El juez federal Ariel Lijo y el fiscal Carlos Rívolo
investigan presuntas irregularidades cometidas en la concesión de 87.555 planes
del programa Potenciar Trabajo que administra el Ministerio de Desarrollo
Social, a cargo de Victoria Tolosa Paz. Esos planes estatales que hasta ahora
pertenecían a beneficiarios “fantasmas”, fueron dados de baja por Tolosa Paz
por no haber haber cumplido el proceso de validación de datos tal como dispuso
a través de una resolución. Acorde a la información oficial, estaban bajo la
dependencia de gobernaciones, ministerios, municipalidades, cooperativas,
mutuales y federaciones de movimientos sociales. Ante una pregunta puntual de
Infobae, se reconoció en el Gobierno que el supuesto fraude alcanzaría una
cifra cercana a los $3.699.724.080 mensuales. Anualizado, la cifra asciende a $
44.396.688.960 si se hubieran seguido pagando durante los restantes meses de
2023.
Según los arquitectos consultados del Ministerio de Obras
Públicas de la Nación, con el dinero que se evitó derivar de manera
presuntamente irregular, se podría construir por ejemplo, unas 300 viviendas
mensuales de entre 50 y 78 metros cuadradas similares a las que se construyen
para el programa Procrear. Es decir 3.600 casas en un año.
El monto que percibe cada beneficiario del Potenciar por realizar 20 horas de tareas semanales en las las Unidades de Gestión es, a valor actualizado, $42.256.
El ranking de las gobernaciones
De la documentación oficial a la que accedió Infobae se desprende que Victoria Tolosa Paz dio bajas a beneficiarios del programa Potenciar Trabajo en la totalidad de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).
En total fueron 6.144 las personas que no pudieron justificar su pertenencia a una Unidad de Gestión. De no haber sido detectada el Gobierno seguiría destinando $259.620.864 mensuales; a supuestos beneficiarios que no validaron su pertenencia al plan. El proceso de validación de datos fue dispuesto por la Resolución “2022-2035-APN-MDS” a los pocos días de haber reemplazado a Juan Zabaleta. El intendente de Hurlingham había organizado una auditoría presencial en las Unidades de Gestión que, en palabras de Tolosa Paz, “podría haber demorado años”.
Según la página oficial de la cartera social: “Las Unidades de Gestión o Certificación son las responsables de certificar la participación de los inscriptos en el Programa Potenciar Trabajo y verificar el cumplimiento de la contraprestación obligatoria”.
La contraprestación obligatoria para los beneficiarios del programa que está bajo el área de la Secretaría de Desarrollo Social, a cargo de Emilio Pérsico, uno de los líderes del Movimiento Evita, puede ser cualquier actividad de la economía social y popular, enmarcada en: proyectos socio-productivos; proyectos socio-laborales o socio-comunitarios y terminalidad educativa.
El ranking de las provincias con mayor cantidad de bajas del Potenciar Trabajo lo encabeza la provincia de Buenos Aires, gobernada por Axel Kicillof, con 1.179 bajas; le sigue Santa Fe administrada por Omar Perotti (684); y Jujuy a cargo del opositor Gerardo Morales (570). Luego, se encuentran Tucumán la provincia gobernada por Osvaldo Jaldo (525); y Chaco, al frente del ex jefe de Gabinete Jorge Capitanich, donde las bajas fueron de 454. Le sigue Misiones, el distrito conducido por Oscar Herrera Ahuad con 437 beneficiarios que no pudieron justificar su pertenencia al Potenciar Trabajo. En Santa Cruz, la provincia comandada por Alicia Kirchner, las bajas fueron 392.
En San Juan, a cargo de Sergio Uñac, las bajas fueron 229.
La provincia de Ríos Negro, conducida por la docente Arabela Marisa Carreras es
la última con una cifra superior a doscientas personas que no validaron su
identidad.
El resto, tal como se aprecia en la infografía elaborada por
este medio en base a documentación judicial, están por debajo de esa cifra. Son
las provincias de Salta, que administrada por Gustavo Sáenz, tuvo 190 bajas
“fantasmas” del Potenciar Trabajo. Le sigue CABA, a cargo de Horacio Rodríguez
Larreta, con167 bajas; en Córdoba, la provincia gobernada por Juan Schiaretti,
Desarrollo Social detectó la no validación de 161 personas. En Entre Ríos, la
provincia comandada por Gustavo Bordet, las bajas fueron de 148; Santiago del
Estero, al frente de Gerardo Zamora, fueron dados de baja 138 beneficiarios;
otras 129 presuntas irregularidades fueron descubiertas en Corrientes y 106 en
Catamarca.
