Tras admitir ante la Justicia el pago de millonarias coimas a representantes de organismos públicos para no perder los contratos y para cobrar servicios adeudados, la empresa de seguridad privada Securitas se comprometió a abonar una multa equivalente al beneficio que obtuvo como consecuencia de los sobornos, canceló una deuda tributaria de 1500 millones de pesos y compró 1100 kilos de carne que fueron entregados a comedores parroquiales de San Isidro y de Entre Ríos.

Así se estableció en el “acuerdo de colaboración eficaz” que firmaron el fiscal federal de San Isidro Fernando Domínguez y representantes de Securitas y que fue homologado por la jueza Sandra Arroyo Salgado. Se trató del primer caso donde se logró un acuerdo entre la Justicia y una empresa en el marco de la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, normativa aprobada en 2018, durante el gobierno de Mauricio Macri.

Como informó LA NACION, la investigación, que en las últimas horas derivó en 52 allanamientos y la detención de nueve sospechosos, comenzó en febrero de 2020 tras una denuncia hecha por representantes de Securitas Argentina en la que sostuvieron que un grupo de exdirectivos “abusaron y utilizaron la estructura corporativa, así como su posición en el mercado y el renombre del grupo, con el único fin de obtener un beneficio para ellos y, de forma indirecta, para las empresas que representaban”.

En el momento en que fue hecha la denuncia, Securitas Argentina SA era una filial de la compañía Securitas AB, que ofrece servicios de seguridad, monitoreo, consultoría e investigación con sede principal en la ciudad de Estocolmo, capital de Suecia.

En la actualidad, la filial local fue adquirida por una empresa de capitales argentinos y un grupo latinoamericano especialista en mercados emergentes. Fuentes al tanto de investigación sostuvieron que la nueva gestión no tiene nada que ver con los “pagos indebidos”.

“La compañía identificó distintos hechos que podrían configurar delitos como defraudación contra la administración pública, cohecho, dádivas y administración infiel o fraudulenta. Los sucesos denunciados habrían tenido ocurrencia en la República Argentina, con intervención de funcionarios públicos de distintos estratos, al menos entre los años 2016 y 2018, aunque no descartaron que aquellos hubieran acontecido incluso antes de dicho lapso”, según explicaron fuentes judiciales.

Con el fiscal Domínguez y su equipo de trabajo colaboran en la investigación la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), conducida por el fiscal Sergio Rodríguez, y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), a cargo de Diego Velasco.

Los detenidos fueron identificados por fuentes judiciales como Jorge Christian Faria, Luis Vecchi, Alejandro Castex, Gabriel Di Cesare, Marcelo Tortul, Claudio Tortul, Alberto Alesci, Julio Terrado y Carlos Rinaudo, quienes ocuparon cargos gerenciales en Securitas Argentina SA.

Si bien el “acuerdo de colaboración eficaz” se firmó hace casi dos años, se dio a conocer en las últimas horas, tras las detenciones de los sospechosos.

“Se trata de un importante antecedente para la Justicia de nuestro país, es la primera vez que se logra un acuerdo en el marco de la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, pero además con acciones concretas de reparación social del daño que provoca la corrupción. También el compromiso de implementar un programa robusto de prevención por parte de la empresa y además de mostrarlo en el Registro de Integridad y Transparencia para Empresas (RITE), lo cual es sumamente positivo. El trabajo investigativo, la habilidad para lograr el acuerdo y. porque no, la creatividad en su contenido, han sido cualidades destacables del Ministerio Público Fiscal”, sostuvo a LA NACION Luis Villanueva, exsubsecretario de Planificación de Políticas de Transparencia en la Oficina Anticorrupción.

Fuentes judiciales explicaron que todavía no se determinó el monto de la multa que debe pagar Securitas SA. Los 1100 kilos de carne fueron donados a los comedores de los colegios parroquiales Santo Domingo Savio, Parroquia Nuestra Señora de La Cava, dependientes del Obispado de San Isidro, y al Hogar de Cristo, en Entre Ríos.

“Hasta este momento las grandes empresas que cometían hechos de corrupción en la Argentina asumían en el extranjero su culpabilidad y pagaban allá las multas y penalidades, es decir, en nuestro país nos quedábamos solo con las consecuencias (negativas) en términos institucionales y económicos. Ahora se logró Justicia y recuperar parte del daño producido por la corrupción”, agregó Villanueva, que en la actualidad es docente en compliance e integridad de distintas universidades.

Indagatorias

Los nueve sospechosos fueron indagados ayer. Todos, según informaron fuentes judiciales, hicieron uso de su derecho a negarse a declarar.

Ahora, la investigación continúa con el análisis de la documentación secuestrada en los allanamientos y registros ordenados por la jueza Arroyo Salgado.

“Se secuestraron todos los expedientes de contrataciones públicas de los organismos donde, según admitió Securitas SA se pagaron coimas. Ahora se deberá hacer un análisis para determinar las responsabilidades de empleados o exfuncionarios. En los próximos días se tomarán más declaraciones indagatorias”, explicó una fuente que participa de la investigación.

Según lo que admitió la empresa, se hicieron “pagos indebidos” en Registro Nacional de las Personas (Renaper), el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac), Agua y Saneamientos Argentinos (AYSA), en sindicatos como Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra) y en la empresa Energía de Entre Ríos SA (Enersa).

“Por los indicios reunidos hasta el momento se podría afirmar que las coimas pagadas a la firma Enersa fueron millonarias y habría sido abonadas por los hermanos Tortul”, dijo un detective judicial.