Encabezados
por el diputado Luciano Laspina (Pro), legisladores de Juntos por el Cambio
presentaron en las últimas horas un proyecto de ley que propone subir el mínimo
no imponible del impuesto a los Bienes Personales más allá de la modificación
aprobada por el Congreso a fines del año pasado.
La
iniciativa, que cuenta con el apoyo del diputado José Luis Espert (Avanza
Libertad), fija en $10 millones el mínimo no imponible del tributo –actualmente
ese valor es de $6 millones-, al tiempo que eleva de $30 a $60 millones el
valor mínimo para la casa habitación.
Asimismo,
el proyecto plantea una actualización de las escalas del artículo 25 de la ley
del gravamen, en consonancia con el mínimo no imponible propuesto, sin
incrementar las alícuotas vigentes. Además, dispone la derogación de cualquier
delegación de facultades en el Poder Ejecutivo para incrementar las alícuotas
que afecten a bienes situados en el exterior.
La
iniciativa, que cuenta con la anuencia de la presidenta del Pro, Patricia
Bullrich, también fue firmada por Cristian Ritondo, Martín Tetaz, Rogelio
Frigerio, Gerardo Milman, Facundo Manes y Ricardo López Murphy.
“La
idea del proyecto es dejar establecido el régimen a aplicar en el impuesto
sobre los Bienes Personales. Lo votado en diciembre pasado fue en forma
irregular. Por lo tanto, para dar seguridad jurídica y no afectar básicamente a
la clase media, establecemos que este proyecto rija desde del 31 de diciembre
de 2021 inclusive”, expresó Bullrich.
Los
legisladores argumentaron que, con esta iniciativa, se pretende disminuir la
presión tributaria sobre el patrimonio de los contribuyentes, en especial los
de la clase media baja.
“Lo
que busca la iniciativa es la sanción de una nueva ley que sea respetuosa de
las formalidades exigidas por la Constitución, para que entre en vigencia
partir del período fiscal 2021, asegurando que los contribuyentes que están en
las escalas más bajas del impuesto tengan asegurado que se beneficiarán con los
nuevos mínimos no imponibles y con la actualización del monto no imponible de
la casa habitación”, argumentaron.
Asimismo,
insistieron en la necesidad de derogar cualquier delegación de facultades en el
Poder Ejecutivo para incrementar las alícuotas que afecten a bienes situados en
el exterior. “Quedó demostrado que los contribuyentes afectados, en lugar de
optar por repatriar activos, han mudado su residencia permanente a otros países
donde la presión fiscal sobre el ahorro y el patrimonio se encuentra en niveles
razonables. Todo ello se traduce, además del daño por la salida de talentos y
capitales, en una merma considerable de recaudación”, advirtieron.
La
modificación al impuesto a los Bienes Personales se aprobó en las últimas dos
sesiones del año pasado en el Congreso a instancias de la oposición. En la
Cámara baja el oficialismo, por apenas un voto de diferencia, logró incluir una
cláusula por la que se grava con una alícuota hasta 2,5% los bienes radicados
en el exterior. En el Senado, en tanto, el bloque del Frente de Todos aprobó a
duras penas el texto aprobado por Diputados gracias al aporte de la senadora
riojana Clara Vega, que dio quorum. La oposición de Juntos por el Cambio
recurrió a la Justicia por considerar que el trámite por el que se aprobó la
iniciativa fue irregular.