El clima entre la Casa Rosada y los gobernadores transita un momento de particular tensión, que está determinada por diversos reclamos puntuales de parte de las provincias, así como un malestar general por una decisión reciente del Gobierno que cambia temporalmente el flujo de fondos coparticipables. En ese marco, también está en boca de los jefes provinciales el nuevo “Súper IVA” que el Ministerio de Economía está terminando de diseñar.

En tanto, diversos gobernadores aliados y opositores se reunirán mañana en la ciudad de Paraná, en el marco de un seminario organizado conjuntamente por el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y el Gobierno de Entre Ríos, de Rogelio Frigerio. Hasta el momento, los confirmados son Axel Kicillof de Buenos Aires; Ignacio Torres de Chubut; Maximiliano Pullaro de Santa Fe; Raúl Jalil de Catamarca; y Sergio Ziliotto de La Pampa; todos estarán acompañados por Ignacio Lamothe, presidente del CFI.

La principal premisa es debatir los desafíos del desarrollo productivo de las provincias. Ese panorama podría ser alterado según las modificaciones impositivas que proponga en los próximos meses el Gobierno. Esta mañana, el ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que en su reforma tributaria impulsará una modificación en el esquema de IVA. Varios de los gobernadores están comenzando a mirar con atención este tema.

Durante una entrevista en el streaming La Casa, el funcionario dijo que trabaja en una reforma impositiva que incluye “dividir el IVA”, cobrando Nación un 9% en ese segmento y dejando el resto a las provincias para su libre definición, con el objetivo de generar “competencia fiscal”. De base, las provincias arrancarían con un 12% que podrá disminuir o no según el caso.

Uno de los gobernadores planeaba ir directamente al encuentro del CFI para conversar en privado con algunos de sus colegas ese punto, aunque desde el CFI aclaran que no va a ser tema de la conversación formal del seminario.

“Quién recauda es lo central, y luego veremos si es necesario competir. Políticamente, puede tener dos efectos: une regiones o atomiza provincias”, interpretaron desde una de las provincias. El tratamiento es muy preliminar. Antes que todo, debe conocerse la reforma fiscal, que debe pasar sí o sí por el Congreso de la Nación, por lo que no estará antes del recambio legislativo de diciembre de 2025. Si se aprueba, su aplicación recién sería viable en 2027.

Las elucubraciones de los gobernadores no se hicieron esperar. Algunos ya piensan en cómo podría funcionar este esquema. “No todos tienen los mismos recursos y eso ya te marca una brecha: el Sur se organizará con el petróleo, el centro con la soja y similares, y el NOA y Cuyo pueden trabajar el Litio o metalíferos”, marcaron desde de las provincias que estarán mañana en Paraná.

En el Ministerio de Economía de la Nación informan que ese apartado de la reforma será uno de los puntos clave, a los fines de generar una competencia impositiva entre distritos subnacionales.

A su vez, este “Super IVA” tiene la finalidad de concentrar el tributo a los Ingresos Brutos (IIBB) que representa la segunda mayor fuente de ingresos para las provincias después de la coparticipación. El presidente del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), Nadin Argañaraz, calcula que, de hacerse esa traslación aritmética, la alícuota total del IVA podría llegar a ser del 32%.

En ese marco, los gobernadores están enojados por una medida reciente del Gobierno que modifica el esquema de anticipo del Impuesto a las Ganancias y el de retenciones del IVA en operaciones aduaneras. A modo de simplificación, esto reduce hasta fin de año el monto que se podría haber recaudado por estos dos tributos, que representan el 90% de los fondos que las provincias reciben a través del sistema de coparticipación.

Aunque esto será temporal y se recuperará en meses posteriores, la medida cayó mal en las provincias porque comenzará a impactar en junio, cuando los diferentes ministerios de Hacienda están planificando cómo pagar los aguinaldos de las administraciones públicas. En una provincia de la región Patagonia dijeron estar “realmente preocupados”, y que incluso podrían estar planificando tomar medidas legales contra Nación por no haber avisado la medida con mayor antelación, ya que se dio a conocer de un día para el otro y no habría dado tiempo para mitigar el impacto.

“Esto les sirve para tener meses buenos con las elecciones cerca, para mejorar humor social y usar esa baja para anclar el IPC”, dicen en el entorno de un gobernador no tan aliado a los libertarios.

