El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, ordenó declarar a los presidentes de las Cámaras de Diputados y Senadores la nulidad de 770 contratos ilegales que generaron un perjuicio millonario al Estado provincial entre 2008 y 2018. “La política no puede quedarse con los brazos cruzados y mirar al costado”, sentenció el mandatario local, al tiempo que recordó que la medida es parte de un proceso administrativo que va en paralelo a la causa judicial en curso.

“Los entrerrianos somos protagonistas de una de las causas de corrupción más importantes de la historia de nuestro país, la de los contratos truchos”, advirtió Frigerio en conferencia de prensa, acompañado por la vicegobernadora y quien preside la Cámara de Senadores, Alicia Aluani, y el presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein.

Allí, el gobernador comunicó que, tras un “exhaustivo análisis” de los contratos realizados entre 2008 y 2019, solicitó a los presidentes de ambas cámaras que declararan la nulidad de los 770 contratos ilegales.

“Lo primero que hicimos frente a este tema fue bajar a la mitad los contratos de las Cámaras de Diputados y de Senadores”, recordó Frigerio. “Lo dijimos en la campaña y lo estamos cumpliendo”, destacó luego, y ahondó en la importancia de “ponerle fin a una historia en la que la política le dio la espalda a los ciudadanos frente a hechos de corrupción”.

Según explicó el gobernador, la Fiscalía de Estado instrumentará ahora una serie de mecanismos que posibiliten la devolución del dinero.

Se trata de una megacausa de corrupción que actualmente cuenta con 32 imputados e investiga un posible desfalco a la Legislatura que asciende hoy a 53 millones de dólares. Según publicó el Diario UNO, una de las principales tesis que manejan los investigadores es que el dinero sustraído en cajeros, a través de varias tarjetas de débito a nombre de un contratista vinculado a la legislatura, pudo haberse destinado a diferentes inversiones inmobiliarias y agrícola-ganaderas.

“La Justicia tiene ahora que definir quiénes han sido los responsables y, por supuesto, qué pena les cabe, pero la política no puede quedarse de brazos cruzados frente a esta realidad, tiene que dejar de mirar al costado y actuar”, señaló Frigerio al aclarar que ya se ha probado que los contratos son fraudulentos.

“Estamos dando un paso más y queremos que los que les robaron la plata de los entrerrianos la devuelvan. Es un proceso que va a correr en paralelo a la investigación judicial que está en trámite”, añadió Frigerio. “Después de la nulidad, lo que vamos a exigir es la devolución de esos recursos que nos han robado durante casi una década”, concluyó al respecto.