En la comuna de Guardamonte (Entre Ríos), una veintena de familias productoras están en un establecimiento que un tribunal le había quitado al exlegislador provincial Mario Yedro por un caso de enriquecimiento ilícito

Una veintena de familias productoras ligadas a la Federación Agraria Argentina (FAA) pusieron en producción un campo de 2000 hectáreas que la Justicia de Entre Ríos le había quitado a un exlegislador provincial acusándolo de enriquecimiento ilícito.

En 2005, un tribunal de Concordia encontró culpable de enriquecimiento ilícito al exsenador provincial Mario Yedro (PJ). Lo condenó a tres años de prisión en forma condicional y le sacó el campo ubicado en la comuna de Guardamonte, en el departamento Tala.

En 2017, Elvio Guía, vicepresidente de FAA, presentó al gobernador entrerriano, Gustavo Bordet, un proyecto para hacer la colonia agrícola en el lugar. La iniciativa se terminó aprobando en la Legislatura provincial por unanimidad en 2018.

En 2019 se abrió la inscripción para proyectos en la colonia, donde se anotaron 104 iniciativas. En febrero de 2020 se sortearon los lotes y quedaron uno destinado a una escuela agrotécnica, siete para proyectos intensivos y 13 a familias para lotes ganaderos, según informó la entidad. También se seleccionó personal de la policía que recibió 20 casas. Además, se entregaron 6 viviendas a pobladores de Guardamonte. Hoy están produciendo allí 14 familias ganaderas y apícolas, ovinas y bovinas y siete familias de producción hortícola.

Uno de los productores es Luciano Woloschuk, que está instalado en la Colonia Guardamonte. Apicultor de toda la vida, según se define, en una parcela que le tocó tiene el apiario y, además, hacienda. “La idea es seguir creciendo y hacer una sala de extracción. Ese fue mi proyecto”, señala.

Las familias tienen en comodato las tierras y casas. Tendrán dos años de gracia y después un plazo de 25 años en valores productivos para pagarlos. Es decir, los créditos siguen al valor de la producción.

Impacto

“Para todos los federados entrerrianos, y todos los federados en general, se trata de un hito importantísimo ver que hoy haya familias viviendo, produciendo y dándole vida a la colonia Guardamonte. Es la prueba más evidente de que todos los ideales por los que venimos luchando y que todo lo que decimos, que el Estado debe apoyar a los productores para sostener el arraigo, la producción, mejorar el acceso a la vivienda, a la infraestructura, avanzar para lograr el desarrollo económico, educacional, social y cooperativo es posible”, apuntó Guía.

“Acá tenemos una experiencia concreta, hecha realidad, de que a través de la interacción público privada, cuando el diálogo es serio, bienintencionado y conducente, se pueden lograr las cosas que los productores necesitamos para desarrollarnos. Esta colonia es una experiencia de arraigo real, lograda por la interacción entre una decisión política (del gobierno entrerriano) y el trabajo de nuestra entidad, que presentó el proyecto y trabajó todos estos años para que se hiciera realidad”, agregó.

Para FAA, esta experiencia podría replicarse “en cualquier tierra del Estado o en aquellas que se recuperan de los ilícitos o están ociosas”.

Para Woloschuk, esta fue la única forma de acceder “a un pedazo de tierra”, ya que, según relató, se econtraba en su caso con el problema de arrendar. “Con esto puedo planificar más”, detalló.

En marzo pasado, el senador nacional entrerriano por el PRO, Alfredo De Angeli, presentó un proyecto en el Senado para la colonización de tierras fiscales con el fin de ser incorporadas a los procesos productivos, en explotaciones agropecuarias de economías familiares y rurales.

Propone crear el Instituto Nacional de la Colonización integrado por cinco miembros: tres propuestos por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Congreso Nacional, uno en representación de las entidades ruralistas y un representante de las provincias. “Este instituto realizará planes de colonización, según la región del país, siguiendo algunas pautas técnicas. Además establecerá las condiciones para quienes desean participar de una adjudicación, y también, fijará el valor de las tierras adjudicadas y los plazos de pago que no podrá exceder los 25 años. El adjudicatario recibirá el título de propiedad tras el pago completo al Estado”.