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Lunes 21 de junio de 2021
El programa Acompañar ya asistió a 159 mujeres y LGBTIQ+ en Salta (mención a Entre Ríos)
programa acompañar

El Programa Acompañar forma parte del Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género 2020-2022 y consiste en una de las principales medidas que impulsa el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad (MMGyD) de la Nación para el apoyo y acompañamiento a personas en situación de riesgo por razones de género. De acuerdo al informe que emitió recientemente el Ejecutivo Nacional, en Salta se asistió a 159 mujeres y personas de la comunidad LGBTIQ+ hasta abril de este año.

El Programa presenta dos pilares. El primero refiere al acompañamiento integral para el fortalecimiento psicosocial a las víctimas por parte de equipos interdisciplinarios de las Unidades de Acompañamiento, conformadas por provincias y municipios. El segundo, es el apoyo económico equivalente un Salario Mínimo, Vital y Móvil por un período de seis meses, destinado a crear, en el corto y mediano plazo, condiciones básicas para la construcción de proyectos de vida sin violencia.

De acuerdo a lo informado por el jefe de Gabinete de la Nación, Santiago Cafiero, ante la Cámara Alta que preside Cristina Fernández de Kirchner, las 159 asistencias se produjeron en 16 municipios de la provincia. De ese número, fueron tres las localidades del Valle de Lerma, en otorgar más altas en el Programa: Cerrillos, con 62; Rosario de Lerma, con 30 y la Capital, con 20.

Le sigue el norte salteño que tiene a Tartagal, con 18 y Orán, con 7.  En Animaná, La Viña y Rosario de la Frontera asistieron a 4 personas en cada municipio. Le sigue San Lorenzo, con 3. Y con una asistencia se encuentran Angastaco, Campo Quijano, General Pizarro, La Merced, Rivadavia Banda Norte y Rivadavia Banda Sur, y por último, Vaqueros.

En todo el país fueron 3.026 las personas asistidas. Y 1.681 solicitudes se encuentran en curso de revisiones y trámites correspondientes para el ingreso al Programa. Según el informe, la provincia de Buenos Aires ya dio de alta 607 solicitudes, le siguen Tucumán, con 286; Corrientes, con 271 y Córdoba, con 245. Tanto Catamarca como Chubut tienen 219 personas asistidas en el marco del Programa. 

Las provincias que tienen menos de 200 asistencias son Río Negro, con 183; Salta, con 159; Jujuy, con 144; San Luis, con 139 y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con 110. No llegan al centenar el Chaco (75), Entre Ríos (64), La Pampa (21), Mendoza (35), Misiones (35), Neuquén (81), San Juan (38), Santa Cruz (11), Santa Fe (28), Santiago del Estero (34), Tierra del Fuego (20) y La Rioja (2).

La responsable nacional del programa, Claudia Perugino, dijo a Salta/12 que la aplicación de esta política pública "viene a dar una respuesta a las demandas feministas de acompañar a las mujeres y diversidades. Creemos que el Estado tiene que ser un Estado presente y de cercanía". Es precisamente la primera acción del Estado que responde a este pedido de forma urgente permitiendo que mujeres y LGBTIQ+ en alto riesgo puedan desarrollar un proyecto de vida autónomo y además reducir la feminización de la pobreza.

El 5 de noviembre de 2020, la provincia de Salta firmó el convenio con la cartera nacional que dirige Elizabeth Gómez Alcorta. A partir de ahí cada municipio debía establecer sus propios convenios para asegurar que el Programa tenga una mayor efectividad y, sobretodo, rapidez en la resolución de los casos.

En la visita que realizó la ministra nacional a mediados de mayo, se sabía que sólo 27 de los 60 municipios de la provincia firmaron los convenios. Aún hay 17 que están por firmar y 16 que no manifestaron la intención de hacerlo.

En el listado al que este medio pudo acceder se puede observar una marcada diferencia geográfica entre los que sí lo hicieron, como las localidades del Valle Calchaquí y la Puna, ya que al menos 9 municipios firmaron el convenio: Angastaco, Animaná, Cachi, Cafayate, La Poma, Payogasta, San Carlos y Seclantás.

En tanto, en el Valle de Lerma se sumaron Capital, Rosario de Lerma, La Viña, La Merced, Coronel Moldes, Cerrillos, La Caldera, Vaqueros y San Lorenzo. Mientras que en el centro y sur de la provincia suscribieron los convenios los municipios de Apolinario Saravia, El Quebrachal, Rosario de la Frontera y San José de Metán. Lo mismo pasó con General Güemes, Campo Santo y El Bordo.

El Chaco salteño y la Puna, no

Llamativamente, en la región del Chaco salteño sólo dos intendencias adhirieron, Orán y Tartagal, quedando fuera la mayoría de las localidades en donde constantemente se denuncian casos de violencia de género, como Pichanal e Hipólito Yrigoyen. De la misma manera pasa en la Puna, donde ninguna localidad adhirió, ni Nazareno, Iruya o Los Toldos. Desde 2014 la provincia está en emergencia pública en materia social por violencia de género en todo su territorio.

Al respecto, la secretaria de Derechos Humanos de la provincia, Mariana Reyes, dijo a inicios de mayo que quienes han tomado la decisión de adherir, lo hicieron porque pusieron la problemática de la violencia de género "sobre la mesa".

Aún así, sostuvo que Salta está "más avanzada que otras provincias porque además hemos crecido en la implementación de áreas locales" dirigidas a las mujeres y diversidades. Contó que cuando asumieron el gobierno provincial, en diciembre de 2019, sólo existían 17 áreas, y que hoy, llegan a ser 38. Aseguró que los gobiernos municipales, en plena pandemia "han hecho un esfuerzo grande" en armar equipos interdisciplinarios que aborden la problemática.

Sin embargo, aún persisten críticas por parte de las organizaciones feministas para que el acceso al registro de asistencia sea más inmediato, dado que para su habilitación se precisa de un "código" que dé el alta, que según supieron, lo maneja el área de Derechos Humanos de Salta.

La difusión del Programa también se da en el marco del Acuerdo Federal para una Argentina Unida contra la Violencia de Género, firmado el último 8 de marzo por los gobiernos provinciales de todo el país y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Gómez Alcorta explicó que ese acuerdo "implica asumir un compromiso colectivo" por parte de los tres poderes del Estado y las provincias para la construcción de políticas de género.

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