En la Argentina funcionan 56 plantas productoras de biocombustibles (en base a soja, maíz y caña de azúcar) que generan en el total del complejo 60.000 empleos en San Luis, La Pampa, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero y Salta. El peso económico -con fuerte impacto en las economías regionales- decidió a los diputados nacionales del Peronismo Federal y de Juntos por el Cambio a dar pelea en el Congreso para que se prorrogue la ley de promoción para el sector que vence en menos de dos meses. Una iniciativa que impulsaría el diputado nacional Máximo Kirchner no cuenta con el aval porque, entre otros aspectos, reduciría el corte obligatorio, hoy del 12% con el etanol de caña de azúcar y maíz en las naftas y del 10% con el biodiésel de soja en el gasoil.

Los biocombustibles se convirtieron en el tema clave para la reacción en contra de un grupo de legisladores que, en general, apoya iniciativas de interés para el oficialismo. Es el caso, por ejemplo, de los cuatro cordobeses que responden a Juan Schiaretti. Hace semanas que el diputado nacional de Córdoba Carlos Gutiérrez viene planteando que se debe continuar con una “política de Estado” como fue la de la promoción de los biocombustibles. Ayer Juntos por el Cambio pidió también la prórroga de la norma hasta tanto se pueda tratar un nuevo proyecto.

La ley de promoción del sector data de 2006 y su vigencia original era por 15 años. Según los cálculos oficiales, en ese período el Estado dejó de recaudar US$7600 millones, un costo fiscal que ahora se revisa. En octubre pasado el Senado aprobó la extensión de la norma hasta 2024 y cuando todo hacía suponer que Diputados completaría el trámite empezaron los tironeos.

Las inversiones en el sector en este período sumaron unos US$3000 millones en plantas industriales y hay otras en carpeta que se frenaron, según esgrimen las empresas, por la “incertidumbre” que las sobrevuela desde hace tiempo. Hay, además, cuatro establecimientos de refinación de glicerina, plantas de autogeneración y cogeneración de energía eléctrica vinculadas a las inversiones centrales.

Los empresarios insisten en que los biocombustibles no están subsidiados en la Argentina, sino que están desgravados de los impuestos que alcanzan a los combustibles fósiles ya que esas cargas apuntan a castigar a la contaminación. La misma desgravación la tiene el GNC.

La capacidad instalada de biodiésel es para producir 4,5 millones de toneladas al año mientras que la de bioetanol alcanza a las 950.000 toneladas. En total, representa un tercio de la capacidad refinadora que tiene la Argentina.

Según datos de la Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno, desde 2008 hasta setiembre pasado se produjeron 11,2 millones de metros cúbicos de biodiésel y 7,1 millones de metros cúbicos de bioetanol, lo que implica unos US$9150 millones. En el mismo período, las exportaciones de biodiésel fueron de 16,2 millones de toneladas por un monto aproximado de US$13.000 millones.

El corte, clave

En el tiempo que lleva instrumentada la ley de promoción, el corte obligatorio para las naftas pasó de cinco por ciento a diez por ciento en el caso del biodiésel y de cinco por ciento a 12% en el caso del bioetanol. Brasil y Paraguay tienen cortes dinámicos que fueron incrementándose en los últimos años. La Liga de Provincias Productoras de Biocombustibles hace tiempo que vienen impulsando un alza en el corte.

La propuesta que ingresaría a Diputados –cuya vigencia se extendería hasta 2030- impulsaría que de los actuales niveles el corte baje a cinco y siete por ciento para biodiésel y bioetanol, respectivamente. Además, el proyecto apuntaría a que las grandes empresas queden afuera del mercado y se priorice a las pymes que se encarrilen en inversiones para la fabricación de derivados.

“Bajar el corte es indefendible; es condenar al cierre a empresas”, resume uno de los integrantes de la Liga de Provincias. Las plantas que producen para autoconsumo no están habilitadas, por lo que no se cuentan en el universo de las 56 existentes en el país. Las exportaciones cayeron fuerte desde que Estados Unidos sancionó al producto en 2017 con aranceles de hasta 72,28%; no se avanzó en lograr que se establezca una cuota libre de aranceles.

Respecto del impacto de los biocombustibles en el precio de los combustibles fósiles, según datos de la consultora Energy Consilium explican el siete por ciento de los valores en surtidor en el caso de las naftas y ocho y nueve por ciento según se trate del gasoil Grado 3 o Grado 2, respectivamente.

Este año la Secretaría de Energía determinó incrementos mensuales a aplicarse entre enero y mayo que resultan en 56% para el caso del bioetanol y 91% en el caso del biodiésel respecto a los precios de diciembre de 2020. Fue el esquema decidido para compensar el atraso que acarreaba el sector después de meses de congelamiento y un alza en octubre “insuficiente” según las productoras.

El año pasado Santa Fe sancionó una ley que establece el uso obligatorio del biodiésel en los vehículos de transporte de pasajeros, según un cronograma a establecer por la autoridad de área. Además, contempla acciones específicas para promover su uso en el transporte de carga, la actividad agrícola y logística, la obra pública, la generación de energía y la administración pública. Este año Córdoba se sumó con una norma similar que auspicia la reconversión energética, promoviendo la utilización masiva de biocombustibles y bioenergías en una amplia gama de sectores.

Tanto Schiaretti como su par de Santa Fe, Omar Perotti, se pronunciaron por la prórroga de la ley de promoción hasta que se pueda analizar un nuevo esquema legal.