A horas de producirse un último intento de negociación política entre el Gobierno nacional y la ciudad de Buenos Aires, los gobernadores aliados a la Casa Rosada se metieron de lleno en la disputa entre jurisdicciones y cargaron contra la Corte Suprema, temiendo que ésta resuelva una millonaria disputa con un precedente perjudicial para los distritos del Interior y en favor del distrito más rico de la Argentina.

Tras reunirse en el Centro Cultural Kirchner (CCK) el martes por la tarde con el ministro del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro, que encabeza la negociación con la Ciudad por el lado del Gobierno nacinoal, los mandatarios emitieron una carta en la que manifiestan su "profunda preocupación" por lo que interpretan como "una injerencia indebida de la Corte Suprema" frente a la medida cautelar interpuesta por el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta con el objeto de lograr la restitución de recursos que, para ellos, no le corresponden.

Este miércoles, Nación y Ciudad se reunirán en la Casa Rosada por última vez para intentar definir un esquema de compensación dinerario por la transferencia de las funciones de seguridad a la capital federal, en 2016, que fuera cuestionada por Rodríguez Larreta cuando en septiembre de 2020 Alberto Fernández quitó casi dos puntos de coparticipación al distrito y fijó, con el acuerdo del Congreso, otro mecanismo para solventar las competencias transferidas.

Los gobernadores dejaron entrever su preocupación por un fallo adverso a sus intereses, y favorable al Gobierno porteño. "Las provincias argentinas observamos con suma preocupación el inminente fallo del máximo tribunal en virtud del vencimiento del plazo establecido para la conciliación entre las partes", expresaron por escrito.

"No existe razón alguna para pretender modificar la transferencia de recursos alterando el plexo normativo constitucional precisamente de parte de aquellos que deberían ser sus celosos custodios", insistieron los gobernadores.

Las provincias que firmaron la carta remitida al máximo tribunal de justicia del país sostienen que, a partir de 2016, perdieron alrededor de $ 500.000 millones, a causa de la decisión del entonces presidente Mauricio Macri de solventar la transferencia de la seguridad con puntos de coparticipación en favor del distrito que gobernó por ocho años.

Con un tono agresivo, los mandatarios expresaron que están "cansados" de la "discriminación centralista", al recibir "menores subsidios" por la energía, el transporte y las fuerzas de seguridad, respecto de la Ciudad, y sentenciaron: "¡Las provincias decimos basta! No aceptamos más decisiones que violen flagrantemente nuestro federalismo".

En virtud de este reclamo, reclamaron a la Corte ser tenidas "de modo inmediato" como amicus curiae, de manera de poder tomar parte en el expediente, presentar escritos e intervenir para evitar un fallo que beneficie al distrito gobernado por uno de los principales contendientes en la carrera presidencial de 2023.

El escrito motorizado por el Gobierno nacional lleva las firmas de Axel Kicillof (Buenos Aires), Raúl Jalil (Catamarca), Jorge Capitanich (Chaco), Mariano Arcioni (Chubut), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Gildo Insfrán (Formosa), Sergio Ziliotto (La Pampa), Ricardo Quintela (La Rioja); Oscar Herrera Ahuad (Misiones), Gustavo Sáenz (Salta), Sergio Uñac (San Juan), Alberto Rodríguez Saá (San Luis), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Omar Perotti (Santa Fe), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Osvaldo Jaldo (interino de Tucumán).