Integrantes de la organización proteccionista Naturaleza de Derechos y de numerosas asambleas de vecinos de varias provincias presentaron un amparo ambiental ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) con el objetivo de poner en práctica un plan de gestión integral sobre la cuenca del río Paraná.

Además, la demanda, que se encuentra en estudio por parte de la procuradora general de la Nación, Laura Monti, para determinar la competencia originaria del máximo organismo de Justicia, cuenta con el aval de las organizaciones Naturaleza de Derechos y Unidos por el Río (Buenos Aires), Foro Ecologista del Paraná (Entre Ríos) y Unión Ciudadana por la Vida y el Ambiente (Santa Fe).

“La actividad agroindustrial, incluidas las obras proyectadas en el marco de la nueva concesión de la hidrovía y considerar como base toda la información científica disponible para avalar la necesidad de un programa de reducción de uso de agrotóxicos y de reconversión en la producción agroalimentaria hacia la agroecología en toda la cuenca”, explicó el abogado y coordinador de la demanda, Fernando Cabaleiro, a través de un comunicado oficial.

“También deben considerarse las recomendaciones de las Relatorías del Derecho a la Alimentación y Desechos Peligrosos y Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)”, agregó Cabaleiro.

Además, los ambientalistas solicitaron que, previa audiencia pública, se exhorte a las provincias que están surcadas por el río Paraná a realizar una gran concertación federal para la conformación de un comité o autoridad de cuenca con participación ciudadana inclusiva en términos del artículo 3 de la ley 25.688 que establece la indivisibilidad de las cuencas hídricas.

En la demanda también se deja constancia de que tanto el Paraná, uno de los pocos ríos de la Argentina que aún no cuenta con un Comité de Gestión, como toda su biodiversidad acaban de transitar un fuerte proceso de stress debido a las grandes bajantes que sufrió en los últimos años.

“Esa etapa fue acompañada por un proceso sistémico de quemas intencionales para la producción agropecuaria en las islas y humedales que forman parte de su ecosistema, con la consecuente proliferación de cianobacterias y mortandad de peces. Esto último relacionado con las más de 600 millones de litros/kilos de agrotóxicos y más de 5.000 millones de l/k de fertilizantes sintéticos que demanda el agronegocio en la Argentina”, reza el escrito.

Ante ello, los amparistas exigen que se establezca una franja de protección sobre toda la cuenca del Paraná respecto a las aplicaciones tanto aèreas como terrestres de agrotóxicos, al tiempo que se iguale el mejor criterio de protección existente sobre toda la cuenca, teniendo en cuenta que en la mayoría de las provincias atravesadas por el río no existen distancias o zonas de resguardo respecto de los cursos de agua superficiales en lo que se relaciona con las fumigaciones.

Los querellantes incluyeron el informe de la Procuración General de Santa Fe acerca de preocupante mortandad de peces que tuvo lugar a finales del año pasado sobre el río Salado -afluente del Paraná- en el que una investigación llevada a cabo por un grupo de especialistas de la Universidad Nacional del Litoral lo relaciona con el modelo agroindustrial.

Según dicho estudio, se halló glifosato y clorpirifós en las muestras de agua y tejido de los peces. “Se trata de los herbicidas y plaguicidas más utilizados en los cultivos de soja transgénica”, concluye el comunicado.