La Corte Suprema de Justicia activó la causa que analiza qué pasó con la fiscal anticorrupción de Entre Ríos, Cecilia Goyeneche, que investigó la causa en la que se condenó a 8 años de prisión al ex gobernador entrerriano Sergio Urribarri y fue destituida de su cargo por presunto mal desempeño. La acusaron de no haberse apartado de la causa por la presunta relación con uno de los imputados. Para la fiscal, fue “la consumación de un golpe dado por la corrupción”.

Según indicaron fuentes judiciales a Infobae, los ministros del máximo tribunal decidieron pedir al Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos la causa principal para analizar todo el caso que involucra a Goyeneche y, con eso, correr traslado a la Procuración General para que el jefe interino de los fiscales se pronuncie.

De esta manera, aunque sin tiempos, la Corte comienza a trabajar sobre una definición en el caso. No es la primera vez que la Corte interviene en el caso. Antes de ser destituida, Goyeneche presentó un amparo, que los tribunales locales se negaron a tratar. El máximo tribunal de la Nación instó a tramitarlo. Cumplido el trámite, el Superior Tribunal de Entre Ríos analizó el tema: le rechazó el amparo y dejó avanzar el jury que luego la destituyó.

Goyeneche fue a la Corte con dos planteos: por un lado un amparo contra el Tribunal de Enjuiciamiento que la juzgó porque allí se designó como acusador a un abogado que no es fiscal. Por otro lado, el per saltum para que el máximo tribunal tome el caso y la devuelva a su cargo.

La ex funcionaria planteó sus sospechas por las decisiones del Superior Tribunal provincial y por eso quería que el caso fuera analizado de manera directa por el máximo tribunal de la Nación. Goyeneche era número dos de la Procuración de Entre Ríos y coordinaba los equipos que investigaban las causas de corrupción. Formó parte de los fiscales que investigaron al exgobernador Urribarri, condenado a a ocho años de prisión.

Hace una semana, el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos rechazó el recurso de queja presentado por los defensores del ex gobernador justicialista y así ratificó las sentencias de primera instancia y de Casación que lo condenaron a 8 años de cárcel por “delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y peculado” en cinco casos que se juzgaron en conjunto en un proceso que se denominó “Megacausa”.

Aquella sentencia lo obligó a renunciar a la Embajada en Israel, donde había sido designado por el ex presidente Alberto Fernández. Con esa decisión, solo le quedaría recurrir a la Corte Suprema.

El eje de la acusación contra Goyeneche apuntó a la relación que ella y su esposo, el contador Sebastián Orlando Bertozzi, tenían con Pedro Opromolla, uno de los principales imputados en la causa “Contratos” que investiga el desvío de fondos de la Legislatura para financiar la política.

La ex fiscal llegó a tener dos propiedades en codominio con el contador Opromolla. Uno había sido vendido, aunque la transferencia no había quedado registrada. En el jury en su contra, la entonces procuradora ad hoc aseguró que al inicio de la causa no tenía ningún motivo para su excusación.

Inicialmente se rechazó su apartamiento en el expediente pero en 2019, con los embargos preventivos, el escenario se complicó. Entre los bienes embargados estaba el inmueble que compartía con el sospechoso.

El entonces el Procurador General Jorge García, principal promotor de Goyeneche como su sucesora al frente del Ministerio Fiscal, la corrió del caso.

En 2021, una primera parte de la causa “Contratos” fue elevada a juicio. En mayo del 2022, Goyeneche fue destituida por cinco votos a dos. “Lo que hicieron da asco”, dijo Goyeneche.

Según afirmó, se trató de una “venganza política” y “una reacción del sistema” para evitar que vuelvan a suceder investigaciones al poder como sucedió en Entre Ríos: “Se está pensando en cauterizar la situación para que no vuelvan a realizarse investigaciones de corrupción con esa fuerza”.

Aunque la Corte la restituya, Goyeneche nunca podrá volver a ser fiscal anticorrupción, una responsabilidad que se le había dado ante la ausencia de esa figura creada por la Constitución provincial de 2008.

En 2022, la Legislatura entrerriana sancionó una ley reglamentando el instituto, que impide colocar subrogantes o transitorios en el cargo. Podría, en todo caso, volver al Ministerio Público como Procuradora Adjunta.