La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó por unanimidad este jueves el recurso de queja presentado por Sergio Urribarri en la causa que investiga el presunto desvío de fondos del ex gobernador de Entre Ríos en la campaña presidencial en 2015. El rechazo fue formal, por no estar dirigido contra una sentencia definitiva.

El máximo tribunal entendió que la defensa del actual embajador de la Argentina en Israel no agotó las etapas procesales previstas en la normativa vigente a modo de condición necesaria para llevar su caso ante la Corte. El fallo, al que accedió Clarín, tiene la firma de sus cuatro integrantes: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

La causa se abrió por el presunto desvío de unos US$ 7,5 millones. Unos 47 millones de pesos en objeción fueron repartidos en plena campaña para las elecciones 2015, una candidatura que resultó trunca, ya que se bajó antes. También se sigue la ruta de 24 millones de pesos otorgados en publicidad callejera oficial entre 2010 y 2015. Según la investigación, ese monto habría caído en la empresa de un familiar de Urribarri. Y también se puso el foco en la adjudicación de publicidad gráfica.

En los últimos días la situación tomó ribetes escandalosos, con la suspensión de Cecilia Goyeneche, Fiscal Anticorrupción de Entre Ríos. El camino del recurso de Urribarri es extenso y, ante sucesivos reveses en diferentes instancias, trepó hasta el máximo tribunal nacional.

Su defensa se había opuesto en primera instancia a que se incluyera prueba aportada por la Fiscalía, invocando que era ilegal y lesiva de la intimidad. Esa petición fue rechazada por el juez de garantías. Pero la defensa planteó un recurso de casación, invocando el derecho al control constitucional de la prueba.

Ese pedido también fue declarado inadmisible, ya que -argumentaron- el acto judicial que declara la apertura a juicio no puede ser recurrido.

Entonces, la defensa presentó una queja ante la Cámara de Casación provincial, que también desestimó la impugnación. Eso motivó la articulación de un recurso de impugnación extraordinaria, también rechazado, lo que derivó en una queja ante la Corte provincial.

El máximo tribunal de Entre Ríos desestimó igualmente esa queja por entender que, con independencia de la irrecurribilidad del auto de apertura a juicio y la ausencia de un agravio de imposible reparación ulterior, la parte -antes de ir en casación- debió haber agotado la vía de la apelación.

Rechazado el recurso extraordinario federal que intentó atacar la arbitrariedad de la decisión de la Corte de la provincia, la defensa de Urribarri presentó una queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que por unanimidad denegó el planteo y explicó que el recurso no está dirigido contra una sentencia definitiva.

La suspensión de la fiscal

Cecilia Goyeneche es la Fiscal Anticorrupción de Entre Ríos. Es también la persona que coordinaba al grupo de fiscales que investigan a Urribarri. Pero el 3 de diciembre pasado fue suspendida en su cargo, se le abrió un jury y, además, le rebajaron un 30% su salario.

Goyeneche está acusada de no haberse abierto de una causa contra un contador con el que supuestamente era copropietaria de un bien.

El Jurado de Enjuiciamiento había iniciado apenas una semana antes una investigación por su participación en ese caso, vinculado a los expedientes que tramita contra el ex gobernador de Entre Ríos. Además de su suspensión, quedaron apartados los fiscales que seguían el proceso y en su lugar fue nombrado un conjuez.

"Cualquier caso de corrupción que exista en Argentina hay que truncarlo a partir de un mensaje fatal: que el poder está del otro lado y el que se anime a investigarlo tiene que sufrir alguna consecuencia. Entonces las opciones que maneja la política son dos: o busca un poder judicial corrupto o decide romperlo, como en este caso", le dijo Goyeneche a Clarín.

Ella asegura que el pedido de jury estuvo impulsado por abogados cercanos a Urribarri. Desde el entorno del embajador, en cambio, deslizan que la solicitud estuvo vinculada a sectores de la oposición.

"Cualquiera que tome la resolución de apertura del enjuiciamiento puede llegar a la conclusión de que es una acusación armada. Yo no tuve una inconducta ni manipulé ninguna investigación, creo que ya está demostrado, esto es un mamarracho jurídico", sostuvo la Fiscal Anticorrupción.

Su suspensión despertó el repudio de procuradores y fiscales de todo el país. El caso de aparente desvío de fondos no es el único expediente judicial que tiene a Urribarri como protagonista.

También se lo investiga por cobros de grandes sumas de dinero con tarjetas de débito que habían percibido tres personas. Está involucrado Juan Pablo Aguilera, cuñado y persona de confianza de Urribarri. Y tiene por delante la causa conocida como "Contratos", en la que la Corte Suprema debe definir si es competencia federal o provincial.