El megajuicio al exgobernador de Entre Ríos y actual embajador argentino en Israel, Sergio Urribarri, se viene desarrollando en maratónicas jornadas aunque no se llegaría a terminar antes de la feria judicial.

Todo hace presumir, en cambio, que la definición judicial sobre el exmandatario peronista y otros funcionarios de su gobierno se conocerá en febrero, con el reinicio de la actividad en los tribunales de la capital entrerriana.

El proceso avanza en momentos en que avanzó un jury contra la procuradora adjunta Cecilia Goyeneche, ahora suspendida de su cargo. El juicio se desarrolla con Urribarri siguiendo las instancias desde Jerusalén, donde desarrolla su actividad diplomática.

Cuando le tocó declarar lo hizo desde allí, a diferencia de funcionarios de su gobierno, que siguen el juicio de manera presencial, entre ellos el cuñado del embajador, Juan Pablo Aguilera, y dos ex ministros, Pedro Báez y Hugo Marsó.

A Urribarri y sus ex funcionarios se los juzga por cinco causas iniciadas por las contrataciones oficiales a las imprentas de su excuñado, que además era en ese momento secretario de la Cámara de Senadores provinciales, y por otros hechos como al pago de avisos de campaña con fondos públicos y presuntas desviaciones de fondos públicos para acciones proselitistas.

El tribunal que juzga al ex mandatario del PJ y los ex funcionarios está compuesto por los jueces José María Chémez, Carolina Castagno y Elvio Garzón, quienes deberán resolver sobre este juicio en el que la fiscalía pide 8 años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua para el actual embajador. Al proceso judicial que se desarrolla en Paraná se lo denomina megajuicio porque allí confluyen varios expedientes que incluyen, cada uno de ellos, varios diversos delitos imputados.

A cada expediente, la prensa y la opinión pública, pero de tanto en tanto también las partes del juicio, lo denominan con nombre de fantasía.

Es el caso de “Sueño entrerriano”, que es como se bautizó a la causa en la que se busca dilucidar si hubo desvío de fondos públicos para campañas destinadas a imponer la candidatura a presidente de Urribarri.

También está la causa “Cumbre del Mercosur”, donde la fiscalía acusa por el presunto desvío de 28,4 millones de pesos que debieron haber sido destinados al encuentro de presidentes de la región, realizado en esta ciudad en 2014.

Para la parte acusadora, la suma de casi 29 millones de pesos “fue aplicada para beneficio personal de Urribarri, a través de la difusión nacional de los cuatro spots publicitarios, con el único propósito de instalar su precandidatura a presidente de la Nación en las elecciones generales de 2015".

Contrataciones

Pero las acusaciones no terminan allí, sino que también se busca determinar si hubo contrataciones de cartelería rutera que, según la acusación, nunca habría sido instalada.

Los defensores de cada uno de los procesados niegan los cargos y anticiparon que reclamarán la absolución de cada uno de ellos. La causa contra Goyeneche, subjefa de los fiscales entrerrianos, fue iniciada por la denuncia de dos abogados que fueron precisamente los mismos que denunciaron a Urribarri y sus ex funcionarios sentados en el banquillo de los acusados.

Goyeneche cuestionó a sus denunciantes, entre ellos los abogados Pagliotto y Guillermo Mulet, quienes cuentan con el antecedente de haber llevado varias denuncias contra Urribarri a la Justicia, como el caso de la fallida fabricación y venta de cosechadoras entrerrianas a Angola. “No somos instrumentos de nadie. Combatimos la corrupción y a los corruptos, sean políticos, funcionarios del Poder Judicial o particulares.

En este caso se dio la paradoja de que denunciamos a Urribarri por supuestos hechos de corrupción y hace poco tiempo al procurador general Jorge García y a su adjunta, Cecilia Goyeneche, por graves irregularidades cometidas en el ejercicio de sus funciones”, dijo Pagliotto desde un centro asistencial, a media voz por una afección a su salud contra la que lucha en este momento.

Sin embargo, el abogado, que fue fiscal adjunto de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, disuelta en uno de los tres gobiernos de Jorge Busti, sigue el megajuicio desde las transmisiones electrónicas que realiza el servicio de información del Poder Judicial.

“A ambos procuradores los hemos denunciado no por sus investigaciones, sino por lo que no quieren investigar. Sería muy bueno que muchos, antes de opinar, leyeran nuestra denuncia y valoraran las pruebas cargosas y contundentes que acompañamos”, remató Pagliotto, quien cuestionó la actuación de los jefes de fiscales en una causa de estafa al erario público mediante centenares de contratos laborales en la Legislatura provincial durante las últimas décadas y por ello pidió el jury.