Corrupción, impunidad, complacencia judicial y misoginia. A un paso de ser destituida, la fiscal anticorrupción de Entre Ríos, Cecilia Goyeneche, hizo el viernes pasado, en el jury en su contra, un durísimo alegato en el que denunció cuáles son, según ella, los fundamentos reales por los que buscan echarla.

Además, afirmó que se frenaron causas contra el poder desde que ella está suspendida y apuntó contra el Superior Tribunal de la provincia.

El jury para removerla avanza tan rápido que empezó hace menos de una semana y ya declararon todos los testigos, alegaron el acusador y la acusada y en cuestión de días puede haber un veredicto.

Hubo un amague incluso de dictarlo el viernes mismo, 15 minutos después de terminada la audiencia. Goyeneche está convencida de que el jurado estaba listo para anunciar su remoción.

“La acusada ha hecho uso de su palabra, los alegatos se han realizado, así que siendo las 15:43 vamos a establecer un cuarto intermedio de 15 minutos”, anunció en un primer momento la presidenta del tribunal de enjuiciamiento, pero al instante consultó con el jurado que estaba sentado a su lado y cambió de opinión.

“A ver… no... Nosotros pasamos a deliberar sin la presencia de ustedes así que se cierra el debate”, dijo.

La principal acusación contra Goyeneche consiste en no haberse excusado de intervenir en una gigantesca causa en la que el equipo de investigadores que ella integraba como fiscal anticorrupción sacó a la luz una estafa en la Legislatura entrerriana, una presunta defraudación de más de 50 millones de dólares desplegada a lo largo de más de diez años.

Quienes la acusan sostienen que debió excusarse porque su marido era amigo y había sido socio de uno de los imputados en ese caso, el contador Pedro Opromolla, y porque este hombre y ella, además de tener fotos juntos, compartieron la propiedad de dos departamentos que, relató la fiscal a LA NACION, compraron por mitades, de pozo, a través del estudio de arquitectos en el que trabajaba su marido.

Uno de esos de inmuebles, ella se lo cedió gratis a una sobrina cuando la causa estaba ya en trámite, para tomar distancia de Opromolla. Ese dato, según sus detractores, prueba el interés particular de ella de no dejar la causa.

“Es tan indignante y fuera de lugar que sugieran un favorecimiento a la persona que pusimos nosotros, nadie más que nosotros, en la causa... Llegamos a Opromolla porque nosotros lo investigamos y encontramos el estudio contable. Y lo allanamos. Y no le avisamos al colegio de contadores, como era de práctica”, dijo Goyeneche en su alegato.

“Si hubiera alguna señal de favorecimiento... yo no escuché nada, ni una palabra, en absoluto”, alegó. La fiscal recordó que el acusador que pidió su destitución había declarado no entender por qué ella no se había excusado, cuál era su interés.

“A mí no me parecía correcto apartarme”, relató Goyeneche en su alegato.

“Decidí hacer lo que tenía que hacer, aun sabiendo que era una investigación que iba a ponernos en crisis. En los allanamientos encontramos cuadernos con nombres de funcionarios públicos... Mi marido iba a tener que terminar su relación de amistad con Opromolla y yo, desprenderme de medio monoambiente”.

Según ella, no estaba en peligro su objetividad y apartarse iba a generarle “un perjuicio a la investigación” porque -detalló- “en el Ministerio Público Fiscal de Entre Ríos la dotación de personal es magra y cada fiscal tiene como plantilla completa un solo empleado”.

“Al acusador le genera ese desconcierto porque parte de la premisa de que Goyeneche tiene un deber de sumisión con su esposo y entonces no puede investigar a los amigos de su esposo”, alegó la fiscal.

Y dijo: “Me gustaría que pensemos todos, en autorreflexión, si a alguien se le ha ocurrido alguna vez atribuirle a algún juez varón las amistades de su esposa o las relaciones de trabajo de su esposa. Lo que sí es cierto es que una mujer con un cargo jerarquizado del Ministerio Público Fiscal que tiene en sus manos los deberes de investigación reforzados, que no es sumisa al marido, que no respeta las amistades del marido y le dice: ‘Si tenés que cortarla, cortala’, puede dar miedo. Eso es cierto. Yo lo admito”.

Para Goyecheche, la acusación en su contra está cargada de “misoginia”.

La fiscal cerró su alegato aludiendo al “bochorno internacional” que implicaba este juicio. Hizo alusión a que el relator de la ONU para la independencia judicial, Diego García-Sayán, se había interesado en el caso y enviado preguntas para saber cuán imparcial es el jury contra Goyeneche y qué está pasando con las causas de corrupción en la provincia.

Ella dijo que si le contestaran la verdad al relator deberían responderle que se trata de una “pantomima” de juicio, que no cumple siquiera con tener un fiscal como acusador, y cuestionó el curso de las causas contra el poder desde que ella está suspendida.

Recordó que el gobernador Sergio Urribarri consiguió un sobreseimiento gracias a un fallo previo de la Sala Penal del Superior Tribunal que en diciembre pasado, con ella ya suspendida, dijo que como la fiscalía había incumplimiento plazos fijados por el Código, el caso tenía que cerrarse definitivamente.

Gracias a ese precedente, Urribarri se liberó la semana pasada de una de sus causas.

Según Goyeneche, la corte entrerriana se extralimitó porque “las provincias no pueden regular sobre la extinción de la acción penal”.

El alegato de Goyeneche fue posterior al de Gastón Justet, que oficia de fiscal “ad hoc” en el proceso, y que había pedido que la echaran.

Dijo que no se excusó cuando había “sobradas causales” para que tuviera que hacerlo en honor a la “objetividad” y que ella no sabía, y que incumplió “normas morales y éticas”.

“Dañó toda la imagen del Poder Judicial”, había cerrado Justet su alegato. La lectura del veredicto todavía no tiene fecha fijada. El tribunal cuenta con tiempo hasta fin de mes, pero en Entre Ríos dan por hecho que el desenlace de este caso es inminente.