El relator especial sobre la independencia judicial de la ONU, Diego García-Sayán, le pidió informes al gobierno argentino sobre el juicio político que se le sigue a la fiscal anticorrupción de Entre Ríos Cecilia Goyeneche, suspendida en sus funciones cuando está investigando al poder político provincial, y le reclamó que en 60 días explique qué medidas se tomaron para asegurarle un juicio justo, preservar la independencia judicial y la continuidad de las investigaciones en la provincia.
La nota -a la que accedió LA NACION- está fechada el 27de abril y dirigida al embajador Federico Villegas, representante permanente de la Argentina ante la ONU, en Ginebra, para que le sea enviada al canciller Santiago Cafiero. Allí, García-Sayán reclama “atención urgente” sobre este tema y manifiesta su “preocupación” porque se reemplazaron a los fiscales por abogados ad hoc para enjuiciar a Goyenche en el jury que abrió la Justicia de Entre Ríos.
García-Sayán dijo que, sin hacer acusaciones, la información recibida describe acciones que “parecieran ser un castigo por haber investigado y acusado a integrantes del poder político provincial”. Dijo el relator: “Me preocupa el efecto amedrentador que este precedente puede significar para otros fiscales”.
En su nota, García-Sayan explicó el caso de Goyeneche, fiscal anticorrupción de la provincia, que coordinó las investigaciones que determinaron la condena del exgobernador y exembajador en Israel y Chipre por corrupción, y que ahora tenía a su cargo un megajuicio por un fraude de más de 53 millones de dólares, en perjuicio de la Legislatura provincial mediante contratos truchos.
Goyeneche fue suspendida en sus funciones y, tras la condena a Urribarri, se activó un juicio político que comenzó esta semana, mientras la Corte Suprema de Justicia de la Nación analiza su caso y tiene a estudio un pedido para suspender ese jury.
El relator de la ONU le reclamó a Cafiero que explique en un plazo de 60 días las razones que determinaron la suspensión de Goyeneche y el descuento del 30% de su sueldo. Asimismo, le reclamó que informe qué medidas se adoptaron “para garantizar un juicio justo” y ”el acceso a un tribunal independiente e imparcial para la fiscal Goyeneche”. Sobre todo, porque fueron separados del caso la totalidad de los integrantes del Ministerio Público Fiscal y se designó a un fiscal ad hoc en el jury.
Además, García-Sayán le pidió al gobierno argentino que le explique las medidas que se tomaron “para garantizar la continuidad de los casos de corrupción llevados por la Fiscalía Anticorrupción de la Provincia Entre Ríos y para su conducción independiente y objetiva”. Lo mismo con “las medidas tomadas para garantizar la independencia de los jueces” y fiscales en la provincia, según los principios de independencia judicial que le recuerda en un anexo.
El relator de la ONU culmina la nota con una advertencia: “Quisiera instar al Gobierno de su Excelencia a que adopte todas las medidas necesarias para proteger los derechos y las libertades de la persona mencionada e investigar, procesar e imponer las sanciones adecuadas a cualquier persona responsable de las violaciones alegadas. Quisiera asimismo instarle a que tome las medidas efectivas para evitar que tales hechos, de haber ocurrido, se repitan”.
En noviembre 2019, un informe similar de García-Sayan había advertido sobre supuestas persecuciones a jueces y a la exprocuradora Alejandra Gils Carbó durante el gobierno de Mauricio Macri y recogió una denuncia de persecución contra funcionarios del kirchnerismo de sus abogados defensores. Este informe fue invocado por Cristina Kirchner en el juicio donde estaba acusada de encubrir el ataque a la AMIA y donde fue sobreseída. Una de las juezas que votó en ese sentido, Gabriela López Iñiguez, lo citó entre los fundamentos de su decisión.