Las diez provincias que restan, tuvieron bajas menores a los
100 beneficiarios. Son los casos de Mendoza (96); la Rioja (95); Chubut (79);
Formosa (69); San Luis (44); Neuquén (26); La Pampa (15) y Tierra del Fuego
(14).
Infobae consultó a varios gobernadores sobre las razones de
estas bajas. La mayoría no respondió. Otros sí lo hicieron. Desde el Ministro
de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, a cargo de
Andrés “Cuervo” Larroque, confirmaron la información aportada por Tolosa Paz a
la Justicia. En un extenso informe se asegura: “En la nómina mensual del mes de
Mayo remitida mensualmente a esta Unidad de Gestión por parte de Ministerio de
Desarrollo Social, se comprobó el impacto de las suspensiones que representan
el 6% del total del padrón, como resultado de la validación, algunos de cuales
reportan haber realizado la actualización fuera de termino que quedaría sujeta
evaluación”.
Los funcionarios de Larroque consideraron “importante
señalar algunas de las dificultades verificadas en el procedimiento de
validación de datos”, como “la falta de accesibilidad a conectividad digital;
dificultad en el manejo de la aplicación MI ARGENTINA e incompatibilidad de
horarios con los puntos digitales establecidos por parte del Ministerio”, a
cargo de Tolosa Paz.
Sobre ese punto, la ministra de Alberto Fernández afirmó que
desplegó a lo largo de la provincia “operativos móviles para titulares del
programa Potenciar Trabajo para facilitar la validación de identidad”. Y
anunció: “Estamos trabajando junto con los estados municipales para seguir
estando cerca de los y las titulares del Potenciar Trabajo, ayudando a
completar los datos biométricos para validar su identidad, y que nadie tenga
dudas de que la persona que forma parte del programa es la que está inscripta”.
Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en cambio, se
mostraron sorprendidos por figurar en el listado judicial que la ex diputada
nacional aportó a la Justicia Federal. “Nosotros no tenemos ejecución directa
de ese programa”, le dijeron a Infobae desde el Ministerio de Desarrollo Humano
y Hábitat, a cargo de María Migliore. Con recelo, y esperando que el expediente
avance, desde la cartera porteña dijeron: “Estos planes, como el Potenciar
Trabajo, pueden ser ejecutados por Unidades de Gobierno o a través de las
organizaciones sociales”. Y afirmaron que “en CABA, el Gobierno de la Ciudad
Autónoma no tiene ejecución con lo cual asumimos que hay que investigar a las
organizaciones sociales con asiento en la Ciudad, que por lo general son
oficialistas”.
El ranking de los municipios
La validación de identidad obligatoria del Potenciar Trabajo
también derivó en una multiplicidad de bajas en las Unidades de Gestión que
están a cargo de las municipalidades. En 154 intendencias, la mayoría de la
provincia de Buenos Aires y de extracción peronistas, el Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación dio de baja por presuntas irregularidades a
7.062 personas. De haber seguido cobrando el plan, el Estado debería seguir
erogando de forma mensual $298.411.872, dinero que, si así lo disponen las
autoridades, se podría invertir en herramientas, maquinarias y emprendimientos
socio-productivos.
En el mapa que ilustra esta nota se nombran a cada una de
esas alcaldías y a qué provincias corresponden. De todos modos, hay que
destacar que el partido bonaerense de La Matanza encabeza el ranking de
“beneficiarios fantasma” con 887 personas que no validaron su identidad.
El distrito está gobernado por uno de los hombres fuertes
del justicialismo provincial, Fernando Espinoza. Desde la cartera social de ese
distrito, primero reconocieron los datos consignados en el expediente judicial
y después desarrollaron: “Siendo el municipio de mayor tamaño y población
siempre encabezamos todas las estadísticas. Medidos en casos pueden ser muchos,
pero si observamos que La Matanza, demográficamente hablando, es la Quinta
Provincia del país, tener el 1% de los planes que se bajan por no poder ubicar
a sus beneficiarios no es una cantidad relevante en porcentaje, sobre todo
teniendo en cuenta que muchos planes fueron asignados por default a los
municipios al no poder el gobierno nacional identificar sus unidades de gestión
que habían generado su alta durante el gobierno anterior, en el cual hubo un
enorme crecimiento de los planes sociales en el nivel nacional entre 2016 y
2019, los que comenzaron a ser revisados por el nuevo gobierno, proceso que
debió interrumpirse por la pandemia”.
