“Por más que tenga un nombre bonito y por más que sea épico, es un impuesto y es ineficaz”, argumentó el presidente del interbloque de Juntos por el Cambio en Diputados, Mario Negri, al rechazar la ley que creó el aporte extraordinario de las grandes fortunas. 112 legisladores de esa fuerza votaron en contra de la iniciativa, mientras que dos diputados radicales de Jujuy se diferenciaron y acompañaron al oficialismo, que se impuso con 133 sufragios junto a aliados de otras bancadas.

“Tiene un sesgo claramente antiempresa y antiinversiones”, agregó el radical Luis Pastori, en tanto que el diputado del PRO Luciano Laspina lo consideró “un impuesto a la inversión en Argentina”.

Juntos por el Cambio se opuso a las principales leyes económicas impulsadas por el gobierno de Alberto Fernández. De cara a las elecciones legislativas de medio término, los antecedentes sirven para visualizar el comportamiento de cada espacio político en aspectos concretos y trascendentales del futuro de los argentinos.

En cada ley que se vota en el Congreso se patentiza la posición real de diputados y senadores que, en campaña, suelen hacer promesas de todo tipo, en general en beneficio de las mayorías populares, o subirse a escándalos con mucha pirotecnia y marketing electoral.

En el caso del aporte solidario de las grandes fortunas, la posición de 26 senadores de Juntos por el Cambio fue también darle la espalda al proyecto del oficialismo.

Uno de los referentes de esa fuerza, el senador Martín Lousteau, se quejó en el debate en la Cámara alta por el intervencionismo estatal. “Con más de este Estado no vamos a salir de la pobreza.

Con esta presión tributaria y este sistema tributario no generaremos los puestos de trabajo formales para sacar a nuestros compatriotas de la pobreza”, afirmó para justificar su negativa a que los contribuyentes con patrimonios superiores a 200 millones de pesos tuvieran que afrontar una carga adicional.

“Es un impuesto antiinversiones, confiscatorio y discriminatorio”, se sumó el senador Roberto Basualdo, para quien el aporte generaría “un incremento irracional de la ya muy elevada carga fiscal en Argentina”.

Finalmente, el Frente de Todos se impuso con 42 votos y el aporte extraordinario se convirtió en realidad. Lo pagaron más de 10 mil contribuyentes y se recaudaron más de 230 mil millones de pesos, que se están destinando a la construcción de viviendas y el gasto social.

Servicios y tarifas

El Frente de Todos también logró avanzar en el Congreso con el aval al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del Poder Ejecutivo que declaró la provisión de internet, la telefonía celular y fija y la televisión paga como servicios públicos esenciales regulados por el Estado.

En el Senado ganó la votación 41 a 26 de la oposición. Cuando le tocó explicar por qué se oponía, la senadora del PRO Gladys González, elegida por la provincia de Buenos Aires, consideró que la medida es “demagógica, porque no es sostenible”.

“Obviamente el DNU es inconsulto, unilateral, es confuso, genera suspicacias, desconfianza, todo lo contrario a lo que debiera generar una política de Estado”, afirmó.

En la misma sintonía se ubicó el senador Lousteau: “Este DNU genera incertidumbre, discrecionalidad y atenta contra las inversiones que necesitamos”.

“El 44 por ciento de los hogares argentinos –continuó- no tiene agua de red o no tiene cloacas o no tiene gas y esos también son servicios públicos”. La senadora cordobesa Laura Rodríguez Machado (PRO) acusó al Gobierno de querer controlar los contenidos de internet.

“Los países que buscaron fijar precios con este método son los que también intentaron controlar los contenidos”, señaló.

En este caso, más allá de la pulseada en el Congreso, el grupo Clarín primero y otras empresas de telecomunicaciones después consiguieron amparos judiciales que frenaron la aplicación del DNU.

El presidente Alberto Fernández reiteró semanas atrás que insistirá con este tema para que se convierta en ley, “se enoje quien se tenga que enojar”. Será uno de los proyectos que deberán votar los legisladores que surjan de los próximos comicios.

Otra ley rechazada por buena parte de Juntos por el Cambio fue la que extendió la rebaja de las tarifas de gas, entre 30 y 50 por ciento, a tres millones de usuarios de localidades que sufren bajas temperaturas.

La ley de zona fría se amplió para distintos partidos de la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, San Juan, San Luis, Jujuy y Salta.

En el Senado, doce legisladores de la oposición votaron en contra: Oscar Castillo, Alfredo de Angeli, Silvia Elías de Pérez, Gladys González, Martín Lousteau, Ernesto Martínez, Stella Maris Olalla, Luis Naidenoff, Laura Rodríguez Machado, Humberto Schiavoni, María Vega y Víctor Zimmermann.

