El Gobierno debió postergar al menos una semana la convocatoria a sesiones extraordinarias en la que el Presidente pedirá al Congreso el inicio del juicio político contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia.

Alberto Fernández finalmente recién firmaría el decreto para el lunes 23 de enero, según confirmaron a Clarín en Balcarce 50, donde argumentaron que "fue la fecha que pidieron los Diputados” para poder garantizar el número, en medio del receso por las vacaciones. Ratificaron así el anticipo que este miércoles había dado la periodista Cecilia Devanna en el diario La Nación.

La semana pasada, la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, adelantó que esta semana iba "a estar saliendo la convocatoria" y que el debate iba a comenzar "la segunda quincena de enero".

De hecho, el Presidente, cuando recibió en la Quinta de Olivos al jefe del bloque del Frente de Todos en Diputados, Germán Martínez, y a la presidenta de la Comisión de Juicio Político, Carolina Gaillard, les entregó en mano el pedido del Ejecutivo contra la Corte y les pidió "un pronto tratamiento legislativo".

Lo curioso es que desde el Congreso una alta fuente parlamentaria replicó que la fecha “siempre la decidió la Casa Rosada” y que “no tiene nada que ver con el número”. “Cuando llegue el pedido del Ejecutivo, arrancamos. No hay fisuras entre nosotros”, remarcó una voz de peso del bloque K. 

En efecto, en Diputados saben que no tienen los dos tercios necesarios para aprobar el pedido de juicio político en el recinto pero le alcanza con asegurar la presencia de los 16 diputados -sobre 31- con los que cuenta el oficialismo en la Comisión de Juicio Político para abrir el debate y lograr instalar el show mediático al que, como contó Clarín, quiere exponer a los ministros de la Corte.

¿Por qué, entonces, se demora el envío de la convocatoria desde la Rosada?

Desde el Congreso ensayan una explicación que revela un cortocircuito que no es nuevo con la Casa Rosada: apuntan que fue desde el Ejecutivo que se habló de fechas sin haber consultado y que al advertir las complicaciones logísticas que implica reunir a los diputados -cuya mayoría se encuentra en sus provincias- para sesionar en enero, replantearon la hoja de ruta: “Desde acá no hablamos nunca de fechas. Fueron ellos los que dijeron lo que iban a hacer”.

También hay quienes plantean dudas respecto a la postura de algunos diputados para avalar el inicio del juicio político. Todavía es una incógnita la orden que bajará el ministro de Economía, Sergio Massa, quien este fin de semana concedió una entrevista y logró esquivar cualquier referencia al tema.

La decisión de Massa es clave para el futuro del paquete de leyes económicas que impulsa el oficialismo y debe negociar con la oposición.

Más allá del silencio de Massa, su posición quedará plasmada a partir de lo que hagan los legisladores del Frente Renovador en la comisión: Ramiro Gutiérrez, Micaela Morán y Vanesa Massetani. Sin el apoyo de alguno de ellos, el FdT no lograría abrir el debate. En principio se dijo que iban a acompañar.

Con todo, aunque la convocatoría sería hecha a partir del 23 de enero, en el Gobierno no descartan que el debate en la Comisión comience recién a fin de enero ó, incluso, primeros días de febrero.

En ese sentido, una fuente parlamentaria recordó ante Clarín que la única vez en los últimos 20 años que hubo actividad en enero fue en 2020, cuando apenas asumió Fernández y debió enviar el proyecto de Sostenibilidad de la Deuda Pública Externa, una ley clave y que contó con apoyo de la oposición. Para el otro antecedente había que remontarse a las sesiones de 2002, en plena crisis.