El proyecto de ley de cupo e inclusión laboral
travesti–trans obtuvo media sanción por amplia mayoría en la Cámara de
Diputados de la Nación. Además de fijar un mínimo del 1 por ciento para todo el
personal del Estado nacional, el proyecto que lleva el nombre de Diana Sacayán
y Loahana Berkins, dos históricas militantes del colectivo travesti-trans,
prevé incentivos por contratación para las empresas privadas y establece una
serie de obligaciones del Estado para garantizar el acceso al empleo de una
población históricamente oprimida. Las organizaciones que impulsan el proyecto
desde hace años, y que participaron en la elaboración del articulado final,
celebraron la media sanción y advirtieron que "vamos a seguir militando
para que en el Senado se trate cuánto antes y sea ley”.
"El Estado nacional, comprendiendo los tres poderes que
lo integran, los Ministerios Públicos, los organismos descentralizados o
autárquicos, los entes públicos no estatales, las empresas y sociedades del
Estado, debe ocupar en una proporción no inferior al uno por ciento de la totalidad
de su personal con personas travestis, transexuales y transgénero", se lee
en el artículo 5 del proyecto que obtuvo media sanción con una contundente
mayoría: 207 votos afirmativos, 11 negativos y 7 abstenciones.
El proyecto aclara que, para acceder a los puestos de
trabajo, no será necesario acreditar el cambio registral en el DNI y que se
creará un Registro Único de Aspirantes en el que las personas interesadas
podrán anotarse. La inscripción al Registro tampoco será un requisito
obligatorio, sino que tiene el objetivo de proveer listados de candidaturas a
las reparticiones demandantes.
De ser aprobado por el Senado, el cupo tendrá fuerza de ley
nacional a través de la "Ley de Promoción del Acceso al Empleo Formal para
Personas Travestis, Transexuales y Transgénero 'Diana Sacayán - Lohana
Berkins'". El proyecto recoge el antecedente del decreto firmado en
septiembre del año pasado por el presidente Alberto Fernández, que había
establecido que el sector público nacional debía destinar el 1 por ciento de su
planta a travestis y trans. A diferencia del decreto, el proyecto tratado por
el Congreso presenta una serie de puntos que alcanzan al sector privado.
"Se suma ese sector a través de incentivos que
promueven la contratación. El Estado nacional está muy presente en Buenos
Aires, pero en el resto de las provincias la estructura nacional es más chica,
por lo que pensar en un cupo federal para el interior del país es más complejo.
Por eso pensamos los incentivos a privados como algo esencial", dijo a
Página 12 Gabriela Estévez, diputada nacional por el Frente de Todos (FdT) y
redactora de uno de los 15 proyectos que terminaron unificándose en noviembre
del año pasado en las comisiones de Mujeres y Diversidad, de Legislación del
Trabajo, y de Presupuesto y Hacienda, de las que participaron referentes de las
organizaciones.
“Nos dimos el espacio para escuchar todas las voces e
identidades, y por primera vez en la historia, en una reunión institucional,
travestis y trans tomaron la palabra pública y dejaron registrado su testimonio
en las versiones taquigráficas de la Cámara. El dictamen del proyecto fue
conmovedor e histórico”, recordó en su discurso de este jueves la diputada
Monica Macha (FdT), presidenta de la Comisión de Mujeres y Diversidad, y autora
de otro de los proyectos que se unificaron.
La diputada nacional del Frente de Todos, Gisela Marziotta,
destacó que este proyecto, como el de equidad de género en los medios, que
también se iba a tratar esta madrugada en la Cámara de Diputadas, apuntan
"a ampliar derechos".
Uno de los beneficios para el sector privado que establece
el texto del proyecto radica en que "las contribuciones patronales que se
generan por la contratación de las personas beneficiarias de la presente ley
podrán tomarse como pago a cuenta de impuestos nacionales". Además, el
artículo 10 prevé que estas empresas tendrán "prioridad en las
contrataciones del Estado, las compras de insumos y provisiones".