“Detrás de esta buena intención, estamos perdiendo de vista que entramos en una pendiente que eliminó la posibilidad de que este país sea autosuficiente en materia energética”, cuestionó el senador Naidenoff al fundamentar su voto negativo.

En este tema, el interbloque Juntos por el Cambio se dividió. Ocho senadores de provincias beneficiadas por la ley se sumaron a la mayoría oficialista: los jujeños Silvia Giacoppo y Mario Fiad, la santacruceña María Belén Tapia, los mendocinos Julio Cobos y Pamela Verasay, el puntano Claudio Poggi, el sanjuanino Roberto Basualdo y el fueguino Pablo Blanco.

Lo mismo ocurrió en la Cámara de Diputados. 16 legisladores de Juntos por el Cambio votaron en contra, en tanto que hubo 43 abstenciones y algunos votos a favor. La mendocina Jimena Latorre fue una de las que se opuso, porque “este proyecto compromete la sostenibilidad de la política energética y económica del país, por lo que podríamos llamarlo subsidio preelecciones”.

Jubilaciones

La reforma a la ley de movilidad jubilatoria fue otra iniciativa del Gobierno repudiada por la oposición, tanto en Diputados como en el Senado.

“Lo que tenemos es la seguridad de que los jubilados van para atrás el año que viene con esta ley, lo saben ustedes y lo sabemos nosotros”, advirtió Negri al votar en contra en la Cámara baja.

Sin embargo, este año las jubilaciones están aumentando más de lo que lo hubieran hecho con la fórmula anterior, que se había aprobado en el gobierno de Cambiemos. El alza comunicada hasta septiembre llega al 36,2 por ciento, frente al 33,7 por ciento que hubiera regido de no cambiar la ley.

“Esta fórmula tiene problemas: es poco transparente, es más volátil para mantener el poder adquisitivo de los jubilados y por eso muchos países usan la inflación para realizar los ajustes”, opinó Lousteau, pese a que el mecanismo de actualización de los haberes con la inflación que se impuso en el gobierno de Macri derivó en una dura caída de las jubilaciones del 19,5 por ciento mientras estuvo vigente.

“Esta es una fórmula estrambótica, compleja y desactualizada. Nuestra bancada la rechaza en forma total, irrevocable y consistente”, enfatizó el diputado Laspina, otra de las espadas de Juntos por el Cambio en el debate económico.

Ganancias

La reforma del impuesto a las Ganancias que involucra a las empresas también fue rechazada por la alianza opositora. Según el Gobierno, la medida rebaja la carga impositiva al 90 por ciento de las pymes y la aumenta para las compañías que obtienen rentabilidades extraordinarias.

La ley revirtió la reforma tributaria de 2017, que disminuía las alícuotas también a los grandes conglomerados, principales beneficiarios de aquella norma. “Lo que hizo Cambiemos debilitó al fisco y no tuvo impacto positivo en términos de aumentar la producción, el empleo y la inversión”, afirmó el ministro Martín Guzmán cuando se aprobó el proyecto.

En cambio, para el senador Lousteau, la ley del Frente de Todos “es un aumento de la presión tributaria y, para poder pasar el filtro político, se ha recargado sobre dos tercios de los generadores de trabajo en la Argentina”.

“Eso tendrá impacto en la tasa de inversión, tanto como en el nivel de precios y en la generación de empleo”, vaticinó.

En la misma línea, el sanjuanino Basualdo señaló que “a diferencia de la tendencia en el mundo, le estamos poniendo un salvavidas de plomo a las empresas porque en vez de ayudarlas, las estamos obligando a pagar impuestos muy altos porque a veces los políticos piensan que es un pecado que le vaya bien a una empresa”.

El otro proyecto del oficialismo en relación al impuesto a las Ganancias, el que recae sobre la cuarta categoría, fue votado a favor por Juntos por el Cambio tanto en Diputados como en el Senado.

Línea de conducta

Antes de conformarse Cambiemos, el PRO también había votado en contra de leyes económicas fundamentales del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, como las estatizaciones de YPF, las AFJP y Aerolíneas Argentinas.

En los últimos dos casos, la UCR se plegó a la negativa, lo mismo que hizo con la primera ley de movilidad jubilatoria que terminó entregando aumentos muy por arriba de la inflación.

Diego Santilli y Gabriela Michetti, entonces diputados, se retiraron del recinto cuando se votó una reforma a la Ley de Educación Superior que explicitó la gratuidad de los estudios de grado en las universidades estatales e impidió cualquier cobro directo o indirecto.

La oposición muestra una línea de conducta en su defensa de grandes empresas y sectores concentrados.

El Frente de Todos remarca las diferencias en su campaña electoral, sobre todo para pedir la ratificación de la confianza a quienes lo votaron en 2019, para que no caigan en la trampa de pensar que todo es igual.