El fiscal de Estado entrerriano, Julio Rodríguez Signesaseguró que “hay incitación de parte de los ambientalistas” por lasquemas en el humedal.
Luego del pedido de denuncia contra el gobierno de EntreRíos y la municipalidad de Victoria que la Multisectorial Humedales Rosariorealizó ante el gobierno provincial y el municipio rosarino por “lailegalidad consentida” que impera en el Delta del Paraná, el fiscal deEstado entrerriano, Julio Rodríguez Signes, salió ayer al cruce asegurando quesu provincia “no tiene ninguna responsabilidad jurídica sobre losincendios”. Además, el fiscal señaló que en la causa penal que tramita eljuzgado Federal de Paraná, la mayoría de los imputados “son personas deRosario que utilizan las islas, a lo mejor legítimamente, pero que hacen un usoinadecuado”. En ese marco, consideró que “adjudicarle responsabilidada Entre Ríos por los hechos que se producen es un contrasentido”. Tambiénrecordó que hace 10 años ganaron un juicio por una demanda similar impulsadapor la Universidad Nacional de Rosario, y que ante “la incitación dealgunas organizaciones ambientales”, aseguró que “están muytranquilos” porque el tema está siendo abordado “en un diálogopermanente” con el gobierno santafesino.
El pasado martes, la Multisectorial Humedales entregó unpedido al gobierno provincial y al municipio exhortando a formular una denunciacontra la provincia de Entre Ríos y el municipio de Victoria por la devastaciónque impera en el delta del río Paraná. “Están siendo diezmados por elfuego –más de un millón de hectáreas afectadas en menos de dos años– y por elcontinuo avance de actividades y emprendimientos que dañan y degradan estosfrágiles ecosistemas”, señalaron antes de la presentación que salió concopia al Concejo, a la Defensoría del Pueblo de Santa Fe y al municipio deVilla Constitución, mientras que hoy lo harán en Granadero Baigorria y ArroyoSeco.
“No es novedad esa actitud de algunas organizaciones enRosario. Incluso, hace aproximadamente 10 años nos demandó a la provincia laUNR ante la Corte Suprema de la Nación por la misma cuestión, el tema del humoque iba a Rosario producto de los incendios en el Delta, y en ese caso nosotrosganamos el juicio por una cuestión procesal porque la Universidad no teníalegitimación para reclamarle daños y perjuicios a Entre Ríos”, recordó elfiscal Rodríguez Signes en un comunicado difundido ayer por el gobiernoentrerriano.
“Pero en el caso de esta incitación de algunas organizaciones,sobre todo ambientales, al Estado de la provincia de Santa Fe, estamos muytranquilos por dos motivos: primero porque con Santa Fe tenemos un diálogopermanente a nivel institucional, tanto con el gobernador como con el fiscal”,expresó Rodríguez Signes, para luego precisar que antes de la pandemia, enfebrero de 2020, mantuvo una reunión con el gobernador Omar Perotti paraacordar la utilización de algunos espacios en la zona del Delta.
El fiscal de Estadoentrerriano detalló que por entonces habían detectado cuatro zonas:Rosario-Victoria, Diamante-Coronda, Paraná-Santa Fe y otra a la altura de LaPaz, y acordaron ponerse de acuerdo en la administración, el cuidado y el usode esos inmuebles. “De manera que el gobernador de Santa Fe está perfectamenteal tanto que se trata de espacios que en algunos casos pertenecen a laprovincia de Entre Ríos, más al sur, y en otros a la provincia de Santa Fe, másal norte”, indicó.
Rodríguez Signes explicó luego que “a la altura de LaPaz la zona de humedales e islas está el lado santafesino, y a la altura deVictoria es al revés. Así que hay una conciencia entre los gobiernos sobre todoesto”, y expresó que la otra cuestión es “la tranquilidad jurídicaporque la provincia de Entre Ríos no ha incurrido en ningún caso deresponsabilidad”.
Según el fiscal, “este tema de los incendios no es tanfácil determinar a qué corresponde o por qué se produce. Hay un tema que es elcomportamiento del río Paraná, la bajante facilita como nunca que se produzcanincendios, y eso está absolutamente demostrado por todos los estudiosambientales”.
Además, recordó que la Corte Suprema de Justicia de laNación ordenó constituir una comisión de emergencia que integran lassecretarías de Ambiente de Santa Fe y de Entre Ríos, donde Nación también esparte. “Hemos puesto todos los medios a nuestro alcance y no hay unarelación de causalidad entre los perjuicios, que yo de ninguna manera niego quepuedan estar sufriendo los habitantes de Rosario, con respecto a la conducta dela administración provincial”, reconoció.
De todos modos, Rodríguez Signes dijo que en la causa penalque se tramita en el Juzgado Federal de Paraná, la mayoría de los imputados songente de Rosario, y que frente a la ciudad “hay una utilización de lasislas, a lo mejor legítimamente, pero que hacen un uso inadecuado, yadjudicarle responsabilidad a Entre Ríos por los hechos que se producen es uncontrasentido. Esto el gobierno de Santa Fe lo sabe perfectamente, tenemosdiálogo permanente y existen ámbitos administrativos como para ir dandosolución a esos problemas”, puntualizó.
No hubo referencia en el escrito del fiscal entrerriano alas prácticas recurrentes de ganaderos y desarrolladores, responsabilizados porlas organizaciones ambientalistas por los incendios intencionales, teniendo encuenta que aún se encuentra vigente la prohibición de realizar cualquier tipode quemas sin autorización, al pesar sobre la zona una medida cautelar delJuzgado Federal de Paraná que prohíbe de manera “absoluta acciones humanascon capacidad de alterar el medio ambiente”.