En el Gobierno se defienden y avisan que “no hay ningún cambio” sustancial con la coparticipación. Indican que es un sacrificio presente para recuperar e incluso incrementar ingresos futuros. “Si invitan a Nación, vamos y explicamos todo lo que necesiten”, avisan.

Consultado por Infobae, Argañaraz indicó que el perjuicio temporal para las arcas provinciales será por el flujo de impuestos pagado por grandes empresas. “La mayor parte de esto surge de las que cierran balance en diciembre. En este caso, pagan el saldo en mayo y en junio tienen el primer anticipo. Entre junio y diciembre pagaban un 75% del monto del impuesto. Con el cambio van a pagar un 77,7% en igual periodo. Entonces, el cambio más importante se da en el primer anticipo, que baja desde el 25% al 11%. Luego más que se compensa”.

Es prácticamente lo contrario a lo que pasa con las PyMEs: “Las que cierran balance en diciembre pagaban 7 anticipos del 10% hasta diciembre, o sea el 70% y ahora pagaran 7 del 11 o sea el 77.8. El monto acumulado entre junio y diciembre ahora es mayor”.

Sobre el actual estado de la distribución coparticipable ponen como ejemplo una estimación de la consultora Econométrica subida por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. “Los números arrojan que las provincias recibieron un 14% MÁS POR ENCIMA DE LA INFLACIÓN en concepto de transferencias automáticas, comparando con el mismo periodo 2024", resaltó, aconsejando además que los gobernadores “deberían bajar impuestos provinciales y acompañar en el Congreso la baja en impuestos nacionales”.

Desde la Región Centro replicaron contra la publicación de Menem y marcaron: “Siempre son impuestos coparticipables los que tocan. Nunca los que benefician solo Nación”.

En rigor, el reclamo de las provincias tiene más aristas que las recientemente mencionadas. La reactivación de la obra pública nacional es el tema que más aqueja a los 23 gobernadores. “Tienen todo parado. No hay mucho movimiento y tampoco con Vialidad. Las rutas nacionales están hechas mierda”, dijeron cerca de un gobernador del Litoral. En esa misma región apuntaron por el estado de las rutas que van rumbo a los puertos para la descarga de los granos que van para exportación.

Atrás quedó la propuesta de diálogo que proponía la firma del Pacto de Mayo el pasado 9 de julio, que tuvo la firma de 18 mandatarios subnacionales. “Nosotros venimos a Capital todo el tiempo. Nos reunimos o vienen ministros o secretarios. El tema es que nos cansamos de pedir trece veces las mismas cosas y que siempre quede en la nada”, se descargaba uno de ellos.

En el Triángulo de Hierro de la Casa Rosada no parecen hacer mellas estos reclamos. Creen que las obras viales podrían financiarlas las provincias mismas con aportes de privados. En provincias como Santa Fe alegan que ya han pedido la transferencia de varias rutas, pero que no recibieron respuesta concreta de Nación. Tanto allí como en otras provincias clave apuestan a que avancen las concesiones de las rutas.

Entre los reclamos complementarios están las Cajas de Jubilaciones de ANSES, reclamo que en su momento llegó a aglomerar a 13 provincias distintas. Cerca del ministro de Economía indican que “hay conversaciones con todas las provincias” y que el diálogo se está dando en la participación activa de todos los foros federales donde se discuten temas fiscales. El recurso que buscan utilizar para sanear estos reclamos es el Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas (REOR), que tiene por objetivo que tanto Nación como las provincias cancelen las deudas comunes que tienen y que el remanente que queda sea pagado.

Un ejemplo es lo que consiguió el gobernador de Chubut, que acordó con Nación que paguen el déficit de su caja previsional, así como transferencias de obras. Por caso, Frigerio llego a un acuerdo de 12 cuotas de $ 2000 millones por el déficit hasta que finalice la auditoria. Aun así, Entre Ríos reclama que, según sus cálculos, faltan que les paguen un adicional de $ 7000 millones.

Una de las provincias que más judicializó la deuda por la Caja de Jubilación es Córdoba. El gobernador Martín Llaryora se presentó a fines de abril ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por ese monto, que estimó en $ 1 billón, lo que equivale la mitad de inversión en infraestructura provincial, según sus cálculos. En Economía reconocen que ese distrito es de los que más lejos llegó en su presentación judicial, pero afirman que “hubo un acercamiento muy importante en esta gestión, al punto que se ha avanzado muy seriamente en una propuesta de trabajo conjunto para ir solucionando este tema, como parte del REOR”. En días se dará la próxima audiencia.