Por otro lado, también se estipula la creación de líneas de
crédito específicas por parte del Banco Nación "con tasa preferencial para
el financiamiento de emprendimientos productivos, comerciales y/o de servicios,
individuales o asociativos, destinados específicamente a personas solicitantes
travestis, transexuales y transgénero".
Además del cupo y los incentivos para el sector privado, el
proyecto incorpora una serie de principios de "no discriminación" que
serán obligaciones del Estado. En principio, se establece que, para acceder a
los puestos laborales, "el requisito de terminalidad educativa no puede
resultar un obstáculo". Si las personas aspirantes no completaron la
escolaridad, "se permitirá su ingreso con la condición de cursar el o los
niveles educativos requeridos", y será el Estado quien deba garantizar los
medios para que esto se cumpla.
Según se lee en el artículo 7 del proyecto, tampoco podrán
ser considerados para el ingreso los antecedentes contravencionales de la
persona postulante, mientras que los antecedentes penales "que resulten
irrelevantes para el acceso al puesto laboral no podrán representar un
obstáculo para el ingreso y permanencia en el empleo considerando la particular
situación de vulnerabilidad de este colectivo".
Ya en la madrugada del viernes, mientras en los balcones del
recinto les militantes cantaban "al calabozo no volvemos nunca más",
Alejandro García, diputado del Pro, adelantó que no acompañaría al proyecto al
criticar el artículo 7: “Es un pésimo antecedente que este cuerpo se atribuya
cuáles son los delitos de relevancia y cuáles no”, consideró.
A esto respondió Mara Brawer (Fdt), quien remarcó que “los
edictos policiales ordenaban detener a las personas travestis y trans, por eso
festejo el artículo 7. Justamente en nombre del Estado tenemos que pedir perdón
por esas contravenciones y por los antecedentes penales, porque la mirada del
Estado hacia la población travesti trans fue una mirada de cacería”.
"Estamos ante uno de los temas más crueles de nuestra
sociedad, no hay otros motivos del desempleo estructural de las personas
travesti-trans más que su identidad de género. Son sometidas a una violencia
estructural que articula género, clase y racismo social. La sociedad patriarcal
las ha vuelto invisibles para la vida laboral, las ha perseguido con las
fuerzas de seguridad y las ha empujado al anonimato social", advirtió
Macha en este sentido. "Si el Senado la aprueba, será una Ley con
legitimidad de origen que brindará respuestas concretas a un colectivo que
históricamente fue violentado, excluido y vulnerado en sus derechos
fundamentales”, agregó por su parte Estévez.
Desde la Campaña Nacional por el Cupo y la Inclusión Laboral
Travesti Trans celebraron la media sanción y recordaron que el colectivo
"tiene una expectativa de vida de entre 35 y 40 años de edad como
consecuencia de la vulneración sistemática de sus derechos fundamentales,
comenzando por su exclusión estructural del mercado laboral formal". Hasta el momento, además del decreto
presidencial, las provincias de Buenos Aires, Chubut, Río Negro, Chaco, Santa
Fe, Entre Ríos y La Pampa tienen leyes de cupo e inclusión laboral.
"Este es un acto de reparación por parte del Estado
frente a todos los años de olvido y exclusión sistemática hacia nuestro
colectivo. Vamos a seguir militando para que en el Senado se trate cuánto antes
y sea Ley”, aseguró Claudia Vásquez Haro, presidenta de Otrans Argentina y de la
Convocatoria Federal Trans y Travesti Argentina.
Por su parte, Marcela Tobaldi, integrante del Frente Orgullo
y Lucha indicó que "luego de décadas de exclusión, persecución,
estigmatización y violencia institucional hacia la población travesti trans comienza
un nuevo ciclo en materia de reconocimientos de derechos".
En tanto, Thiago Galván, secretario de Identidades Travestis, Trans y No Binarias de la Liga LGBTIQ+ de las Provincias, afirmó que "es un paño de esperanza para las niñeces, las juventudes y las personas travestis y trans adultas que podemos soñar con otras vidas posibles, vivibles. Hoy tenemos una media sanción que nos legitima como sujetos de derecho”.