El Partido Justicialista (PJ) de Gualeguaychú, la Red de Concejalas del PJ de Entre Ríos, y el Concejo Deliberante de Gilbert solicitaron la renuncia o licencia del intendente de esa localidad entrerriana investigado por presunto abuso sexual contra al menos tres empleadas municipales, se informó oficialmente.

Se trata de Ángel Fabián Constantino, jefe comunal de Gilbert, una localidad ubicada a unos 75 kilómetros de Gualeguaychú.

La fiscal a cargo de la investigación, Martina Cedrés, precisó a Télam que, además de esas causas, Constantino también está acusado de exhibicionismo a otra mujer -aunque en este caso no se pudo iniciar una causa judicial- y golpeó a otro empleado municipal, por lo que se le inició un proceso por lesiones leves.

En agosto del año pasado, ya en marcha la causa por presunto abuso sexual, Constantino fue detenido luego de violar medidas de restricción, aunque continúa trabajando en la Municipalidad, lugar donde ocurrieron los hechos.

El PJ de Gualeguaychú reclamó que el intendente se tome licencia de su cargo para así tener “condiciones de mayor igualdad ante la Justicia”, a la que solicitaron “determinar con la mayor celeridad posible, su responsabilidad” en los abusos denunciados.

"Militamos políticas de género que cuiden, respeten y no revictimicen mujeres y diversidades”, apuntaron desde el justicialismo, y consideraron “imperioso garantizar la tranquilidad de las víctimas, su cuidado, y el respeto de su dignidad e integridad”.

A fines de abril, el Concejo Deliberante de Gilbert instó a que tome licencia de su cargo hasta, al menos, que se resuelva su situación judicial.

Con 4 votos a favor y 3 en contra, los concejales tomaron la decisión mientras se realizaba una manifestación con carteles y cánticos que reclamaban justicia y acompañamiento a las víctimas.

En tanto, la Red de Concejalas Justicialistas de Entre Ríos también enfatizó que es “imperioso el alejamiento de sus funciones” como intendente de Gilbert para “garantizar el normal desarrollo del proceso judicial”.

El pedido se realiza porque “se ve involucrado un referente que ostenta el máximo poder político e institucional de esa comunidad”, aseguraron las ediles.

"No podemos permitirnos que hechos como éstos se vuelvan simples anécdotas”, reclamaron las concejalas entrerrianas, y exigieron que se respalde a quienes han sido vulneradas y se respeten “derechos tan íntegros como la dignidad y la vida”.