A La Matanza le siguen otros nueve distritos de signo
político oficialista: Almirante Brown (379); Lomas de Zamora (352); Quilmes
(329); José C. Paz (304); Moreno (248); Avellaneda (229); General San Martín (210);
Florencio Varela (204); Esteban Echeverría (190). Recién después aparece
General Pueyrredón, administrado por el ex juez y funcionario de Juntos por el
Cambio, Guillermo Montenegro (183). A este último, cuya cabecera es Mar del
Plata, le siguen otras cinco alcaldías peronistas: Escobar (170); Hurlingham
(152); Ezeiza (144); Berazategui (127) y Pilar (127). Recién después de estos
16 municipios bonaerenses figura en la lista con 124 bajas en el programa
Potenciar Trabajo la Municipalidad de Córdoba.
A Córdoba le sigue otra intendencia, gobernada por Juntos
por el Cambio, La Plata, la ciudad capital de la provincia de Buenos Aires,
administrada por Julio Garro. En esa localidad, Desarrollo Social le dio de
baja por presuntas irregularidades a 121 personas.
Este medio habló con Óscar Negrelli, el secretario de
Coordinación de esa intendencia y, como en CABA, también negaron tener Unidades
de Gestión para que beneficiarios del Potenciar Trabajo desarrollen sus 20
horas semanales de tareas. El funcionario de Garro lo explicó así: “Hoy en día
el Municipio de La Plata no es unidad ejecutora para que beneficiarios de
planes y programas sociales trabajen prestando tareas”. Y enfatizaron: “En La
Plata nos informaron que había más de 1.000 personas que habían buscado
trabajar en relación de dependencia con el Municipio, no obstante, cuando se
inició la gestión para que puedan esos trabajadores venir a prestar tareas en
la Municipalidad durante la gestión del ex ministro Juan Zabaleta (el antecesor
de Tolosa Paz), el trámite jamás prosperó y, tras el cambio de autoridades, no
volvimos a ser contactados para poder ser designados como unidad ejecutora de
esos programas”.
Para Negrelli, “debería analizarse si ese número que figura
-por las 121 bajas- representa el total de quienes hicieron opción por trabajar
bajo dependencia de la Municipalidad y por eso no se concretó”. Una tarea que
también debería realizar la Justicia porque, según fuentes ministeriales, hasta
ahora esas personas venían cobrando a través de la tarjeta del Potenciar
Trabajo y su tarea era validada, o al menos eso debería haber ocurrido.
Al resto de los distritos bonaerenses que completan casi los
124 que componen el territorio de Buenos Aires, se le suman localidades de
provincias como Entre Ríos, Mendoza, Jujuy, Entre Ríos, Corrientes y, San Luis.
Entre los partidos de la Provincia opositores con bajas en
el potenciar trabajo figura Lanús con con 86 casos. Diego Kravetz, intendente
interino de esa localidad ubicada en la Zona Sur del conurbano, al ser
consultado por Infobae aseguró:“Nosotros tenemos Potenciar en espacio público,
en educación y en desarrollo social. Los que no vienen a cumplir tareas no los
certificamos”.
Esta es la primera de una serie de notas de investigación de
este medio ancladas en documentación oficial incontrastable. Las planillas
fueron procesadas con la colaboración de Daniela Czibener de la Unidad de Datos
de Infobae.
La causa judicial que investiga el juez Lijo y el fiscal
Rívolo se inició por una denuncia penal del fiscal federal Guillermo Marijuan
catalizada en base a una publicación de este medio que revelaba que un informe
de la AFIP -solicitado por el ex ministro Zabaleta- habría detectado
incompatibilidad en el cobro de 253.184 beneficiarios del Potenciar Trabajo.
Entre ellos, había fallecidos, personas con más de dos propiedades y hasta
quienes habían comprado dólares.
Durante su investigación preliminar, Marijuan le tomó
declaración testimonial a varios funcionarios nacionales, entre ellos, a Carlos
Castagneto, el titular de la AFIP. Fue él quien confirmó que el Ministerio de
Desarrollo Social tiene la potestad de dar de baja a los beneficiarios que no
cumplen con los requisitos del plan. Por esa razón, solicitó investigar a la ex
diputada y a Emilio Pérsico, quien está a cargo del Potenciar Trabajo. En orden
cronológico, esa cartera estuvo a cargo de Daniel Arroyo -el fundador del
plan-; Juan “Juanchi” Zavaleta; y Victoria Tolosa Paz, quien asumió el 13 de
octubre de 2020 y aportó los datos a requerimiento del magistrado.