El ministro de Justicia Martín Soria se reunió ayer con 14 mujeres fiscales para comenzar a discutir cuestiones ligadas a justicia y perspectiva de género. Pero más allá del temario fijado, el encuentro abordó un ensayo de consenso para recibir propuestas de modificación a la Ley de Ministerio Público Fiscal que quedó trabada en el Congreso. El objetivo de fondo: que los cambios al texto sancionado por Senadores lleguen de la mano de funcionarias dentro de la propia estructura de la Procuración, lo que podría redundar en vencer las resistencias que hay hoy en Diputados y que impiden que se alcance el número para sancionar una nueva vía para designar al jefe de los fiscales, con mayorías reducidas y plazo para mandato. El Gobierno sabe que la redacción actual es inviable, sobre todo en los aspectos referidos al proceso disciplinario de remoción, cuyos parámetros terminan siendo lábiles y dejan en pocas manos los destinos de los fiscales, algo que genera mucho más que resquemor. Esta norma tiene muchas mejores perspectivas que la de reforma judicial de fusión de fueros. El norte al que mira el oficialismo es ponerle fin al interinato de Eduardo Casal, como prioridad.

El balance del encuentro es que las 14 fiscales que participaron indicaron que remitirían propuestas y que quedó claro que nadie en el Ministerio Público Fiscal aceptará un “cogobierno” con facultades ampliadas de la Comisión Bicameral dedicada a la materia. Es también una forma de esquivar a la Asociación de Fiscales que preside Carlos Rívolo, quien ya también se había mostrado crítico con la reforma y había pedido reunión con Soria. Muchas de las funcionarias que participaron del cónclave, virtual y presencial, integran el colectivo que agrupa fiscales y que tiene lazos con la Asociación de Magistrados. Sus distintas extracciones y su representación federal aseguraron pluralidad a un encuentro, alejado de una mera cuestión protocolar.

Entre las asistentes estuvieron las fiscales generales Mónica Cuñarro y Gabriela Baigún, su par federal Mariela Labozzetta y las nacionales Laura Belloqui y Cinthia Oberlander, mientras que desde Santiago del Estero se conectó vía Zoom Indiana Garzón, cuyo nombre continúa vigente para un eventual recambio de Daniel Rafecas, en caso de que el candidato no acepte los cambios al método de nombramiento del Procurador. Participaron además Virginia Miguel Carmona (La Rioja), María Marta Schianni (Córdoba), Ana Russo (La Plata), María Hermida (Tierra del Fuego), Patricia Kloster (Santa Cruz), Iara Silvestre (La Pampa), María Minatta (Entre Ríos) y Cecilia Mcintosh de Pehuajó. Juan Martín Mena, N°2 de Justicia estuvo presencial.

Los planteos tuvieron como llave la perspectiva de género: alejadas de una aplicación teórica, solamente, las exposiciones tuvieron especial énfasis en bajar a la práctica esa cuestión pero en lugares de poder dentro de la Procuración: un cambio de redacción en ese punto podría cambiar el eje del proyecto empantanado, pero también ser la polea que traccione un pasaje aceptable en Diputados y un regreso pacífico al Senado.

Así se mencionaron asegurar (y modificar) prácticas relacionadas a los concursos, la elección de las ternas, la definición de subrogantes, la integración de las Procuradurías y sobre todo, los requisitos que se necesitan para asegurar independencia interna y externa tanto en el Consejo Evaluador (muy discutido por su integración discrecional) y el Tribunal de Enjuiciamiento (con un texto que hoy no logra convencer ni a los más cercanos al oficialismo, porque con 3 votos podrían recaer sanciones que condicionen la independencia de los fiscales). Hubo tácito acuerdo en las posiciones de todas las que participaron.

Hubo unanimidad también en otro punto: no se aceptarán cogobiernos de órganos del Congreso. Cuñarro recordó que desde el macrismo se arrastran dos denuncias que están abiertas en la CIDH por manipulaciones en áreas de justicia que pueden derivar en sanciones pecuniarias. Y mencionó países ya sancionados como Uruguay, Guatemala y Venezuela. El rechazo de fondo es a la propuesta de que la Bicameral del MPF tenga injerencia porque chocaría con el artículo 120 de la Constitución. Soria tomó nota de esa advertencia.

Las fiscales fueron muy críticas respecto a varios puntos que observaban de la redacción pero también de prácticas que lleva adelante la Procuración. Ejemplo de ello es la ausencia de transparencia con la que se designa al Tribunal de Enjuiciamiento. Y el poco foco puesto en los concursos y sus jurados. En síntesis, propusieron resetear toda la reforma atendiendo a un enfoque específico desde la “botonera” de la Procuración. Soria les dijo que tenía la orden presidencial de hacer los cambios necesarios para llegar a un consenso. Ese parece ser el dato central de lo ocurrido ayer.