Tras una investigación, la Aduana intimó a las cerealeras Cofco, Cargill, Bunge y Dreyfuss por más de US$50 millones porque habrían usado un mecanismo para pagar menos retenciones sobre exportaciones de soja que había sido importada de Paraguay bajo el régimen temporal. Según la autoridad que regula el despacho aduanero que ingresa y sale de la República Argentina, cuyo titular es (el entrerriano) Guillermo Michel, para la importación temporal de soja paraguaya, las firmas aplican el decreto 1330 de 2004 para el régimen específico de importación temporaria de mercaderías destinadas a recibir un perfeccionamiento industrial, con la obligación de exportarlas para consumo y, además, complementan el tratamiento tomándose de una vieja nota de la Dirección de Mercados Agroalimentarios de 2002 (la 398) para reducir la base de tributación.

Al precio oficial le descuentan el porcentaje de retenciones a las exportaciones y recién sobre el número resultante de esa cuenta vuelven a aplicar la alícuota de derechos de exportación. Es decir que, según el organismo, modifican la base imponible hacia abajo para calcular retenciones.

Siguiendo a la Aduana, los derechos de exportación de soja procesada, sea importada o nacional, deben calcularse en base al precio de la tonelada FOB. La ley 21.453, de normas de exportación para productos agrícolas, aclara que en ambos casos se aplica, para calcular los derechos de exportación, precio oficial y tratamiento arancelario vigente a la fecha del cierre de venta informada por el declarante ante la Subsecretaría de Mercados Agropecuarios.

Mientras que el decreto 1177 de 1992 agrega que, al oficiar el precio oficial como base única de tributación, no corresponde realizar deducción alguna sobre dicha base.

“La importación temporal de soja es una medida acertada siempre que permita tener en funcionamiento, y potenciar, la capacidad industrial del polo agroexportador argentino y mejorar el valor agregado”, dijo Michel.

Sin embargo, sostuvo que “esto no puede implicar que se aplique a un régimen de excepción creado en 2004 (régimen de importación temporal del decreto 1330) un criterio técnico de la vieja Secretaria de Agricultura del año 2002", ya que considera que “no tiene sentido económico ni sustento legal que esté en mejores condiciones -respecto de la base de tributación de derechos de exportación- la exportación de derivados de soja temporal respecto de la exportación de derivados de soja de los productores argentinos”.

“Inconsistente e inapropiado”

Consultado por LA NACION, Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y el Centro Exportador de Cereales (CEC), dijo que los cargos presentados por la Aduana contra algunas empresas agroexportadoras son “inconsistentes e inapropiados porque no se atienen a la implementación de la legislación aduanera”.

“Desde hace 20 años se viene trabajando de la misma manera y ahora resulta que la Aduana quiere modificar su criterio. Esto pone en riesgo la industrialización en la Argentina de la soja importada, dado que genera una inconsistencia impredecible y altamente costosa, por lo que la Aduana deberá rectificar su decisión y volver a la metodología histórica”, afirmó.

El reclamo se concentra sobre la operatoria de 2020, 2021 y 2022 y los montos reclamados ascienden a $14.750.000 en el caso de Cofco, $27.050.000 para Cargill, $7.000.000 para Bunge y $3.730.000 para LDC Dreyfus. Las firmas tienen 15 días para hacer su descargo.

En 2018 se importaron de Paraguay 5,8 millones de toneladas y, en 2019, el número bajó a 3,8 millones, producto de la caída previa en la producción, lo que obligó a importar más en los años siguientes, que son los que se investigó y sobre los que se reclama.

La Aduana comunicó que sigue monitoreando a todo el mercado de los exportadores de cereales para saber si el resto de las firmas aplicó la misma lógica de cálculo.