El imputado y el gobierno de Entre Ríos deberán pagarle $
1,2 millones a la víctima. La nota le llegó a la agente de parte del comisario
principal. Le pedía que fuera a trabajar "en minifalda y colaless, bien
afeitada y perfumada".
La mujer lo denunció. Ahora, la Justicia de Entre Ríos
condenó a un jefe policial y al Estado provincial a pagarle más de 1,2 millones
de pesos.
El caso ocurrió en septiembre de 2007. Por ese entonces, el
ahora condenado le mandó a su subordinada una nota escrita y firmada. Además de
darle especificaciones sobre la ropa y el aseo, le pidió que se presente a las
22 porque iba a "pasar revista del cumplimiento" antes de que pueda
tomar el servicio.
Los jueces Gisela Schumacher y Rodolfo Jáuregui, de la
Cámara en lo Contencioso Administrativo 1 de Paraná, anularon el fallo de
primera instancia y sostuvieron que existió "violencia de género laboral y
sexual".
También dijeron que el imputado le causó a la agente
"incapacidad sobreviniente, pérdida de chance, daño moral y daños
patrimoniales". Es que la víctima debió consumir "medicamentos y
(realizar) un tratamiento psicológico".
Hugo González Elias, el tercer camarista, votó diferente.
Consideró que no hubo violencia de género ya que la orden "fue impartida
con igual sentido para ella y sus compañeros varones" y que "el
componente psicológico preexistente disparó" la denuncia.
A su vez, la Cámara ordenó al comisario principal y al
Estado provincial el pago de $ 1.293.518 a la víctima, más los honorarios de
los abogados intervinientes.
El caso
La víctima denunció a su jefe por "acoso sexual y
laboral sistemático" ya que recibió numerosos mensajes preguntándole si
trabajaba, y si quería que la buscara por su domicilio.
Sin embargo, el comisario denunciado negó todo ante sus
superiores y desprestigió a la agente para defenderse. Les dijo que estaba
"desde hace tiempo afectada psíquicamente, es mentirosa, fantasiosa y vive
en un mundo alejado de la realidad".
Además, aseguró que el mensaje se lo envió como "una
broma de mal gusto entre compañeros de trabajo". No contento con eso, la
calificó de "artera y de mala fe", ya que realizó al denuncia
"recién tres meses después de ocurrido".
Uno de los peritos intervinientes en el juicio aseguró que
la víctima sufrió "un cuadro de desestabilización y brote de mecanismos
depresivos, contextualizado con sus repercusiones de su historia de vida"
por ese hecho. Recordó que debió ser internada en un hospital neuropsiquiátrico.
"Empoderar la
palabra"
En su voto, la jueza Schumacher remarcó "las
dificultades probatorias del acoso sexual y laboral, porque son hechos que no
suelen suceder frente a otras personas".
La magistrada, entonces, pidió "empoderar la palabra de
la señora de policial jerarquía inferior, que denunció a un superior y afrontó
todo el proceso posterior que implica, siempre, enorme desgaste
emocional".
Además de la denuncia de la víctima, la magistrada tuvo en
cuenta la existencia de "múltiples factores que pueden llevar a hacer
silencio o no reaccionar inmediatamente frente a los agravios" en una
fuerza policial, como "miedo al ridículo, a la sanción jerárquica, a que
se intensifique la agresión, entre otros".
La jueza precisó luego que se tildó "de broma algo que
fue considerado ilegal por la propia Policía" de la provincia, sin atender
la "percepción de la víctima sobre tal acto".
Y recordó que "se la culpó por su personalidad como un
factor predisponente, siendo que pidió licencia y estuvo internada poco después
de haber recibido la nota".
Para la magistrada, la falta de consentimiento "ha
quedado demostrada" y destacó que la ex agente se sometió a
"innumerables instancias en las que mantuvo firmemente su versión de los
hechos, que incluyó la expresión contundente del desagradado, malestar y daño
que lo vivido le provocó".
El juez subrogante Jáuregui adhirió a la solución y al voto de Schumacher, en tanto que el vocal Gonzalez Elías no dio lugar y alegó a que la orden "no constituyó un acto discriminatorio que provocara violencia de género".