecto que busca dar un nuevo marco al Impuesto a las Ganancias. El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, hizo punta con un proyecto propio que abrazó el oficialismo y que busca elevar el mínimo no imponible para el pago del impuesto hasta los $150 mil (en bruto, $124.500 de bolsillo), para asalariados y a 152.280 para jubilados.

El proyecto incluye, además, dejar afuera del pago al SAC, una actualización anual de los mínimos que se calcularía teniendo en cuenta el índice Ripte, que mira los salarios. Y aunque se calcula que su aprobación, por parte de las dos cámaras llegaría en abril, sus efectos son retroactivos, lo que supone que se devolverán los importes pagadas hasta enero de este año.

Según estimaciones del gobierno, más de 1,2 millón de personas en todo el país dejarían de tributar Ganancias con el nuevo mínimo. Y en la previa, se habla de un impacto fiscal de entre $41 mil y $43 mil millones. Ese número aún no está definido, porque buena parte de la semana estuvo atravesada por una serie de negociaciones en torno al proyecto. Por caso, el pedido de sectores de la oposición de que también se contemple una suba en el mínimo para los trabajadores autónomos –lo que suena bastante justo, aún subirá el costo del paquete- o el reclamo del moyanismo para que se exima del pago de Ganancias a las horas extras. Hoy sólo están exentas las horas extras que se producen durante los días feriados.

En las últimas horas circularon nuevas propuestas y negociaciones. Entre las más importantes, la intención de que se pueda deducir del pago de Ganancias los importes abonados por el pago de alquileres. También, se analiza una nueva normativa para disminuir la carga de Ganancias para pymes –la intención es llevarlas a la franja del 25%- y que ese costo fiscal sea compensado con una mayor carga fiscal a grandes empresas, que tributarían el 35%.

Como se dijo, todos esos elementos en torno a la ley se fueron sumando y son objeto de negociaciones. Sin embargo, volviendo a la estimación inicial del costo fiscal que supone el proyecto se puede estimar cuál es el costo que “el proyecto Massa” implica para las provincias. Y es que, al ser un impuesto coparticipable, buena parte de lo que se deje de recaudar por subir el mínimo no imponible de Ganancias serán fondos que el Estado nacional dejará de girar a las provincias.

Como se sabe, uno de los argumentos de Massa para “vender” el proyecto es que la menor presión tributaria que soportarán los trabajadores implicará un alivio que, asegura, se volcará en el consumo de las familias. Lo que a su vez repercutirá en un aumento de la recaudación vía IVA, que también se coparticipa. Pero algunos estudios previos muestran que, si bien puede haber una compensación del costo fiscal vía IVA, ese aliciente está lejos de eliminar la caída de recaudación que verán la Nación y las provincias.

El Instituto Argentino de Análisis Fiscal generó un documento donde traza los escenarios del costo, introduciendo el impacto de compensación que podría traer la recaudación por IVA. Así, señala que por cada $10.000 millones que se reduzcan los pagos por Ganancias, tomando el supuesto que dicho monto se destine a consumo interno, puede tomarse una carga promedio de los principales impuestos indirectos y establecer que la recaudación anual de Ingresos Brutos de todas las provincias podría incrementarse en unos $650 millones y la de las Tasas municipales en $210 millones. Teniendo en cuenta una alícuota promedio de IVA del 17%, y considerando la operatoria del tributo, la recaudación de IVA podría sumar unos $1.325 millones anuales. “Desde el punto de vista global por cada $10.000 millones de reducción del impuesto a las Ganancias, su destino a consumo genera ingresos por el orden de $2.185 millones; por lo que el costo neto es de $7.815 millones. Es decir que, solamente tomando los tres tributos mencionados, al menos un 22% del costo fiscal directo es contrarrestado por los efectos tributarios indirectos”, señalan desde el Iaraf.

Costo compartido. El otro aspecto que se plantea en el Iaraf es una aproximación al costo fiscal que se genera para las provincias. En ese sentido, se remarca que el sector público nacional financiaría el 40% de la modificación, mientras que las provincias contribuirían con el 60% a través de los recursos netos resignados a través de la coparticipación, fruto de la reforma.

Si se parte de un supuesto costo fiscal total de $40 mil millones, a lo que se le descuenta la compensación vía IVA –unos $5.300 millones- el costo a repartir entre Nación y provincias se reduce a $34.700 millones. En esa distribución del costo fiscal la provincia de Buenos Aires resignaría $4379 millones, Santa Fe unos $1784 millones, Córdoba perdería $1772 millones, Chaco $997 millones y Entre Ríos $952 millones, entre las jurisdicciones afectadas.

A la hora de pensar en qué implica ese monto para la Provincia, podemos recordar que recientemente se anunció una línea de financiamiento para apoyar la compra de 100 mil notebooks con un fondeo oficial total por $2.000 millones, es decir una cifra cercana a lo que costará dejar de cobrar Ganancias para quienes ganan menos de $150 mil.

Otra referencia puede extraerse de los propios números de recaudación de la Provincia. Por caso, en junio del año pasado, cuando la recuperación de los ingresos aún no se había constatado, se recaudaron $25.200 millones, unos $2500 millones menos que en el mismo mes del 2019. En concreto, en términos de costo fiscal la reducción de Ganancias puede impactar tanto en las arcas provinciales como uno de los meses duros de la pandemia de Covid-19.