El fiscal de Estado entrerriano, Julio Rodríguez Signes aseguró que "hay incitación de parte de los ambientalistas" por las quemas en el humedal.

Luego del pedido de denuncia contra el gobierno de Entre Ríos y la municipalidad de Victoria que la Multisectorial Humedales Rosario realizó ante el gobierno provincial y el municipio rosarino por "la ilegalidad consentida" que impera en el Delta del Paraná, el fiscal de Estado entrerriano, Julio Rodríguez Signes, salió ayer al cruce asegurando que su provincia "no tiene ninguna responsabilidad jurídica sobre los incendios". Además, el fiscal señaló que en la causa penal que tramita el juzgado Federal de Paraná, la mayoría de los imputados "son personas de Rosario que utilizan las islas, a lo mejor legítimamente, pero que hacen un uso inadecuado". En ese marco, consideró que "adjudicarle responsabilidad a Entre Ríos por los hechos que se producen es un contrasentido". También recordó que hace 10 años ganaron un juicio por una demanda similar impulsada por la Universidad Nacional de Rosario, y que ante "la incitación de algunas organizaciones ambientales", aseguró que "están muy tranquilos" porque el tema está siendo abordado "en un diálogo permanente” con el gobierno santafesino.

El pasado martes, la Multisectorial Humedales entregó un pedido al gobierno provincial y al municipio exhortando a formular una denuncia contra la provincia de Entre Ríos y el municipio de Victoria por la devastación que impera en el delta del río Paraná. "Están siendo diezmados por el fuego --más de un millón de hectáreas afectadas en menos de dos años-- y por el continuo avance de actividades y emprendimientos que dañan y degradan estos frágiles ecosistemas", señalaron antes de la presentación que salió con copia al Concejo, a la Defensoría del Pueblo de Santa Fe y al municipio de Villa Constitución, mientras que hoy lo harán en Granadero Baigorria y Arroyo Seco.

"No es novedad esa actitud de algunas organizaciones en Rosario. Incluso, hace aproximadamente 10 años nos demandó a la provincia la UNR ante la Corte Suprema de la Nación por la misma cuestión, el tema del humo que iba a Rosario producto de los incendios en el Delta, y en ese caso nosotros ganamos el juicio por una cuestión procesal porque la Universidad no tenía legitimación para reclamarle daños y perjuicios a Entre Ríos”, recordó el fiscal Rodríguez Signes en un comunicado difundido ayer por el gobierno entrerriano.

"Pero en el caso de esta incitación de algunas organizaciones, sobre todo ambientales, al Estado de la provincia de Santa Fe, estamos muy tranquilos por dos motivos: primero porque con Santa Fe tenemos un diálogo permanente a nivel institucional, tanto con el gobernador como con el fiscal”, expresó Rodríguez Signes, para luego precisar que antes de la pandemia, en febrero de 2020, mantuvo una reunión con el gobernador Omar Perotti para acordar la utilización de algunos espacios en la zona del Delta.

El fiscal de Estado entrerriano detalló que por entonces habían detectado cuatro zonas: Rosario-Victoria, Diamante-Coronda, Paraná-Santa Fe y otra a la altura de La Paz, y acordaron ponerse de acuerdo en la administración, el cuidado y el uso de esos inmuebles. "De manera que el gobernador de Santa Fe está perfectamente al tanto que se trata de espacios que en algunos casos pertenecen a la provincia de Entre Ríos, más al sur, y en otros a la provincia de Santa Fe, más al norte", indicó.

Rodríguez Signes explicó luego que "a la altura de La Paz la zona de humedales e islas está el lado santafesino, y a la altura de Victoria es al revés. Así que hay una conciencia entre los gobiernos sobre todo esto", y expresó que la otra cuestión es "la tranquilidad jurídica porque la provincia de Entre Ríos no ha incurrido en ningún caso de responsabilidad".

Según el fiscal, "este tema de los incendios no es tan fácil determinar a qué corresponde o por qué se produce. Hay un tema que es el comportamiento del río Paraná, la bajante facilita como nunca que se produzcan incendios, y eso está absolutamente demostrado por todos los estudios ambientales".

Además, recordó que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó constituir una comisión de emergencia que integran las secretarías de Ambiente de Santa Fe y de Entre Ríos, donde Nación también es parte. "Hemos puesto todos los medios a nuestro alcance y no hay una relación de causalidad entre los perjuicios, que yo de ninguna manera niego que puedan estar sufriendo los habitantes de Rosario, con respecto a la conducta de la administración provincial", reconoció.

De todos modos, Rodríguez Signes dijo que en la causa penal que se tramita en el Juzgado Federal de Paraná, la mayoría de los imputados son gente de Rosario, y que frente a la ciudad "hay una utilización de las islas, a lo mejor legítimamente, pero que hacen un uso inadecuado, y adjudicarle responsabilidad a Entre Ríos por los hechos que se producen es un contrasentido. Esto el gobierno de Santa Fe lo sabe perfectamente, tenemos diálogo permanente y existen ámbitos administrativos como para ir dando solución a esos problemas", puntualizó.

No hubo referencia en el escrito del fiscal entrerriano a las prácticas recurrentes de ganaderos y desarrolladores, responsabilizados por las organizaciones ambientalistas por los incendios intencionales, teniendo en cuenta que aún se encuentra vigente la prohibición de realizar cualquier tipo de quemas sin autorización, al pesar sobre la zona una medida cautelar del Juzgado Federal de Paraná que prohíbe de manera "absoluta acciones humanas con capacidad de alterar el medio ambiente".