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Sábado 04 de diciembre de 2021
Escándalo en Entre Ríos: suspendieron a la fiscal anticorrupción que investigaba a Sergio Urribarri
goyeneche

La fiscal anticorrupción de Entre Ríos, Cecilia Goyeneche, fue suspendida este viernes en su cargo por el Jurado de Enjuiciamiento, que además determinó que será sometida a un jury. La decisión se tomó una semana después de que se le abriera una investigación, y mientras lideraba un juicio en contra del ex gobernador Sergio Urribarri. Además, le redujeron su sueldo un 30%.

Al ex mandatario de Entre Ríos y actual embajador en Israel se lo acusa por corrupción en distintos expedientes judiciales. Goyeneche era quien coordinaba el cuerpo de fiscales que trabajaban en ese proceso contra Urribarri.

Además, los apartaron del proceso y designaron en su lugar un conjuez. En el juicio contra Urribarri y otros ex funcionarios entrerrianos se investiga el desvío de unos US$ 7,5 millones en pos de motorizar la campaña del entonces gobernador para presidente, en 2015. Se acusa a él, a su cuñado Juan Pablo Aguilera, a su pareja Luciana Almada y a miembros de dos empresas de publicidad de Paraná, que habrían sido prestanombres.

Según lo que dijo Goyeneche en una entrevista con el programa Cuestión de Fondo, de Canal 9 Litoral, los dos abogados que la denunciaron, Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet, mantenían vínculos estrechos y amistad con el que está denunciado como el "recaudador" de Urribarri, Alfredo Bilbao, apuntado en otro expediente, que investiga el denominado caso "contratos", con un fraude superior a los US$ 50 millones en 10 años.

Fuentes cercanas al ex gobernador Urribarri, en cambio, sostienen que en realidad al jury lo "promovieron abogados de la oposición", los mismos que lo denunciaron a él y con quienes tendría un enfrentamiento político que es de "publico conocimiento" en Entre Ríos. Uno de ellos, Mulet, siempre según estas fuentes, está en juicio con el hoy embajador por calumnias e injurias.

Además, a Urribarri se lo investiga en dos expedientes por su gestión como gobernador. Por un lado, está el denominado caso "contratos", en el que la Corte Suprema de Justicia debe definir si es de competencia federal o provincial, y por otro el que se estudian cobros de importantes montos de dinero con tarjetas de débitos que habían percibido tres personas y en el que está involucrado Juan Pablo Aguilera, cuñado y mano derecha de Urribarri. Se cree que que en los 10 años investigados se extrajeron más de US$ 50 millones.

De qué se acusa a Goyeneche

A Goyeneche se la acusa de no abrirse de una causa contra un contador con el que supuestamente era copropietaria de un bien. Además, su esposo había trabajado en ese estudio contable, aunque lo había hecho hasta 1999, mucho antes de los hechos, que comenzaron en 2007 y a investigarse recién en 2018. La procuradora adjunta se excusó de intervenir en el caso recién en 2015, cuando adquirió un fideicomiso para la construcción de departamentos en el que está el contador.

Los denunciantes creen que tendría que haberlo hecho antes y ni siquiera debió haber intervenido. La semana pasada, antes de esta decisión, el mismo Jurado de Enjuiciamiento había decidido abrir una investigación contra la fiscal, que en los hechos es la subprocuradora de la provincia, por su participación en esa causa, vinculada a los expedientes que tramita contra Urribarri.

En otro tramo de su decisión, el jurado de enjuiciamiento sostuvo que no tiene competencia para enjuiciar al procurador provincial Jorge García y derivó el caso en la Cámara de Diputados de Entre Ríos. Así, mientras por un lado enjuiciará a la subprocuradora, a quien es su jefe lo investigará el poder político.

Defensa de procuradores y fiscales

El jury contra Cecilia Goyeneche motivó el apoyo de parte de referentes del sector judicial. Fue el caso del Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina, y el Consejo Federal de Política Criminal, que definieron a la decisión tomada por el jurado de enjuiciamiento como un intento por "obstaculizar la investigación de hechos de corrupción generados en ámbitos del poder político provincial, avasallando de manera grotesca al Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Entre Ríos".

