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Martes 30 de noviembre de 2021
Con juicio suspendido en la “causa de los contratos”, se complica la situación de la jueza y la fiscal (caso Contratos Truchos)

Pese al intento de la jueza de Paraná Marina Barbagelata de acelerar el juicio de la denominada “causa de los contratos” que salpica a gran parte de la política entrerriana, su superior, la Cámara de Apelaciones resolvió ayer que son “abstractos” los planteos de los abogados defensores de los imputados para que se expidan sobre la suspensión del proceso.

Y esto es porque argumentó que el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos ya había ordenado que todas las actuaciones queden paralizadas hasta que la Corte Suprema defina si los delitos investigados corresponden a la órbita de la Justicia provincial o pertenecen a la Justicia federal por tener incidencia en lo electoral.

Barbagelata se hizo conocida en el cuarto piso del Palacio de Tribunales: le tuvieron que reiterar dos veces el pedido para que remita el expediente digitalizado que había requerido para su análisis, como había solicitado el procurador Eduardo Casal. Los hizo esperar un mes.

Luego de que Ámbito revelara esta insólita situación de rebeldía de la magistrada –tanto desoyendo al STJER como ignorando a la propia Corte-, el miércoles pasado envió la copia digital de la causa.

Fue un día después de que, por 6 votos a 1, se abriera el juicio político para la fiscal Anticorrupción Cecilia Goyeneche, allegada a Barbagelata, pero con una vidriosa relación con uno de los imputados con quien mantenía negocios inmobiliarios que mantuvo ocultos durante gran parte de la investigación que llevó adelante en la “causa de los contratos”.

Su envío a jury no tuvo una votación pareja y fue a su vez impulsada por sectores del radicalismo que hacen crujir su alianza con el PRO en la provincia, fuerza con la que se identifica el esposo de la funcionaria, Sebastián Orlando Bertozzi, referenciado en Rogelio Frigerio.

Orlando era uno de los socios del estudio OKO, que tenía a su cargo, se presume, las cuestiones de maquillaje administrativo de los contratos “truchos” y canalizaban el dinero producido con el desvío a través de operaciones inmobiliarias.

Goyeneche arrancó negando un vínculo comercial con el otro socio del estudio, Pedro Opromolla. Luego, lo terminó admitiendo por dos departamentos que compartían y cuyo alquiler se devengaba en sus oficinas.

Revés

La vocal de la Cámara de Apelaciones, María Carolina Castagno tomó el recurso de queja de los defensores de los imputados que reclamaban para que se fije una posición ante la inédita situación de que la Corte solicitara el expediente para su análisis, el Tribunal Superior ordenara que se suspendan los plazos hasta que se resuelva si va al fuero electoral o es provincial y una jueza –Barbagelata- que citaba a audiencia para ofrecer prueba e iniciar el juicio, ignorando todo lo anterior. Directamente lo consideró abstracto.

Pero en un párrafo, fulminó a la jueza de garantías: “De ello se sigue, la absoluta improcedencia de la insistente demanda de los quejosos, a saber, la declaración de suspensión del trámite del Legajo como los plazos procesales hasta tanto se zanje el conflicto de competencia planteado, que antes interesaran ante la Jueza de Garantías y ahora pretenden se declare en esta instancia, pues como se vio, resulta a todas luces innecesario, al haber sido ya dispuesto por el máximo Tribunal Provincial, por lo que corresponde estar, en cuanto a su alcance, a lo allí resuelto”.

Traducido, el tribunal superior de Barbagelata afirmó que no hay nada por suspender porque esto ya lo suspendió el STJER, a quien le deben (lógico) obediencia jerárquica.

Departamentos

Goyeneche inició una campaña para buscar oxígeno atribuyendo su desventura en el juicio político a una venganza por haber impulsado la investigación que sacude a la política entrerriana.

Sin embargo, el pedido de enjuiciamiento data del 28 de julio pasado y contempla al procurador general de Entre Ríos, Jorge Amilcar García.

Postula como prueba una audiencia llevada a cabo ante la vocal Castagno que data de diciembre de 2018 donde la fiscal anticorrupción negó vínculo comercial con Oppromolla, a quienes se les atribuía la propiedad de un departamento en la calle 9 de Julio de Paraná. Lo negó enfáticamente. Quedó videograbado.

Pero lo que se descubrió luego es que ambos tenían esa y otra propiedad en el fideicomiso Baucis, sita en calle La Paz, según lo que informó con documentos el Registro de la Propiedad.

La fiscal y el imputado habían alquilado juntos uno de los departamentos a un tercero. Pero en la misma sede del estudio de su esposo Orlando y del imputado Oppromolla, se abonaban los impuestos de las personas que eran “contratadas” por la Legislatura. Cuando estalló la causa –y en sigilo- Oppromolla “cedió” su 50% del departamento a la sobrina de la fiscal anticorrupción para dejar de figurar en los documentos, al momento de ser imputado.

Es una escalada más de una Caja de Pandora cuyo final está lejos de conocerse.

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