La Cámara de Diputados dio dictamen favorable este martes al proyecto de respuesta integral a la infección por el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), Hepatitis Virales, Tuberculosis (TBC) e Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) que había perdido estado parlamentario el año pasado y que volvió a presentarse a pedido de las organizaciones sociales que trabajan la temática. La iniciativa podría tratarse en el recinto la semana próxima.

La iniciativa, que cuenta con el apoyo de más de 200 instituciones y organizaciones civiles, plantea un cambio de perspectiva y pone foco en lo social, apuntando a mejorar la calidad de vida y prevenir muertes evitables.

La iniciativa fue debatida en un plenario de las comisiones de Acción Social, Salud Pública, que preside la socialista Mónica Fein, y de Presupuesto y Hacienda, que encabeza el diputado del Frente de Todos, Carlos Heller.

Al cierre, Heller anunció el pase a la firma del dictamen ante un amplio consenso y anticipó que las modificaciones planteadas durante la reunión se tratarán en el recinto durante el tratamiento en particular de cada artículo.

El dictamen fue respaldado por el Frente de Todos, Interbloque Federal, Provincias Unidas, y Juntos por el Cambio, que lo hizo en disidencia parcial al tener diferencias sobre el régimen especial de jubilación para las personas con enfermedades de transmisión sexual.

Los acuerdos son claves para aprobar iniciativas en la Cámara de Diputados debido a la extrema paridad que tienen el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, ya que el oficialismo tiene 118 miembros y la coalición opositora dispone de 116 integrantes.

La iniciativa, presentada por la diputada del Frente de Todos, Carolina Gaillard, busca reemplazar la antigua Ley Nacional del Sida (23.798) sancionada en 1990, y garantiza el acceso universal y gratuito al tratamiento de VIH, hepatitis virales, tuberculosis e infecciones de transmisión sexual (ITS).

Además, establece, entre otros puntos, la creación de un Observatorio Nacional sobre Estigma y Discriminación, con el fin de visibilizar, documentar y erradicar las vulneraciones a los derechos de las personas afectadas.

Propone, además, que toda prueba para detectar esas patologías deberá ser voluntaria, gratuita, confidencial y universal, a la vez que promueve la creación de un régimen de jubilación especial, de carácter excepcional para quienes transiten las enfermedades de VIH y hepatitis B o C, así como una pensión no contributiva de carácter vitalicio, para quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad social.

El diputado de Avanza Libertad, José Luis Espert, afirmó que no ve "ningún motivo por el cual tiene que haber un régimen especial para las personas afectadas por estas dolencias. Seguimos insistiendo en la ampliación de beneficios sin medir los costos fiscales en una sociedad agobiada por la inflación".

En tanto, el diputado del Frente de Todos y exministro de Salud, Daniel Gollan, dijo a los diputados que expresaron su preocupados por los costos que tendrán las prepagas que "no se preocupen por las prepagas ya que están ganando muy bien, lo que teníamos que ver es otra discusión: si con lo que están ganando no se puede rebajar las cuotas a los afiliados o mejorar el pago a los prestadores", explicó.

Por su parte la legisladora del Partido Obrero, Romina del Plá, dijo que "estamos tratando una ley de protección integral, no solo del VIH sino de todas las infecciones de transmisión sexual, que en general tiene una relación bastante fuerte, en su desarrollo y agravamiento, con el desarrollo de la pobreza".

Fondos para las industrias culturales hasta 2072 Además, más temprano obtuvo dictamen en la comisión de Presupuesto y Hacienda el proyecto que prorroga hasta 2072 las asignaciones específicas para garantizar la provisión de fondos para las industrias culturales, que vencen en diciembre próximo.

La iniciativa, impulsada por el oficialista Frente de Todos, pasó a la firma con el respaldo de la mayoría de los bloques, excepto de Juntos por el Cambio, que argumentó que si bien respaldan la continuidad de esa asignación, presentarán un dictamen de minoría para modificar el plazo de 50 años de prórroga.

El proyecto determina la extensión de la prórroga de la Ley 27.432 de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2072, lo que permite que continúen las asignaciones específicas que financian el Inamu, el Incaa, el INT, la Conabip y el Fomeca, y las bibliotecas populares, a partir de un gravamen a los premios de determinados juegos de sorteos y concursos deportivos creado por la ley 20630.

El diputado del Frente de Todos, Pablo Carro, presidente de la Comisión de Comunicaciones de la Cámara baja y autor de la iniciativa, defendió el proyecto, al sostener que se trata de "más de 700 mil puestos de trabajos" y pidió sacar "el tema de la cultura de la grieta".

Desde la izquierda, Miryam Bregman dijo que se trata de "un reclamo de los propios interesados" y adelantó que ese espacio acompaña "la lucha que los trabajadores tienen", a la vez que afirmó que "es urgente la prórroga, evitemos el apagón cultural".

Por su parte, el vicepresidente de la comisión, el diputado del PRO, Luciano Laspina, dijo que si bien "los impuestos de asignación específica suelen ser una calamidad, queremos discutir el plazo y en qué se distribuyen los recursos".

Además, la comisión emitió dictamen para el proyecto, presentado por la diputada del Frente de Todos, Mara Brawer, que establece un régimen transitorio de reintegros impositivos para la adquisición de las unidades que prestan el servicio de taxis.