Las obras del GNEA, iniciadas en 2015, estaban a seis meses de concluirse en 2018, pero fueron suspendidas en “forma unilateral, ilegítima y arbitraria”, según la denuncia formulada por las actuales autoridades de Ieasa. La presentación apunta contra quienes encabezaban Enarsa durante el gobierno de Cambiemos, provenientes de Techint y del Grupo Macri.

El Gasoducto del Noreste Argentino (GNEA), que aseguraba el abastecimiento de gas natural a millones de argentinos de Santa Fé, Chaco, Formosa y Salta, se empezó a construir en 2015 y tenía en agosto de 2018 un avance de obra del 90 por ciento. En seis meses se terminaba. Sin embargo, las autoridades de Enarsa (Energía Argentina Sociedad Anónima), responsables de la obra durante el macrismo, la pararon de “forma unilateral, ilegítima y arbitraria”. Así consta en la denuncia penal que presentaron esta semana las actuales autoridades del organismo, que ahora se llama Ieasa (Integración Energética Argentina S.A.). La presentación apunta contra la conducción macrista encabezada por Mario del Acqua, un ex hombre de Techint que el gobierno de Juntos por el Cambio también puso en Aerolíneas Argentinas. En la decisión también participó Alberto Brusco, quien tuvo un altísimo cargo en Iecsa, la constructora emblema del Grupo Macri. La causa recayó en el juzgado de Ariel Lijo y el fiscal es Carlos Stornelli.

El proyecto se originó durante 2003 y lo firmó no sólo el presidente Néstor Kirchner sino también los gobernadores de Corrientes, Chaco, Santa Fe, Entre Ríos, Formosa, Misiones y Salta. En 2007, por decreto, se declaró a la obra de interés público nacional. Se hizo un acuerdo de provisión de gas con el gobierno boliviano y se concretó un complejo trazado de 1500 kilómetros troncales y luego nueve ramales de otros 1500 kilómetros. No sólo significa la llegada de gas natural a los domicilios sino convertir en competitiva toda la producción de la región.

En julio de 2018, el directorio de Ieasa (el macrismo le puso ese nombre a Enarsa) recibió un informe señalando que las obras podrían entregarse en muy pocos meses. Sin embargo, en agosto, la conducción de Ieasa les envió una carta a todos los contratistas --una enorme cantidad-- diciéndoles que “por las cuestiones de público y notorio conocimiento” se suspendían todos los trabajos. El gobierno de Mauricio Macri, sin que hubiera un informe ni una acusación concreta, consideró la obra como parte de las emprendidas durante el gobierno de Cristina Kirchner, y por lo tanto la caracterizó como sospechosa. Incluso en el directorio se levantaron voces de queja y hasta votos en contra porque no había ninguna acusación concreta.

El resultado fue catastrófico. La obra no sólo se paralizó, sino que los pastizales cubrieron buena parte del trazado, incluyendo plantas compresoras y otros elementos de altísimo valor. La actual conducción de Ieasa, encabezada por Agustín Gerez, se encontró, además, con todo el material corroído, de manera que no es que se puede continuar la obra, sino que hubo que verificar, cambiar, reconstruir. Para redondear la hecatombe, hubo contratistas a los que no se les pagaron las obras certificadas, de manera que fueron acumulando intereses mientras lo construido se deterioraba.

El argumento para frenar la obra fue la aparición de la causa de las fotocopias de los cuadernos, de manera que resulta incompatible que el fiscal sea Stornelli: es evidente que no admitirá que su investigación fue irregular. Pero aún más allá de ese expediente, lo cierto es que no hubo ninguna denuncia concreta sobre el gasoducto y menos todavía alguna evidencia de ilegalidad.

La lógica indica que el freno a esa obra y a todas las demás fue una jugada política para usarla contra el kirchnerismo: “todas las obras tienen corrupción y por eso las paramos”. Pero detrás no sólo estaba esa cuestión sino también el plan de ajuste: el gobierno de Macri detuvo toda la obra pública a la vez que produjo el mayor endeudamiento de la historia. Los beneficios fueron para el sector financiero, no para el sector productivo. Lo asombroso de este caso es que la obra estaba terminada en un 90 por ciento y ni siquiera hubo un interés, verificado en otras obras, de pasarle las adjudicaciones a empresas amigas.

Finalmente, entonces, la denuncia contra las anteriores autoridades de Ieasa es por abuso de autoridad --haber detenido de manera ilegal y arbitraria una obra considerada de interés nacional-- y además existió un notorio y multimillonario perjuicio para el Estado, todo con el ingrediente de que no siguieron ni uno solo de los procedimientos administrativos que correspondían para fundamentar el freno de una obra beneficiosa para toda la población del Noreste argentino. La conducción de Ieasa dejó en claro en la denuncia que, con la asistencia de la Secretaría de Energía, se retomaron los trabajos para darle el servicio de gas natural a los habitantes de la región.