El Gobierno Nacional anunció la creación de un fondo de emergencia hídrica de mil millones de pesos para asistir a provincias y localidades afectadas por la bajante histórica del río Paraná, la peor en 77 años, al tiempo que dispuso la puesta en marcha de procedimientos estipulados en el Sistema Nacional de Gestión Integral del Riesgo (Sinagir) durante una reunión del Comité de Crisis conformado para monitorear la situación.

Este curso fluvial alcanzó este jueves una marca de 18 centímetros a la altura del puerto de la ciudad de Santa Fe, la menor desde 1970, y descendió tres centímetros frente al puerto de Paraná, la capital entrerriana, donde se mantiene en -17 centímetros (debajo del nivel del mar).

A través de la coordinación entre los distintos organismos, se analizaron escenarios posibles a corto y mediano plazo frente a la situación de emergencia por el déficit hídrico en la cuenca del río Paraná.

Se trata de la peor situación del río Paraná desde 1944, cuando llegó a -1,40 metros, de acuerdo a las mediciones oficiales en ambos distritos. En la bajante actual influyen factores determinantes como el déficit de precipitaciones en las cuencas brasileñas del Paraná y también del río Iguazú.

Otro factor importante es la sequía, ya que desde 2019 las precipitaciones en la cuenca permanecieron por debajo de las medias mensuales de los últimos 10 años, de acuerdo al comunicado gubernamental.

La mesa de trabajo, conducida por Cafiero, le asignó al Sinagir, cuya secretaría Ejecutiva depende del Ministerio de Seguridad, la responsabilidad de centralizar la información técnica oficial, la realización de un análisis integral de la situación y el monitoreo en forma permanente de todos los aspectos que derivan de esta bajante a través del Sistema Nacional de Alerta Temprana y Monitoreo de Emergencias (Siname).

El objetivo del Comité de Crisis es conformar mapas dinámicos de riesgo que permitan planificar con mayor eficiencia las acciones de apoyo y mitigación federal y la toma de decisiones.

De esta manera, se está evaluando diferentes acciones para mitigar las posibles consecuencias sobre la población y el ambiente en las provincias de Formosa, Chaco, Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires y Misiones.

Mientras tanto, el Ministerio de Obras Públicas destinará los recursos del Fondo de Emergencia Hídrica por $1.000 millones para trabajos en las tomas de agua sobre el río Paraná y arroyos interiores; la adquisición de bombas y dragados para tomas de agua, adecuación de canales, cañerías de conducción y aducción e impulso, y pontones para tomas temporarias, cuyo relevamiento está haciendo la Prefectura Naval Argentina (PNA).

Además, pondrá en marcha un Programa de Emergencia Hídrica que prevé verificar situaciones críticas que se produzcan en el territorio argentino a lo largo de los ríos Paraná, Iguazú y Paraguay, especialmente asociadas al abastecimiento de agua potable y generación de energía eléctrica.

En tanto, el Ministerio de Ambiente incrementó la presencia de brigadas y medios aéreos e instaló un sistema de cámaras de detección temprana de humo y calor debido a que los incendios forestales y de pastizales en la zona del Delta se reproducen en invierno sólo cuando hay bajantes históricas.

Asimismo, implementó el monitoreo permanente de cianobacterias -porque su aumento se vincula directamente con la bajante- y el trabajo articulado con todas las empresas de obtención y distribución de agua corriente para garantizar su potabilidad.

Esta misma medida la aplicó con las compañías que tratan residuos peligrosos para evitar que las bajantes impongan falencias en el proceso de tratamiento de esos residuos y los vuelquen a los ríos de la cuenca.

Por su parte, el Ministerio de Seguridad diseñó un plan de apoyo para fortalecer el funcionamiento de los potenciales puestos de comando y Centros Operativos de Emergencias en las principales zonas afectadas y que comprende la coordinación con las Fuerzas de Seguridad para asistencia y logística en la provisión y traslado de equipos y atención de emergencias en terreno.

En este sentido, la PNA realizará relevamiento y control sobre las tomas de agua y ejecutará acciones sobre el abastecimiento de agua potable, la navegación, el ecosistema y la generación de energía.

En otro orden, la empresa Nucleoeléctrica Argentina, que opera las centrales nucleares de Embalse y Atucha I y II, informó la adquisición de tres bombas flotantes a fin de asegurar la refrigeración de los sistemas de las unidades y la instrumentación de las bombas, con el propósito de obtener alerta temprana en línea del comportamiento de las mismas, en el período de bajante extrema. Estos registros se utilizarán para evaluar acciones operativas de las plantas.

Por otra parte, la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía está realizando compras de combustibles líquidos y GNL (gas natural licuado) correspondientes a la mayor necesidad prevista con un criterio de reserva ante imprevistos.

El Comité de Crisis también decidió definir una carga de datos homogénea de todos los organismos participantes, para el diseño de un mapa dinámico de riesgo con el evento especial “Bajante histórica”.

Como en todo proceso de bajante, se prevé la afectación sobre el abastecimiento y calidad del agua potable, la navegación y operaciones de puerto, el ecosistema, la fauna íctica y la generación de energía hidroeléctrica, indicó el comunicado oficial.