Una decena de allanamientos, decomisos de drogas y hasta el secuestro de una avioneta marcaron en octubre el pulso del narcotráfico en Concordia, la segunda ciudad más poblada de Entre Ríos. Con oficinas saturadas por las numerosas causas abiertas, un fiscal reclamó la inauguración de un juzgado federal en esa localidad, al que calificaron como "muy necesario" para combatir el tráfico de drogas.

Entre la ruta 14 y el río Uruguay, Concordia se erige como un lugar de paso para el fluido tránsito entre el centro de la Argentina y el noreste del país. Es el paso a Paraguay y a Brasil, además de que sobre el río cuelgue el puente a Salto, uno de los pasos fronterizos con Uruguay.

A fines de septiembre Gendarmería hizo seis allanamientos por violación a la Ley Nacional de Estupefacientes en Concordia. En las últimas semanas, la Policía provincial y Prefectura encabezaron otros tres operativos, en los que secuestraron lotes de droga y detuvieron a cinco personas.

Se suma a investigaciones de más largo alcance, como el secuestro de una avioneta utilizada por una banda narco que traficaba cocaína de Paraguay y Uruguay.

En este caso, siguieron el rastro la Dirección Antidrogas de Gendarmería y la de la Fuerza Aérea de la República Oriental de Uruguay. La sospecha es que el grupo criminal utilizaba un campo entrerriano como "escala" de los vuelos para hacer conexiones operativas y logísticas.

La huella del narco ya había dejado otros episodios de película, como una "lluvia de droga" en 2016. Ocurrió en julio de ese año, cuando una avioneta dejó caer -en pleno vuelo- 427 kilos de marihuana y 27 de cocaína de máxima pureza en la zona rural del departamento de Concordia.

Por aquellos días una aeronave aterrizó de emergencia en un campo de la zona. Cuando llegaron, los vecinos no encontraron a nadie a bordo de la avioneta, pero sí hallaron estupefacientes.

Ante este panorama de creciente preocupación, Martín Núñez, el fiscal que intervino en los más recientes casos de narcomenudeo, remarcó que la demorada inauguración del Juzgado Federal de Concordia -creado por ley en 2010- "será de gran ayuda" ante el avance del tráfico de drogas. Un comentario pequeño para un problema mayor, pero simbólico ante el panorama.

El problema viene de lejos. Los reclamos, también.

Promesa demorada y lenta desfederalización

Hasta hace unos años Entre Ríos contaba con dos juzgados federales de primera instancia, en Paraná y Concepción del Uruguay. El de Concordia fue creado en 2010 por el Congreso nacional. Pero aún no está en funcionamiento y las causas siguen sobrecargando al de Concepción del Uruguay.

La inauguración se encuentra demorada, aunque se espera que se lleve a cabo antes de 2022. El edificio está terminando de construirse en terrenos del ex Policlínico Ferroviario. Ya hubo recorrida oficial, con la participación del intendente de Concordia, Alfredo Francolini, a mediados de este año. Y ya tiene jueza designada: Analía Ramponi.

Las promesas se acumulan y el juzgado no funciona. Por eso, desde el Ministerio Público Fiscal entrerriano reiteraron la importancia que podría tener la puesta en funcionamiento de la dependencia para combatir el narcotráfico.

"El narcomenudeo es un tema que nos preocupa y nos ocupa para tratar de darle solución a este flagelo de la droga, ya que prácticamente todos los fines de semana se están allanando domicilios y encontrando droga", dijo Martín Núñez, a cargo de los delitos del último eslabón del narco.

Desde 2018 Entre Ríos adhiere a la Ley de Desfederalización en Materia de Estupefacientes, a través de la ley provincial 10.566. Le permite a la Justicia provincial "perseguir, juzgar y reprimir" delitos de comercialización y consumo.

Según informes oficiales, en 2017 se emitieron 134 sentencias condenatorias en la Justicia Federal por comercialización de estupefacientes, contra una de la Justicia provincial. Al año siguiente creció el número federal (145) y el fuero provincial experimentó un notorio salto hasta llegar a 21. Finalmente, los registros de 2019 revirtieron la situación: 86 condenas en el fuero federal y 105 en el provincial.

Una curva similar experimenta la tramitación de causas por tenencia simple.

Sin embargo, la norma con la que Entre Ríos se pliega a la desfederalización no estipula la creación de fiscalías específicas para el narcotráfico. Además, aunque la Nación debería enviar fondos el Estado entrerriano carga en los hechos con los gastos del paso de jurisdicciones.

Ante este panorama, fuentes judiciales de Entre Ríos calificaron como muy necesaria la habilitación del Juzgado Federal de Concordia, que también alcanzará a otros cuatro departamentos entrerrianos: San Salvador, Federación, Federal y Feliciano.

Aseguran que, en medio de las demoras y preocupación, contribuirá a una "mayor eficacia de la labor jurisdiccional" ante el crecimiento del narcotráfico y el crimen organizado "que ha venido ganando terreno en esa región de la provincia litoraleña".