El Gobierno debió postergar almenos una semana la convocatoria a sesiones extraordinarias en la que elPresidente pedirá al Congreso el inicio del juicio político contra losintegrantes de la Corte Suprema de Justicia.
Alberto Fernández finalmenterecién firmaría el decreto para el lunes 23 de enero, según confirmaron aClarín en Balcarce 50, donde argumentaron que “fue la fecha que pidieronlos Diputados” para poder garantizar el número, en medio del receso por lasvacaciones. Ratificaron así el anticipo que este miércoles había dado laperiodista Cecilia Devanna en el diario La Nación.
La semana pasada, la portavozpresidencial, Gabriela Cerruti, adelantó que esta semana iba “a estarsaliendo la convocatoria” y que el debate iba a comenzar “la segundaquincena de enero”.
De hecho, el Presidente, cuandorecibió en la Quinta de Olivos al jefe del bloque del Frente de Todos enDiputados, Germán Martínez, y a la presidenta de la Comisión de JuicioPolítico, Carolina Gaillard, les entregó en mano el pedido del Ejecutivo contrala Corte y les pidió “un pronto tratamiento legislativo”.
Lo curioso es que desde elCongreso una alta fuente parlamentaria replicó que la fecha “siempre la decidióla Casa Rosada” y que “no tiene nada que ver con el número”. “Cuando llegue elpedido del Ejecutivo, arrancamos. No hay fisuras entre nosotros”, remarcó unavoz de peso del bloque K.
En efecto, en Diputados saben queno tienen los dos tercios necesarios para aprobar el pedido de juicio políticoen el recinto pero le alcanza con asegurar la presencia de los 16 diputados-sobre 31- con los que cuenta el oficialismo en la Comisión de Juicio Políticopara abrir el debate y lograr instalar el show mediático al que, como contóClarín, quiere exponer a los ministros de la Corte.
¿Por qué, entonces, se demora elenvío de la convocatoria desde la Rosada?
Desde el Congreso ensayan unaexplicación que revela un cortocircuito que no es nuevo con la Casa Rosada:apuntan que fue desde el Ejecutivo que se habló de fechas sin haber consultadoy que al advertir las complicaciones logísticas que implica reunir a losdiputados -cuya mayoría se encuentra en sus provincias- para sesionar en enero,replantearon la hoja de ruta: “Desde acá no hablamos nunca de fechas. Fueronellos los que dijeron lo que iban a hacer”.
También hay quienes planteandudas respecto a la postura de algunos diputados para avalar el inicio deljuicio político. Todavía es una incógnita la orden que bajará el ministro deEconomía, Sergio Massa, quien este fin de semana concedió una entrevista ylogró esquivar cualquier referencia al tema.
La decisión de Massa es clavepara el futuro del paquete de leyes económicas que impulsa el oficialismo ydebe negociar con la oposición.
Más allá del silencio de Massa,su posición quedará plasmada a partir de lo que hagan los legisladores delFrente Renovador en la comisión: Ramiro Gutiérrez, Micaela Morán y VanesaMassetani. Sin el apoyo de alguno de ellos, el FdT no lograría abrir el debate.En principio se dijo que iban a acompañar.
Con todo, aunque la convocatoríasería hecha a partir del 23 de enero, en el Gobierno no descartan que el debateen la Comisión comience recién a fin de enero ó, incluso, primeros días defebrero.
En ese sentido, una fuenteparlamentaria recordó ante Clarín que la única vez en los últimos 20 años quehubo actividad en enero fue en 2020, cuando apenas asumió Fernández y debióenviar el proyecto de Sostenibilidad de la Deuda Pública Externa, una ley clavey que contó con apoyo de la oposición. Para el otro antecedente había queremontarse a las sesiones de 2002, en plena crisis.
