CÓRDOBA.- El fracaso del oficialismo en la votación del presupuesto 2022 es el argumento por el que en el borrador del Consenso Fiscal se habilita a las provincias la posibilidad de subir y crear impuestos.

Originalmente, la instrumentación de una carga tributaria sobre la herencia era una obligación; por el rechazo generalizado, se optó por “proponer” que es el concepto figura en el texto que recibieron los ministros de Economía.

Las conversaciones con ellos las lleva adelante Silvina Batakis, secretaria de Provincias del Ministerio del Interior. En la cartera de Martín Guzmán hay quienes aseguran que no conocían los detalles de la propuesta para el nuevo Consenso Fiscal que se debe firmar antes del 1 de enero.

Un ministro de Economía provincial advirtió a LA NACION que cuando el tema se planteó hubo un “rechazo enfático” por lo que daban por descontado que no seguiría. Varios incluso advirtieron a los interlocutores nacionales que, no teniendo las provincias ninguna restricción para crear ese impuesto, incluirlo era un costo político innecesario.

En esas conversaciones, también insistieron en que no iba a prosperar, era un desgaste “por nada”. Esas sugerencias, incluso, las hicieron oficialistas. La única jurisdicción del país que cobra impuesto a la herencia es Buenos Aires; Entre Ríos lo derogó hace dos años y en Santa Fe, hace tiempo, la iniciativa no consiguió respaldo legislativo.

Entre los representantes de la oposición -quienes también rechazan la propuesta-, advierten que del nuevo texto desaparecen dos puntos que, aunque nunca se cumplieron, estuvieron en los consensos firmados entre 2017 y el año pasado: la necesidad de sancionar una nueva ley de coparticipación (tema pendiente desde la reforma constitucional) y el compromiso de la Rosada de “eliminar subsidios diferenciales” para el AMBA en energía y transporte.

En lo que hace a las alícuotas de Ingresos Brutos (IIBB) -cuya baja se frenó en 2018, en la administración macrista que había impulsado su reducción hasta 2022-, la mayoría de las provincias está dentro de los límites establecidos en el borrador. Por supuesto, queda la posibilidad de que algunas que estén por debajo aprovechen el margen para un incremento.

Nadín Argarañaz, del Iaraf, explica que el comercio es el gran perdedor porque hoy tiene una carga más alta que en 2017, porque las alícuotas subieron en el primer año cuando algunos distritos avanzaron hasta el tope permitido. En la construcción hubo reducciones reales, por lo que es el sector en el que más impacto tuvo el Pacto.

El tributarista Enrique Lingua califica a esa carga como la “peor” por su efecto acumulación o cascada. “Dada la acumulación de los impactos intermedios, se genera una enorme distorsión, ya que la tasa efectiva que termina ingresándose es muy superior a su tasa legal”, añade.

A su entender, se impone un “amplio entendimiento entre Nación y provincias; producir un nuevo ordenamiento tributario, y una vez consolidado se proceda a la firma de un Pacto Fiscal que sea inmodificable, irrescindible, irrenunciable”.

Lo que el experto reclama es, exactamente, lo inverso de lo que se viene realizando no solo durante esta gestión, sino también en la anterior. El Consenso de 2017 duró solo un año. La derrota de la oposición en la sesión en que se trató Bienes Personales, implica que las provincias no perderán el volumen de financiamiento por ese impuesto que es coparticipable.

Si bien se subió el mínimo no imponible, también se incrementó la alícuota que grava las tenencias en el país y no se quitó la sobretasa para los activos en el exterior.

Economistas y tributaristas coinciden en que la Nación tendrá margen el año que viene para transferencias a las provincias, ya que la recaudación se situará por encima, nominalmente, por efectos inflacionarios, de la que se preveía en el presupuesto 2022 y todo ese excedente puede redireccionarse a cubrir transferencias no automáticas a provincias. Por esa razón creen que no hay necesidad de impulsar más presión tributaria.