El aumento del 7% está lejos de lo que están haciendo las provincias. Pero se parecerá a lo que decida el Estado nacional para Edesur y Edenor, que comprenden ciudad de Buenos Aires y el conurbano.

Las tarifas de gas son establecidas por el Gobierno Nacional. Pero las de distribución eléctrica son responsabilidad de las provincias. Buenos Aires, con su decisión de autorizar un 7% de incremento, se intenta alinear con la probable postura del Poder Ejecutivo. El Estado nacional tiene bajo su jurisdicción los cuadros tarifarios de Edenor y Edesur. El próximo martes se celebrará la audiencia pública para conocer las propuestas de esas compañías.

En el Gobierno casi dan por hecho que el aumento a Edesur y Edenor estará en el orden de un dígito (7%-9%), y lejos del 30%-40% que alguna vez imaginó el ministro de Economía, Martín Guzmán, para mejorar las cuentas fiscales. En general, los entes reguladores se toman dos semanas o más para los cuadros tarifarios. El incremento para Edesur y Edenor llegaría hacia mediados de mes.

El aumento decidido por el gobernador provincial comprende todo el territorio bonaerense, salvo el conurbano. Ese tejido urbano, junto con la ciudad de Buenos Aires, está operado por Edesur y Edenor. Aunque la administración anterior quiso pasarlas a la órbita de un ente bipartito (que compartirían la ciudad de Buenos Aires y la provincia), la actual gestión deshizo esa idea, y devolvió Edesur y Edenor al ámbito nacional.

La idea de aplicar los aumentos ahora es para alejarlos, en la mayor medida posible, de la campaña electoral. La mayoría de las provincias viene autorizando subas para sus empresas de distribución eléctrica desde comienzos de año. El objetivo es que no impacten en bolsillos deteriorados por la contracción económica de 2020. Y que el encarecimiento se limite al primer cuatrimestre del año, dejando sellado el asunto hasta después de las elecciones.

La historia de las tarifas de las distribuidoras de la provincia de Buenos Aires es particular. Cuando Julio De Vido era ministro de Planificación y hacedor de la política tarifaria, la distribución eléctrica de la provincia de Buenos Aires (en manos de las empresas Edelap, Eden, Edea y Edes) corría con las mismas reglas que Edenor y Edesur, a las que De Vido casi congeló (les permitió aumentos menores al incremento de costos). Pero el gobernador Daniel Scioli -al mando de la provincia de Buenos Aires- logró -en 2011- que le traspasarán la jurisdicción de las mismas.

De esa forma, los aumentos en el interior de la provincia comenzaron a parecerse más a los de Mendoza, San Luis, Entre Ríos y menos a los de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano entre 2011 y 2015.

La administración de María Eugenia Vidal también se manejó con autonomía de las decisiones nacionales -que comprendían a Edesur y Edenor-, pero era más clara la decisión de que los consumidores cubran mayor parte del costo de las tarifas.

Kicillof, de alguna manera, está volviendo al formato anterior, de alineación con los objetivos del Poder Ejecutivo nacional. Es probable que nunca lo diga, pero está tomando una postura diferente a la de Daniel Scioli, anterior gobernador del Frente para la Victoria (entre 2007 y 2015).

Mientras tanto, en una suerte de repetición de los anteriores mandatos del kirchnerismo, los aumentos de luz en las provincias están a la orden del día: Salta, Mendoza, Chaco, Tucumán, San Luis y hay más en caminos. En casi ninguno de los casos baja del 25%, y el techo es más cercano al 40%. Se está volviendo a boletas de luz que valdrán el doble en el interior que en Buenos Aires.

En septiembre de 2020, la provincia de Buenos Aires difundió una auditoría de los aumentos de tarifas realizados por la anterior mandataria. La conclusión de ese trabajo es que habían sido exagerados, argumentos similares a los que utiliza ahora el Enre para referirse a los incrementos a Edenor y Edesur entre 2016 y 2019.

La provincia de Buenos Aires autorizó aumentos en 2019, que las distribuidoras no llegaron a traspasar porque se acercaban las elecciones. Con el aumento del 7% para este año, se cumplirán casi tres años de tarifas semi-congeladas.

Lo que no pagan los usuarios a través de las tarifas, lo paga el Estado a través de subsidios. Cuando las distribuidoras no cuentan con suficiente caja para pagar la energía que están distribuyendo, comienzan a retacear los pagos a Cammesa, la administradora mayorista del sistema eléctrico.

De esta forma, en 2020 se acumularon deudas por $ 142.000 millones de las distribuidoras a Cammesa. En la ley de presupuesto de este año, se dictaron algunas medidas para facilitar el pago de esa deudas. En las distribuidoras creen que, de no haber aumentos este año, los pasivos con Cammesa seguirán escalando, y el Tesoro nacional será el que tendrá que saldar esos rojos.