El juez Daniel
Rafecas resolvió que un tribunal federal de Entre Ríos deberá continuar
investigando las denuncias de Dolores Etchevehere contra sus hermanos y su
madre por las irregularidades en las tierras.
El juez Daniel
Rafecas resolvió que la causa irá al juzgado federal N° 1 de Paraná, a cargo
del juez Leandro Damián Ríos, donde se segurá investigando las denuncias de
Dolores Etchevehere contra sus hermanos y su madre por la presunta defraudación
de sus derechos hereditarios, asfixia económica y violencia de género que
sostiene estar sufriendo desde hace más de una década.
Rafecas coincidió
con el dictamen del fiscal Federico Delgado, que recomendó que el expediente
pase a la jurisdicción entrerriana, dado que allí ocurrieron los hechos que son
materia de investigación, "lográndose de ésta manera la acabada aplicación
de los principios de celeridad y economía procesal y la tutela de los derechos
constitucionales de juez natural y defensa en juicio".
"Los hechos
denunciados por Dolores Etchevehere encuentran su encuadre legal dentro de las
previsiones del artículo 168 del Código Penal, el cual prevé que será reprimido
con reclusión o prisión de cinco a diez a años, el que con intimidación o
simulando autoridad pública o falsa orden de la misma, obligue a otro a
entregar, enviar, depositar o poner a su disposición o a la de un tercero,
cosas, dinero o documentos que produzcan efectos jurídicos", dice el
texto.
La resolución del
juez federal que tiene una extensión de 24 páginas se enmarcó en la ley de
"Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra
las mujeres en los ámbitos en que se desarrollen sus relaciones
interpersonales".
Rafecas subrayó
que "una de las personas sindicadas por el Dr.Delgado como responsable de
los hechos denunciados, Luis Miguel Etchevehere, ejerció la cartera de
Agroindustria de la Nación, desde el mes de 21 de noviembre de 2017 hasta el
final del mandato del ex presidente Mauricio Macri, en diciembre de 2019. Esta
circunstancia desplaza de por sí la competencia de los tribunales ordinarios a
la Justicia federal".
La resolución
repasa los términos de la declaración de la hermana mujer de los Etchevehere, que
advirtió que "luego del fallecimiento de (su padre) Luis Félix Etchevehere
y una vez iniciado el proceso sucesorio, tomó conocimiento de la falsificación
de la firma del nombrado -circunstancia que aconteció días previos a su
fallecimiento- en un acta de directorio que refiere que aquél ´le cede la
administración a Leonor Barbero Marcial (su madre) de todos los campos´".
"La
denunciante hizo hincapié en la fecha en que habría sido firmado ese documento,
sobre todo porque tanto ella como su padre se encontraban en Buenos Aires el
documento señalado se celebró en Paraná y, por último, que aquel permaneció en
terapia intensiva e intubado hasta su deceso", resumió la declaración
sobre el origen de la controversia que la enfrenta con su familia.
Dolores Etchevehere
denunció que "sufre una estrategia sostenida sistemáticamente desde
entonces por sus hermanos y su madre para despojarla de sus derechos
hereditarios mediante una serie de actos que convergen, básicamente, en su
asfixia económica. Expresó que en ciertos momentos no tuvo dinero para darle de
comer a sus hijos".
Rafecas valoró el
informe de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres de la
Procuración General de la Nación, que concluyó en que "situar la violencia
en razón del género en este contexto más específico permite comprender la
reacción frente a la decisión de Dolores de no acatar el rol de pasividad y
obediencia tradicionalmente asignado a las mujeres, y la hostilidad que provocó
su decisión de hacer público un conflicto que, de no ser por ella, jamás habría
trascendido la esfera privada" .
"La elección de la denunciante de hacer públicos los hechos de violencia psicológica y económica ejercida por parte de su entramado familiar más cercano desenmascara el carácter ideológico de la división entre la esfera pública y privada, que suele pasar desapercibido", añadió el dictamen.