A Pascual Viollaz, un ingeniero químico e investigador jubilado del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), lo golpearon y le pusieron una bolsa de nylon en la cabeza. Murió como consecuencia del estrés sufrido durante el brutal ataque. Tenía 80 años. La víctima fue sorprendida en su casa de Villa Elisa, en Entre Ríos, donde se dedicaba a la producción agropecuaria. El crimen ocurrió el 25 de mayo del año pasado y los delincuentes escaparon con un botín millonario. Casi 19 meses después, un jurado popular declaró culpables a los seis acusados de haber participado en el plan criminal.

Así lo informaron a LA NACION fuentes judiciales. El debate, que tuvo seis audiencias, se hizo en la Casa del Bicentenario de la ciudad entrerriana de Colón, y fue transmitido por Internet tras una decisión del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos. Esa difusión pública generó una gran expectativa en las pantallas de los comercios, confiterías y otros establecimientos de la zona.

“Las radios y los canales de TV suspendieron la programación habitual y transmitieron el juicio en vivo y en directo”, informó la Asociación Argentina de Juicios por Jurados en su página Web.

Entre los ciudadanos que hicieron de jurados había estudiantes, amas de casa, futbolistas y basquetbolistas. El jurado popular encontró culpable a los seis acusados del delito de homicidio en ocasión de robo.

“Lo mataron [a Viollaz] de una manera cobarde”, sostuvo a LA NACION el fiscal Alejandro Perroud, que estuvo a cargo de la instrucción de la causa y fue el representante del Ministerio Público Fiscal en el juicio por jurados. Las mismas palabras usó durante su alegato, informaron fuentes judiciales.

El debate fue presidido por el juez Rubén Chaia, quien por primera vez coordinó un juicio por jurados.

El jueves próximo, después de los pedidos de condenas que realizará el fiscal Perroud en la audiencia de cesura, el magistrado deberá imponer las penas para los acusados encontrados culpables en el veredicto.

El robo que terminó en el homicidio de Viollaz ocurrió cuando en la Argentina regía el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) como medida dispuesta por el gobierno nacional para intentar control el brote de Covid-19.

Los ladrones llegaron a la casa de la víctima después de transitar por caminos rurales. Antes, para ultimar detalles, se reunieron en la casa de Raúl Grantón, la persona que obtuvo el dato de que Viollaz tenía una suma importante de dinero en su casa y quien coordinó el robo y organizó a la banda, según la Justicia.

Con una caja en la mano y diciendo que era un regalo del hermano, los delincuentes llamaron a la puerta de la casa de Viollaz, situada en Boulevard Churruarín al 400, en Villa Elisa. La víctima les abrió la puerta y cayó en la trampa.

“Una vez dentro de la casa, Viollaz fue golpeado, maniatado con precintos y hasta le pusieron una bolsa en la cabeza para que dijera dónde guardaba el dinero”, explicaron a LA NACION fuentes del caso.

Una vez que consiguieron el botín, los delincuentes escaparon en el auto en el que había llegado y en la camioneta de la víctima.

No lo sabían, pero la caja que simulaba ser un regalo de la mejor confitería de Villa Elisa terminó siendo clave para la investigación porque los detectives pudieron recuperar una huella de uno de los autores del crimen.

También la tarjeta que los delincuentes escribieron con el remitente resultó una prueba fundamental porque fue sometida a un peritaje caligráfico que determinó la autoría de las líneas, según explicaron las fuentes consultadas.

“En la casa entraron cuatro ladrones, pero los seis acusados, desde un primer momento, tuvieron una autoría funcional. La caja del falso regalo fue como un arma, porque fue el instrumento para engañar a la víctima”; sostuvo el fiscal.

Grantón, Luis Herrlein, Juan Carlos Castro, Rosendo Larrosa, Andrea Amaro y Mario González fueron los seis acusados que llegaron a juicio y que fueron encontrados culpables según el veredicto del jurado popular, según informó el Poder Judicial de Entre Ríos en su página web.

Si bien nunca se pudo determinar el dinero del robo, la hermana de una de las personas acusadas dijo que la banda tenía para repartir 1.500.000 de pesos para cada uno de los partícipes. Así se desprende de una escucha telefónica, pero lo cierto que el botín sigue siendo una incógnita.

Después de conocer el veredicto de culpabilidad del jurado popular, el fiscal solicitó que los dos acusados que habían llegado en libertad fuesen detenidos en el momento. El juez Chaia hizo lugar a lo solicitado por el representante del Ministerio Público y ahora todos culpables están tras las rejas.