Una mujer de 38 años fue detenida por la policía de Entre Ríos cuando extraía dinero de un cajero automático y tenía en su poder 22 tarjetas de débito de beneficiarios de programas sociales. El hecho ocurrió en Paraná, en una sede bancaria ubicada en la calle 25 de Mayo de esa ciudad, y se descubrió que la acusada es la esposa del tesorero de la Asociación del Personal No Docente de la Universidad Nacional de Entre Ríos (Apuner).

Al llegar al lugar advertido por un llamado de emergencia al 911, el personal policial confirmó que se trataban de tarjetas del Banco Nación y que los plásticos manipulados por la mujer pertenecían a diferentes personas, algunas beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo y otras del programa Potenciar Trabajo.

Luego de que la mujer fuera demorada, se realizó un allanamiento en su casa, donde se encontró más dinero. También se procedió a requisar una camioneta Chevrolet propiedad de su pareja, donde se hallaron $270.000 en efectivo. A raíz de ese procedimiento, el hombre también quedó involucrado en la causa.

En un primer momento, la acusada manifestó ser integrante del Movimiento Evita. Sin embargo, el titular de esa organización social en Entre Ríos, Emiliano Gómez Tutau, lo desmintió. “No es dirigente del espacio, no tiene referencia, y no es parte de ningún programa”, señaló en declaraciones a la agencia APF Digital.

“Entendemos que estas publicaciones solo generan prejuicios y estigmatizaciones sobre un movimiento político y comunitario, cuyo eje principal es la organización del trabajo y de nuestra comunidad”, afirmó la agrupación mediante un comunicado.

La hipótesis

El domingo pasado, por orden del fiscal Gonzalo Badano, la Justicia allanó las oficinas de Apuner, donde se cree que en su interior funcionaba una presunta financiera ilegal, por lo que se investiga un caso de “estafas”. Sin embargo, no se descarta que la carátula pueda modificarse a “fraude” o “malversación de fondos”.

La principal hipótesis indica que la mujer y su esposo se dedicaban a extender líneas de créditos a personas de bajos recursos. Y que, para que cada beneficiario pueda acceder a ellos, debían darles sus tarjetas con las claves para que alguien les cobre la cuota mensual. Los investigadores buscan determinar el origen de los fondos, si el resto de los directivos de Apuner estaban al tanto de la situación y si las actividades crediticias son legales o no. Hoy, según afirmó el fiscal a LA NACION, la pareja acusada se encuentra en libertad.