El Consejo de Procuradores de la República Argentina, que nuclea a los jefes de los fiscales de todas las provincias, hizo una declaración tras una reunión realizada en Paraná en la que denunció que “se está vulnerando de manera grosera la Constitución de Entre Ríos” en el proceso que determinó la suspensión de la fiscal anticorrupción y subprocuradora de la provincia, Cecilia Goyeneche.

Goyeneche coordinaba la acusación en un juicio oral y público por corrupción contra el exgobernador y actual embajador en Israel Sergio Urribarri. También estaba a cargo de una investigación por una estafa por 53 millones de dólares a partir de contratos truchos en la Legislatura provincial, donde uno de los acusados es Juan Pablo Aguilera, cuñado y colaborador del exgobernador.

En pleno juicio oral y público, Goyeneche fue suspendida por decisión del Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados, que decidió abrirle un juicio político. Asimismo, ese cuerpo resolvió apartar a los otros fiscales que intervinienen en el jury contra Goyeneche y designar en su lugar a un conjuez (abogado de la matrícula) que oficie de fiscal en el juicio político.

También envió el Tribunal de Enjuiciamiento a la Cámara de Diputados una denuncia contra el procurador de Entre Ríos, Jorge Amilcar García.

A través de una comunicación oficial, Urribarri señaló que es ajeno a las denuncias contra Goyeneche. Esta tarde, Alejandro Gullé, presidente del Consejo de Procuradores, y Jorge Crespo, titular del Consejo Federal de Política Criminal, pidieron una reunión con el gobernador Gustavo Bordet y con legisladores, pero no los recibieron.

Fuentes del gobierno de Entre Ríos dijeron a LA NACION que el gobernador estaba en Buenos Aires y por eso no tuvo ocasión de recibir a los procuradores.

Remarcaron las fuentes que no hay ningún encono con los procuradores, aunque destacaron que en la provincia no esta en juego la institucionalidad como señala el documento difundido hoy, y que la evidencia es el funcionamiento de las instituciones.

Destacaron que se trata de un tema que es del Poder Judicial y que el Ejecutivo es prescindente. Los Procuradores le enviaron además una nota a la presidenta de la junta Federal de Cortes, María del Carmen Battaini, donde denunciaron esta situación. Battaini integra el Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego.

La Junta Federal de Cortes les mandó un carta donde los exhortó a tener prudencia con sus denuncias y les dijo que estaba preocupaba por su reacción. Trasmitió Battaini en la nota a los procuradores “la preocupación de los miembros de nuestra institución” por haber cuestionado al jury y los exhortó a actuar “con prudencia y responsabilidad, procurando el respeto de las instituciones”.

Es decir, la Junta Federal de Cortes que representa a los superiores tribunales de Justicia de todo el país cerró filas para defender al jury a Goyeneche.

Los procuradores de todo el país se reunieron en el Hotel Mayorazgo de Paraná y cuestionaron que el Jurado de Enjuiciamiento que abrió causa contra Goyeneche haya desplazado al Ministerio Público Fiscal como órgano acusador en el proceso y advirtieron que “si se continúa en esa dirección la provincia y el país podrían recibir sanciones por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.

Gullé, Procurador General de Mendoza, fue quien comunicó la posición de la Comisión Ampliada del Consejo Nacional de Procuradores, Fiscales y Defensores Generales de Argentina y del Consejo de Política Criminal. A su lado se ubicaron los procuradores Jorge Canteros (Chaco), Jorge Miquelarena (Chubut), Mario Bongianino (La Pampa) y Jorge Barraguirre (Santa Fe), los fiscales generales Alejandro Ficoseco (Jujuy), Jorge Baclini (Santa Fe) y los representanyes de las procuraciones de Corrientes y Salta, Sonia Meza y Pedro García Castiella.

«Venimos alarmados porque entendemos que en Entre Ríos se está dando una situación de pérdida de institucionalidad que es muy grave. No venimos a pedir la desestimación del jury de enjuiciamiento de Cecilia Goyeneche ni del juicio político de Jorge García, de quienes tenemos el mejor de los conceptos y no dudamos de la honorabilidad, honestidad y capacidad de ambos», comenzó diciendo Gullé.

Además, sostuvo que «están tratando de romper la institucionalidad y eso habla de la falta de independencia de poderes».

Enseguida, agregó que entienden que en el jury a Goyeneche “se está vulnerando de una manera grosera la Constitución de Entre Ríos”.

“Venimos a pedir un juicio justo y que ellos tengan el mismo derecho de cualquier ciudadano: que se respeten los procedimientos y los órganos naturales establecidos en la Constitución de Entre Ríos, como cuna de la Constitución, es una provincia que no se merece esto, porque no se vuelve”, declaró.

El jury que suspendió a Goyeneche decidió también que los fiscales entrerrianos no pueden acusar en el jury y que el fiscal debe ser un conjuez de la Corte, lo que no está previsto en ninguna ley y fue denunciado por inconstitucional.

Por eso los procuradores de todo el país plantearon que «un tribunal de enjuiciamiento reemplace a un órgano como es el Ministerio Público Fiscal es inédito en nuestro país, es algo grave. Se está castigando al Ministerio Público por una presunción o recelo de parcialidad, que francamente no tiene por qué existir».

El procurador de Mendoza aseguró que «una de las principales características del Ministerio Público es la objetividad” y que “quienes deben ser imparciales son los jueces”.

“El Ministerio Público no tiene necesidad de ser imparcial, tiene la obligación de ser objetivo. No es un organismo de acusación a ultranza, si no hay mérito para acusar no acusa», agregó.

Sostuvo que existe un doble estándar en el proceso: “Por un lado se exige que la fiscal se aparte porque conocía a una persona, pero por otro lado un miembro del tribunal de juzgamiento ha sido abogado de una de las personas imputadas en el proceso que genera todo esto. Para uno existe el deber de apartarse y para otro no. Esto es muy grave y peligroso. Se crea un organismo arbitrariamente de aspirantes a conjueces y desconociendo la naturaleza específica que tiene el Ministerio Público Fiscal”.

Supuestamente el procurador mendocino aludió a una vocal del Superior Tribunal, Claudia Mizawak, quien antes de ingresar al Poder Judicial fue abogada de Urribarri, quien está siendo juzgado por presuntos delitos contra la administración pública.

Hasta el momento se han excusado cinco abogados de ocupar el rol de fiscal ad-hoc (Amado Siede, Julio Federik, Roberto Beheran, Raúl Barrandeguy y Ladislalo Uzín Olleros).

La fiscal anticorrupción Goyeneche dijo que “esa es una muestra más del mamarracho ilegal que están impulsando. Por eso cada vez más organizaciones se están pronunciando sobre una situación inédita en la historia de Entre Ríos”.

Algunos de los excusados, como Federik, advirtieron sobre la ilegalidad que implica apartar al Ministerio Publico del jury y dijo que si aceptaba ser fiscal del ese caso iba él mismo a cometer un delito, cuestión que no estaba dispuesto a hacer.

El Procurador Gullé también sostuvo que con esa decisión de desplazar al Ministerio Público de su rol en el jury “se está pretendiendo asegurar un resultado y esto es muy grave. Venimos a bregar por un juicio justo, porque si no vamos a terminar siendo juzgados por comisiones especiales y sabemos qué es lo que ocurrió en este país”.

Y añadió: “No nos interesa quién está sometido a proceso y de qué partido político se trata. Nos acusan de corporativos y si es para pedir que se cumpla la ley, siempre vamos a ser corporativos”.