A través de la publicación de un documento informativo de
referencia para la elaboración de una Ley de Humedales, la Organización de las
Naciones Unidas (ONU) alertó sobre la necesidad de que el Estado argentino
avance hacia políticas de conservación y uso sostenible de los humedales,
ecosistema que el año pasado fue una de las principales víctimas de los
incendios que arrasaron más de un millón de hectáreas en todo el país. En
noviembre de 2020, impulsado por diversas organizaciones ambientalistas, un proyecto
unificado de Ley de Humedales obtuvo dictamen en la Comisión de Recursos
Naturales y Ambiente de la Cámara de Diputados, pero hasta el momento no hubo
novedades por parte de las otras comisiones que debían tratarlo.
"Aportes del Sistema de Naciones Unidas (SNU) al
proceso de elaboración legislativa para la conservación y el uso sostenible de
los humedales en la República Argentina", es el nombre del documento
presentado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en
Argentina. El objetivo del informe, según indicó el organismo, es
"colaborar con aquellos contenidos conceptuales que puedan coadyuvar a
contar con más información respecto del contexto internacional y comparado, y
su posible contribución a la realidad nacional y local en la materia".
La lista de "servicios ecosistémicos" provistos
por los humedales es extensa: control de inundaciones, reposición y depuración
de aguas, estabilización de costas, protección contra tormentas, retención y
exportación de sedimentos y nutrientes, biodiversidad, recreación y turismo,
mitigación y adaptación al cambio climático. Esos son algunos de los aspectos
enumerados por el informe de PNUD, que también detalla que los humedales
aportan a cada uno de los 17 "Objetivos de Desarrollo Sostenible"
(ODS) establecidos en 2015 por la ONU en el marco de la "Agenda
2030".
“Si bien a escala mundial todavía cubren una superficie
mayor que la de Canadá, los humedales están disminuyendo rápidamente, con
pérdidas del 35 por ciento desde 1970”, se lee en el informe. En 2020, en
Argentina se perdieron cerca de 350 mil hectáreas de humedales por los
incendios que arrasaron las islas del Delta del Paraná.
Además de referir que el Estado argentino tiene incorporado
el concepto de "desarrollo sostenible en su Constitución Nacional",
el informe explica que la "cláusula ambiental constitucional"
establece el deber de las autoridades de crear los mecanismos necesarios para
"la utilización racional de los recursos naturales, la preservación del
patrimonio natural y cultural, y de la diversidad biológica".
"Corresponde a la Nación dictar las normas que
contengan los presupuestos mínimos de protección ambiental", advierte el
documento en este sentido. El informe destaca que, en el país, "el
desarrollo legislativo en materia de presupuestos mínimos de protección
ambiental ha tenido un interesante avance", por lo que asegura que es
necesario expandir ese proceso con una ley específica de conservación y uso
sostenible de humedales.
Además, el PNUD hace hincapié en que el Estado argentino se
encuentra adherido desde 1991 a la "Convención relativa a los Humedales de
Importancia Internacional", comúnmente conocida como "Convención
Ramsar", que entró en vigencia en 1975 y que al día de hoy funciona como
marco internacional de elaboración de políticas para enfrentar la creciente
pérdida de los humedales en el mundo.
Aunque durante 2020 la atención de la agenda pública estuvo
concentrada en los focos de Santa Fe y Entre Ríos, en Argentina los humedales
están presentes a lo largo y a lo ancho de todo el territorio nacional. En la
actualidad existen en el país 23 humedales de "importancia
internacional", que forman parte de la "Red de sitios Ramsar" y
que conforman una superficie total de 5.687.651 hectáreas.
A fines de noviembre del año pasado, luego de que diversas
organizaciones ambientales presentaran 650 mil firmas pidiendo que la ley
avanzara, la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano,
presidida por el diputado Leonardo Grosso -Frente de Todos-, dio dictamen de
consenso al proyecto de "Ley de presupuestos mínimos para la conservación,
protección, restauración ecológica y uso racional y sostenible de los
humedales", con un texto que unificaba diez proyectos presentados por
diversas fuerzas políticas.
A pesar de que las agrupaciones ambientales reclamaban que el proyecto fuera tratado en sesiones extraordinarias, en ese entonces se informó que primero debía pasar por las comisiones de Agricultura y Ganadería, Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios, Presupuesto y Hacienda, y Legislación Penal. Hasta el momento no hubo ningún movimiento al respecto.