Y manifestaron "que la decisión en cuanto dispone, abrir el enjuiciamiento, suspender en las funciones a la Procuradora Adjunta Cecilia Goyeneche y desplazar al MPF como órgano de acusación, designando en su lugar para hacerlo a un acusador Ad-hoc, vulnera de manera ostensible no sólo la normativa local -sustancial, ritual y constitucional-, sino que se aparta de expresas disposiciones convencionales supranacionales".

También sostuvieron "que apartar sin más al órgano específico acusador previsto por la Constitución Provincial para este tipo de procesos, se erige en una medida arbitraria y no ajustada a derecho, con ello, ilegal".

Y argumentaron que "si el pretexto para semejante decisión es el temor de parcialidad del órgano encargado constitucionalmente de llevar adelante la acusación contra la Dra. Goyeneche, debemos recordar al Tribunal, que el Ministerio Público Fiscal, en la persona del Dr. García o su subrogante legal, como parte esencial de los procesos, tiene un claro deber de objetividad, que aventa cualquier recelo o aprensión sobre el punto".

El texto lleva la firma del presidente del Consejo de Política Criminal, Jorge Crespo, y del presidente del Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina, Alejandro Gulle.

Suscribieron al mismo los procuradores generales Julio Marcelo Conte-Grand (provincia de Buenos Aires), Juan Bautista Mahiques (ciudad de Buenos Aires), Tristán Lobo (Catamarca), Jorge Canteros (Chaco), Jorge Miquelarena (Chubut), Juan Manuel Delgado (Córdoba), César Sotelo (Corrientes), Sergio López (Formosa), Alejandro Ficoseco (Jujuy), Javier Vallejos (La Rioja), Mario ConteGrand (La Pampa), Miguel Piñero (Misiones), José Gerez (Neuquén), Jorge Barraguirre ( procurador general de Santa Fe), Jorge Baclini (Fiscal de acusación en Santa Fe, Luis De la Rúa (Santiago del Estero), Eduardo Quattropani (San Juan), Luis Martínez (San Luis), Oscar Fappiano (fiscal general de Tierra del Fuego), Eduardo Urquiza (fiscal mayor de Tierra del Fuego), y Edmundo Jiménez (Tucumán).

También se expresó la Red de Entidades por una Justicia Independiente (Rejía), desde donde manifestaron su preocupación "ante la gravedad institucional" de la situación planteada en Entre Ríos por la suspensión de la procuradora adjunta, Cecilia Goyeneche.

"La gravedad del caso está dada por la banal causal para motivar su apartamiento y suspensión por parte del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y, especialmente, por haberse atribuido este Tribunal facultades para desplazar al Ministerio Público Fiscal como su órganoo encargado de la acusación, cuando está impuesto como tal en la legislación vigente", añadieron.

Al respecto dijeron que "quienes integran el Jurado de Enjuiciamiento, entre ellos tres jueces de la Corte provincial, con una sola excepción, han decidido conformar un nuevo órgano de acusación, con integrantes d una lista de conjueces, de modo que se han convertido en legisladores y seleccionadores de la integración". A Goyeneche también la respaldaron desde la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación.

"Las garantías que poseen los y las Fiscales en el ejercicio de su función, no son patrimonio individual de los mismos, sino concesiones efectuadas por la sociedad en el marco constitucional para el desenvolvimiento de su labor y debe primar la mayor restricción posible en su interpretación a fin de no dañar la credibilidad de las Instituciones", sostuvo la entidad que presidente Carlos Rívolo en un comunicado al que también adhirió la secretaria general Susana Pernas.

Y profundizó: "En razón de ello, exhortamos a la mayor prudencia de las acciones de los poderes políticos en relación a los integrantes del Ministerio Publico Fiscal y que, se les brinde las herramientas funcionales necesarias para la obtención de la prueba y la formulación de la acusación, con objetividad, en los hechos delictivos que están comprometidos altos funcionarios".

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