El presidente Alberto Fernández anunció que impulsará el debate público para lograr “el mejor diseño de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

Así, el jefe del Estado envió un mensaje al máximo tribunal a horas de que se haga público el fallo que declarará inconstitucional la actual conformación del Consejo de la Magistratura, que pasó de 20 miembros a los actuales 13 durante el gobierno de Néstor Kirchner.

“Las demoras en el servicio de justicia, junto a elementos que no hacen a su aceitado funcionamiento, imponen revisar sus mecanismos de trabajo, número de integrantes y división de tareas en el máximo tribunal”, sostuvo Fernández en un discurso que se presentó como el relanzamiento de su gestión y marcó la hoja de ruta con los 10 puntos que serán los principales objetivos.

De hecho, hace una semana el gobierno nacional presentó en el Senado una iniciativa para modificar el organismo encargado de designar y enjuiciar a los magistrados y elevar su integración de los actuales 13 a 17 miembros, con mayor representación de abogados, jueces y académicos.

Las palabras del Presidente se produjeron una semana después de la tensa visita del ministro de Justicia, Martín Soria, a los cuatro integrantes de la Corte, donde se consolida una nueva mayoría que tiene para resolver causas claves para el kirchnerismo.

Y en un intento por ampliar el debate sobre el tema, el Presidente le hizo un guiño a la oposición.

“Nadie tiene la razón absoluta en este tema, porque se trata de armonizar posiciones que permitan consagrar una institución ejemplar para los años por venir”, agregó.

Como ejemplo, el Presidente habló de la experiencia de 2003, cuando el entonces presidente Néstor Kirchner, con él como jefe de Gabinete, “fuimos capaces de recrear una Corte para la Democracia, creíble, prestigiosa y elegida con mecanismos novedosos de participación ciudadana”.

Y añadió: “Ese es el camino que tenemos que reconstruir hoy”. De los 10 puntos que mencionó, tres fueron sobre la Justicia.

“Deseo también promover un debate social sobre el mejor modo de seleccionar y elegir a los jueces, a través del Consejo de la Magistratura de la Nación”, graficó.

En este punto el Presidente mencionó el proyecto que se encuentra en el Parlamento. “Se trata de un ámbito esencial para la credibilidad institucional que requiere una evidente mejora”, sintetizó.

El otro asunto giró alrededor de la justicia penal. En ese sentido, el mandatario reclamó la implementación de los juicios por jurados. “Si la sociedad administra justicia de un modo participativo y responsable, los problemas de impunidad también dejarán de estar relacionados con la politización o la manipulación de causas y casos”, dijo.

En el cierre del primer año del Consejo Económico y Social, que se realizó en el Teatro Cervantes, el Presidente expuso los lineamientos y metas para los próximos dos años.

Se trató, según admitieron fuentes oficiales, una especie de “relanzamiento”. En un escenario de extrema polarización tras la derrota electoral y los efectos que provocó en la conformación de ambas cámaras, cerca del jefe del Estado confían en que la oposición “entre en razón” para avanzar con la nueva agenda.

Además de los objetivos sobre la Justicia, Fernández también mencionó metas en materia de seguridad, educación, empleo y productividad. Y volvió a referirse a la posibilidad de trasladar la Capital al interior del país y, aunque sin brindar detalles, mencionó la necesidad de llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

“Debemos reconstruir el Federalismo. Si lo hiciéramos [el traslado], no solo generaríamos otro polo de desarrollo donde la Argentina lo necesita, sino que nos obligaría a repensar el Area Metropolitana de Buenos Aires para superar esta concentración macro cefálica. Nos debemos una reflexión profunda sobre sus divisiones institucionales, su mejor organización y distribución de competencias”, sostuvo el mandatario.

Según explicó, su intención no es imponer una decisión, sino “analizar con datos y con casos prácticos cuál podría ser el mejor modo de reconstruir un real federalismo”.

Ante el incremento de la inseguridad, el Presidente anunció que, en los próximos 100 días, con el apoyo técnico e institucional de las Naciones Unidas, convocará “a todas las instancias políticas, sociales y de conocimiento del país al diseño de un Plan Maestro de Acción, que guíe la constitución de una Agencia Nacional de Prevención de la Violencia”.

Y añadió: “Esto supone desarrollar un esfuerzo institucional, legislativo y presupuestario, que parta de la coordinación y fortalecimiento de todos los eslabones del problema: prevención social de la violencia, policías y fuerzas federales de seguridad, justicia penal y sistema penal juvenil, cárceles y sistema penitenciario, adicciones, crimen organizado, pleno respeto a los derechos humanos”.

También llamó a “debatir y diseñar un nuevo modelo educativo de la escuela secundaria”. En este punto se refirió al desafío del regreso a las aulas de quienes abandonaron durante la pandemia. Se trata, según publicó LA NACION, de unos 600.000 alumnos.

El Presidente además anticipó que se priorizarán las grandes obras de infraestructura en el período 2022-2026, que abarcan un total de 30.000 millones de dólares de financiamiento proveniente de organismos multilaterales y bilaterales.

Participaron de la actividad los consejeros y las consejeras Paula Bibini, representante de la Unión de Industrias del Norte Argentino; Edith Encinas, presidenta de Federación ACTRA (Autogestión, Cooperativismo y Trabajo); José Martins, presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires y vocero del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA); Sergio Kaufman, presidente de Accenture; Beatriz Tourn, presidenta de Mujeres de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), y Alberto Barbieri, rector de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

También fueron parte Gerardo Martínez, secretario General de la UOCRA; Iván Szczech, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción; Andrés Rodríguez, secretario General de UPCN; Ana María Llois, investigadora superior del CONICET y profesora titular de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA; María del Carmen Battaini, jueza y presidenta de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y CABA; Marita Carballo, socióloga y miembro de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, y Delfina Veiravé, rectora de la Universidad Nacional del Nordeste.